El Congreso de los Diputados discutirá y votará este martes una proposición de ley orgánica presentada por el Partido Popular (PP) para combatir la ocupación ilegal de viviendas. La iniciativa busca agilizar los procesos de desalojo, prohibir el empadronamiento de ocupantes ilegales y endurecer las penas relacionadas, además de permitir a los propietarios cortar suministros de agua, luz y gas.
Una de las modificaciones propuestas afecta a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para que se obligue a desalojar una vivienda ocupada sin título legal en un máximo de 24 horas y, si no se hace de manera voluntaria, autorizar el desalojo forzoso tras ese plazo. El PP también propone diferenciar legalmente entre el concepto de "morada" y situaciones de ocupación ilegal, eliminando así la protección de "morada" para los ocupantes ilegales frente a acciones policiales.
El texto busca que cortar los suministros de servicios a los ocupantes ilegales no sea considerado delito de coacciones.
Asimismo, se pretende modificar la Ley de Bases de Régimen Local para declarar nulo el empadronamiento de ocupantes ilegales. En el ámbito penal, la propuesta de ley establece penas de prisión de uno a tres años para aquellos que ocupen una propiedad o usurpen un derecho con violencia o intimidación. Además, las penas pueden incrementarse según la duración de la ocupación y el daño causado, mientras que los desalojos voluntarios en las primeras 24 horas se penalizarían con trabajos comunitarios o multas.
La reforma también aborda casos de ocupaciones realizadas por grupos organizados. Cualquier persona que promueva o señale inmuebles para ser ocupados ilegalmente sería considerada instigadora o colaboradora.
En el ámbito procesal penal, la iniciativa incluiría un nuevo artículo en la LECrim que permitiría al juez ordenar desalojo inmediato si los ocupantes no presentan un título legítimo en 24 horas. Además, se prevén medidas de asistencia social en caso de que el desalojo afecte a menores o personas vulnerables.
En el terreno civil, la propuesta del PP permitiría a propietarios y poseedores legítimos solicitar la recuperación inmediata de su vivienda. También se modificará la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar el desalojo de ocupantes ilegales que realicen actividades molestas o ilícitas, además de prever medidas preventivas como tapiar puertas y ventanas para evitar ocupaciones futuras.
Finalmente, el texto incluye una disposición para que, en dos meses desde su aprobación, se modifique la legislación tributaria, permitiendo la devolución a los propietarios de las cantidades abonadas por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y sobre el Patrimonio durante el periodo de ocupación.
