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Economía

El Gobierno propone que las pensiones se computen con los últimos 25 años cotizados

Por Redacción Capital

Con esta nueva propuesta del Ejecutivo se reducirían cuatro años de cotización para el cómputo de la pensión, de los que se podrán excluir los dos peores

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha propuesto cambios en el periodo de cómputo de la pensión para que ésta se calcule o con los últimos 25 años cotizados o con 29 años de cotización, de los que se podrán excluir los dos peores, por lo que en la práctica el cómputo en este segundo caso será de 27 años, tal y como ha recogido Europa Press.

De esta forma, se permitirá elegir entre lo que ya hay (últimos 25 años de cotización) o utilizar un periodo de cómputo de 29 años, eliminando los dos peores años cotizados. Es decir, que el periodo de cálculo se mantendrá en 25 años si no resulta más beneficioso tomar un total de 27 años (29 años menos los dos peores).

Este régimen dual del periodo de cómputo estará vigente durante los próximos 20 años. La nueva opción que se introduce (29 años excluyendo dos) se desplegará progresivamente durante 12 años a partir de 2026, lo que beneficiará especialmente a los trabajadores con carreras irregulares, según han explicado a Europa Press en fuentes de la Seguridad Social.

Así, mediante este nuevo sistema, se ofrecerá al pensionista ambas posibilidades con la idea de aplicar lo que resulte más ventajoso para el trabajador que se jubile. El objetivo es que aquellos con carreras laborales más volátiles, por ejemplo despedidos al final de su vida laboral, no vean mermada su pensión por haber recibido menores ingresos en sus últimos años en activo.

Esta nueva propuesta cuenta con el aval de Bruselas y de Unidas Podemos y ha sido presentada este viernes a los agentes sociales, con los que el Ministerio de Inclusión volverá a reunirse el próximo lunes.

Fuentes de la Vicepresidencia Segunda y Unidas Podemos han explicado este viernes que un tercio de la población se beneficiará del cómputo de 25 años, otro tercio de la fórmula 29-2, y otro tercio no se verá afectada por ningunas de las dos fórmulas.

En su opinión, esta convivencia del sistema dual refuerza los derechos de todos los ciudadanos y al tiempo que beneficia a los jóvenes con carreras más erráticas y precarias. Estas fuentes, que ven en la transformación del periodo de cómputo una oportunidad para mejorar el sistema de pensiones, admiten que el cambio supone «cierto coste» para el sistema.

Si bien las estimaciones de la Seguridad Social eran que la reforma tuviera un impacto neutro, esto sólo sería así si el cambio del periodo de cómputo de 25 años a 29-2 se hiciera «mañana», pero al prolongarlo dos décadas se incluye ese «cierto coste», indican dichas fuentes.

A la hora de la jubilación de los cotizantes, será la Administración la que decidirá de oficio y proporcionará a los futuros pensionistas la prestación de mayor ingresos, apuntan.



Cuota de solidaridad a partir de 54.000 euros

Con el objetivo de mejorar los ingresos del sistema, la propuesta del Gobierno, a la que ha tenido acceso Europa Press, plantea una «cuota de solidaridad» para la parte del salario que actualmente no cotiza por superar el tope máximo de cotización. Ésta será del 1% en 2025 e irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta llegar al 6% en 2045.

Por ejemplo, a una persona que gane 500 euros por encima del tope máximo de cotización, la cuota sólo se aplicaría por esos 500 euros y no por todo su salario, cotizando 5 euros adicionales en 2025.

Esta cuota sólo se aplicará a salarios superiores a 53.946 euros en 2023, la base máxima de cotización hoy en España, como apuntan las fuentes de la Vicepresidencia Segunda y Unidas Podemos.

También han recalcado que es «una aportación neta al sistema» y no un mecanismo de destope, por lo que no conlleva una contraprestación ni genera derechos. Por tanto, su carácter no es contributivo sino solidario, para fomentar la mejora de la solidaridad del sistema.

Del mismo modo, han insistido en que no supondrá un mayor gasto para la Seguridad Social, puesto que se trata de una aportación de las empresas con los salarios más altos para financiar el sistema.

Al mismo tiempo, también con la finalidad de elevar los ingresos del sistema para hacer frente al mayor gasto que implicarán las jubilaciones de los ‘baby boomers’, el Ejecutivo propone duplicar la sobrecotización asociada al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Ésta, que actualmente es del 0,6%, subirá hasta el 1,2% en 2029, a un ritmo de una décima por año. De esta forma, el reparto de esa aportación recaerá en un 83,4% sobre la empresa y en el 16,6% en el trabajador.

Según Seguridad Social, un individuo de 25 años que se jubile en 2062 recibirá casi 20.000 euros más durante todo su periodo de jubilación con la reforma. Y un individuo de 60 años y que se jubile en 2027 incrementará sus ingresos en 5.300 euros con esta reforma.

Otra de las patas que el Gobierno propone para elevar los ingresos del sistema es la subida de las bases máximas, que se hará entre 2024 y 2050 sumándole a la cuantía anual del IPC una cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales.

Por su parte, las pensiones máximas se revalorizarán año a año con el IPC anual más un incremento adicional de 0,0115 porcentuales acumulativos cada año hasta 2050. A partir de 2050 y hasta 2065 habrá incrementos adicionales.

Mejora de las pensiones mínimas

El texto del Gobierno plantea también una mejora de las pensiones mínimas, tal y como demandaban los sindicatos. Lo que se propone es algo similar a lo que se ha hecho con el salario mínimo interprofesional (SMI): establecer una senda de convergencia de las pensiones mínimas contributivas para asegurar que alcancen el 60% de la renta mediana, tomando como referencia la evolución de la pensión mínima con cónyuge a cargo, que alcanzaría entre 2024 y 2027 el 60% de la renta mediana correspondiente a un hogar de dos adultos.

Para las pensiones no contributivas se establece un proceso similar: crecerán hasta converger en 2027 con el 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal, según consta en los planteamientos del Gobierno.

Reducción de brecha de género

En su propuesta, el Ejecutivo mantiene el modelo actual de cobertura de lagunas (entendiendo por lagunas aquellos meses en lo que no existe obligación de cotizar y que son tenidos en cuenta para calcular las pensiones), aunque con mejoras para las mujeres.

Así, los vacíos de cotización se compensarán con el 100% de la base mínima los primeros 48 meses (4 años), y con el 50% de la base mínima a partir del mes 49, añadiendo para las mujeres asalariadas el 100% de la base mínima entre el mes de vacío 49 y el 60 (hasta el quinto año) y el 80% de la base mínima entre el mes 61 y el 84 (del quinto al séptimo año).

Asimismo, el Gobierno propone que el complemento de brecha de género de las pensiones suba un 10% adicional a su revalorización anual en el bienio 2024-2025.

Previsión de llevarlo al Pacto de Toledo

Desde la Vicepresidencia segunda y Unidas Podemos han asegurado que el objetivo es llevar la segunda pata de la reforma ante el Pacto de Toledo, aunque los ritmos «dependerán del ministro» José Luis Escrivá.

Además, se espera que entre en vigor a través de un Real Decreto-Ley, con aplicación a partir de 2024. No obstante, otras medidas se desplegarán en 2025 y 2026. La reforma estará completamente aplicada en 2045 y 2050, según el caso.

Para 2050, se espera que la reforma total del sistema de pensiones, tanto la primera como la segunda pata, ingrese casi 3 puntos del PIB a la Seguridad Social, según fuentes de la Vicepresidencia Segunda y Unidas Podemos.

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