El Gobierno salva la convalidación del decreto de medidas de emergencia tras pactar con Junts
El Congreso de los Diputados ha aprobado la convalidación del decreto que incluye la rebaja del IVA a alimentos básicos, las ayudas al transporte y la subida de las pensiones por el IPC por 172 votos a favor, 171 en contra y 7 abstenciones.
En el lado de los síes han estado PSOE, Sumar, ERC, PNV, Bildu, Podemos, BNG y Coalición Canaria. En contra han votado PP, Vox y UPN mientras que Junts se ha abstenido.
Una votación que se ha tenido que repetir porque primero se produjo un empate a 171 votos debido a que el diputado de Sumar Gerardo Pisarello no había ratificado su voto telemático.
En esta situación, el artículo 88 del Reglamento del Congreso dice en su punto primero que se realizará una segunda y, si persistiese aquél, se suspenderá la votación durante el plazo que estime razonable la presidencia del Congreso.
Pero ya en la segunda votación, que ha sido a viva voz porque así lo han pedido PP y Vox, ya se han emitido los 350 votos, de los cuales 172 eran a favor, 171 en contra y las siete abstenciones de Junts.
Con este paquete normativo, entre otros muchos puntos, se prorroga el IVA reducido en alimentos básicos, pastas y aceites y se modifica este mismo impuesto en las facturas de luz y gas natural, que pasan de un 5% a un 10%, frente al 21% original de antes de la crisis energéticas. También se incluye la gratuidad de los Cercanías y la rebaja del 50% en el transporte autonómico.
El Gobierno estima que las diferentes medidas fiscales suponen una pérdida recaudatoria de 2.499 millones de euros. El grueso de esa pérdida recaudatoria obedece a los tipos de IVA que se aplicarán sobre determinados suministros de electricidad y gas natural, en alimentos básicos, pastas y aceites y los límites para la aplicación del régimen especial simplificado y del régimen especial de agricultura, ganadería y pesca. En concreto, estima que el nuevo IVA sobre estos productos y servicios supondrá una merma recaudatoria de 1.892 millones de euros.
De su lado, la prórroga de la aplicación del IVA reducido de gravamen del 5% a los aceites comestibles y las pastas alimenticias durante el primer semestre de 2024 podría acarrear una pérdida recaudatoria de 110 millones de euros. La aplicación del 0% del IVA en el primer semestre de 2024 a los alimento básicos, una medida que también se prorroga, podría inducir, según los cálculos del Ejecutivo, una merma recaudatoria de 734 millones de euros.
Por su parte, Junts asegura haber acordado con el PSOE su abstención en los decretos del Gobierno a cambio de la supresión del artículo 43bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil que a su juicio ponía en peligro la amnistía.
El partido que lidera Carles Puigdemont había anunciado su voto en contra de los tres decretos del Gobierno de coalición, pero sus diputados no llegaron a participar en la votación, lo que ha permitido que salieran adelante las medidas sobre Justicia y Función Pública que habían cuestionado. Y mientras se esperaba a la repetición de las votaciones que habían acabado en empate, Junts ha anunciado ese acuerdo con el PSOE para abstenerse.
Según han explicado desde la formación independentista, el acuerdo incluye también la promesa de reformar la ley de sociedades de capital para revertir el real decreto del PP en 2017 con el fin de facilitar la vuelta de las empresas a Cataluña por el 'procés'. Un pacto que llega después de que desde la formación catalana contemplase esta misma semana la posibilidad de "sancionar" a aquellas empresas que no volviesen.
Asimismo, asegura tener el compromiso del Gobierno para la delegación integral de las competencias de inmigración en la Generalitat, la publicación inmediata de las balanzas fiscales y que el aceite pase a ser alimento esencial con un IVA del 0%.
En concreto, la delegación integral de las competencias de inmigración según explican, se produciría mediante la vía del artículo 150.2 de la Constitución española a través de una ley orgánica específica por Cataluña.
Una delegación que según Junts irá acompañada de los recursos necesarios y permitirá a Cataluña hacer una política integral, para que sea Parlamento catalán quienes determinen una política propia.
Desde la formación independentista aseguran que el pacto alcanzado con el PSOE incluye también quintuplicar el dinero previsto para la digitalización de la administración de justicia en Cataluña, que pasaría de 1,2 millones de euros a 6,2 millones.
Además, el Estado asumirá la totalidad del coste sobre los descuentos y las bonificaciones del precio del transporte público y reconocen también los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local.
Podemos también pega un puñetazo en la mesa
El voto en contra de los cinco diputados de Podemos al real decreto-ley que reformaba el subsidio por desempleo ha motivado que decaiga dicha medida que, no obstante, no entraba en vigor hasta el 1 de junio de 2024.
Lo que sí decae desde mañana es la prevalencia de convenios autonómicos sobre convenios estatales y sectoriales que el Gobierno pactó con PNV en su acuerdo de investidura.
La entrada en vigor de la reforma del subsidio estaba fijada para el 1 de junio de 2024, con lo que la no convalidación no afecta de inmediato a los beneficiarios del sistema de protección por desempleo del nivel asistencial.
Ahora bien, el Gobierno aprovechó el real decreto-ley que reforma el subsidio por desempleo para introducir, para sorpresa de los agentes sociales, la prioridad aplicativa de los convenios autonómicos sobre los estatales y sectoriales que Pedro Sánchez prometió al PNV en el acuerdo de investidura con esta formación, medida que entró en vigor antes de finalizar 2023 y que ahora decae con el rechazo al decreto.
La reforma del subsidio por desempleo fue objeto en las últimas semanas de enfrentamientos entre el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz y el de Economía de Nadia Calviño, pero se desbloqueó tras llegar ambos departamentos a un acuerdo, con cesiones por ambas partes.
Los cambios en el subsidio debían aprobarse antes de fin de año pues se trata del último de los hitos del componente 23 del Plan de Recuperación, ligado al desembolso del cuarto pago de los fondos europeos, que el Gobierno ya solicitó a Bruselas, por lo que su rechazo impide ahora que España pueda recibir los próximos 10.000 millones.
En concreto, la reforma eleva el subsidio por desempleo, actualmente de 480 euros mensuales, el equivalente al 80% del Iprem, a 570 euros durante los primeros seis meses de percepción (95% del Iprem) y a 540 euros mensuales en los seis meses siguientes (90% del Iprem) para después recuperar el 80% del Iprem hasta su extinción, que se mantiene en un tope de 30 meses, dependiendo de la edad, circunstancias familiares y de la duración de la prestación agotada.
Estas cuantías son las que corresponderían al subsidio con el actual Iprem, que es de 600 euros al mes. En caso de que este indicador se incremente, también lo haría el importe del subsidio, pues lo que fijaría la reforma son los porcentajes del Iprem a los que debe equivaler la ayuda. Eso sí, estas nuevas cuantías serán de aplicación a los nuevos perceptores que se reconozcan a partir de la entrada en vigor de la reforma, no a los anteriores.
La reforma incorpora también al subsidio a los menores de 45 años sin cargas familiares (unos 150.000, según estimaciones de Trabajo) y a los eventuales agrarios residentes fuera de Andalucía y Extremadura (cerca de 250.000), así como a los trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla.
El texto unifica los requisitos de acceso a la Renta Agraria y al subsidio de trabajadores eventuales del Sistema Especial Agrario sobre el cómputo recíproco de cotizaciones del PROFEA (Plan de Fomento del Empleo Agrario), lo que simplifica los requisitos de acceso y la gestión de estos subsidios específicos, según Trabajo.
Además, se unifica la duración de este subsidio en los casos de tener responsabilidades familiares con independencia de la edad en el momento de agotar la prestación. También se podrán acoger al subsidio de cotizaciones insuficientes quienes acrediten periodos cotizados inferiores a seis meses y carezcan de responsabilidades familiares.
La norma aprobada por el Consejo de Ministros establece, asimismo, la posibilidad de compatibilizar el subsidio por cada nuevo empleo a tiempo completo o parcial durante los primeros 180 días sin pérdida de cuantía, frente a los 45 días planteados inicialmente por Trabajo.
En el caso de los mayores de 52 años, la norma mantiene la ayuda en el 80% del Iprem o 480 euros, pero rebaja progresivamente la base de cotización para la jubilación, que será del 120% en 2024; del 115% en 2025; del 110% en 2026 y del 105% en 2027. Si la ayuda fuera concedida antes del 1 de junio de 2024, la base de cotización seguirá siendo del 125% actual.
Esta es precisamente la medida que rechaza Podemos al entender que se trata de un recorte de la prestación para los mayores de 52 años, algo que niegan desde el Ministerio de Trabajo, argumentando que al elevar el importe del Salario Mínimo ya no es necesario seguir manteniendo una base de cotización del 125%.
Esta misma tarde, tras el rechazo del decreto en el Congreso, cargos de Podemos han emplazado al Gobierno a convocar mañana mismo un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar una reforma del subsidio de desempleo "sin recorte" para parados mayores de 52 años, dado que así tendrá garantizado su voto a favor.
"Cuando el Gobierno negocia y no recorta, acordamos en favor de la gente", ha trasladado el coportavoz de la formación morada, Pablo Fernández, en la red social 'X'.
"Mañana mismo se puede hacer un Consejo de Ministros extraordinario aprobando el mismo Real Decreto-ley pero sin el recorte a las pensiones de los parados mayores de 52 años y Podemos votará a favor", ha desgranado Fernández.
A su vez, el exportavoz de Unidas Podemos Pablo Echenique ha seguido en esa línea, al decir que el decreto tenía "cosas buenas" pero implicaba un recorte que no podían asumir.
Por tanto, ha dicho que la cosa "es fácil" y que el Gobierno puede "reunirse mañana mismo y volver a aprobarlo con las cosas buenas y sin el recorte".
Luego, en claro mensaje a Sumar ha lanzado que "al final" la "política útil" era "intentar recortarle la pensión a los desempleados mayores de 52 años que ingresan 480 euros al mes y acusarlos de estar 'sobrecotizando'. "Les faltó decir que están "sobrecotizando por encima de sus posibilidades", ha zanjado.
