El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un anteproyecto de ley que establece la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin pérdida de salario. Esta decisión se produce casi un año después de la primera reunión del diálogo social sobre el tema y tras resolver las discrepancias entre los ministerios de Trabajo y Economía acerca de su implementación.
El anteproyecto es el resultado del acuerdo firmado en diciembre entre el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, y los sindicatos CCOO y UGT. Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme decidieron no participar, argumentando que la jornada laboral debe ser establecida a través de la negociación colectiva. La reducción de la jornada es un objetivo clave para Díaz en esta legislatura y está incluida en el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Sumar.
Beneficios y adaptaciones para los trabajadores
Se estima que esta nueva norma beneficiará a aproximadamente 12 millones de trabajadores. Tras aprobada, el texto deberá recibir informes del Consejo de Estado y del CES antes de regresar al Consejo de Ministros como proyecto de ley, lo cual podría ocurrir a finales de febrero. La intención del Ministerio de Trabajo es que la norma esté publicada en el Boletín Oficial del Estado antes del verano, permitiendo así a las empresas un periodo de adaptación. Según lo pactado, los convenios colectivos que superen la jornada máxima tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para ajustarse.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha expresado su confianza en que se alcanzará un acuerdo con los grupos parlamentarios para avanzar con la norma y se prevén ayudas para las pymes que les permitan absorber la reducción de jornada.
Los contratos a tiempo parcial que supere las 37,5 horas semanales se convertirán automáticamente en contratos a tiempo completo, mientras que quienes trabajen menos horas podrán mantener su jornada anterior con un incremento salarial proporcional. Además, se protegerán los derechos de los trabajadores que necesitan jornadas reducidas por motivos de cuidado o situaciones de violencia.
Asimismo, el Gobierno se tomará un periodo de 18 meses para revisar las normativas de jornadas especiales junto a los agentes sociales.
El anteproyecto establece sanciones más severas para las empresas que incumplan el registro horario
Las empresas que no cumplan con las normativas de jornada se enfrentarán a multas de hasta 10.000 euros por trabajador
El anteproyecto también introduce un endurecimiento de las sanciones, que ahora incluirán multas de hasta 10.000 euros por trabajador para aquellas empresas que no cumplan con el registro horario y la prohibición de superar las 37,5 horas semanales. Esto implica que las empresas serán penalizadas por cada trabajador afectado, y las sanciones se incrementarán, pasando de un máximo de 7.500 euros a 10.000 euros.
Además, se introducirá un registro horario digital que garantiza la veracidad de las horas trabajadas, permitiendo a los trabajadores mantener control sobre su jornada. El acceso al registro será inmediato para los trabajadores, sus representantes legales y la Inspección de Trabajo, asegurando así una mayor transparencia y cumplimiento de la norma. La desconexión digital será un derecho «irrenunciable» para los trabajadores fuera de su jornada laboral, protegiendo su tiempo personal y evitando represalias.
