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Economía

El Gobierno aprueba 2.190 millones en ayudas contra la sequía

Por Redacción Capital

El Consejo de Ministros da ‘luz verde’ a ayudas directas de Estado para el campo de 636 millones

El Gobierno ha aprobado este jueves un real decreto-ley que incluye un paquete de medidas urgentes de apoyo al sector agrario para hacer frente a la prolongada situación de sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario como consecuencia de la guerra en Ucrania.

De esta forma, el Gobierno eleva a unos 2.190 millones de euros las ayudas agrarias y las habilitadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en materia de aguas.

Entre las medidas aprobadas este jueves se incluyen ayudas directas de Estado para los sectores agrícola y ganadero, que superan los 636 millones de euros, o la subvención de hasta un 70% del coste de las pólizas de seguros por la sequía de los cultivos más comprometidos por la falta de lluvias y las elevadas temperaturas. El impacto económico de todas las medidas adoptadas en el ámbito agrario suma más de 784 millones de euros.

De las ayudas directas, 355 millones de euros serán para los sectores ganaderos cárnico y lechero, 276,7 millones para la agricultura y 5 millones para la apicultura.

Desde el inicio del año hidrológico, el 1 de octubre de 2022 hasta esta misma semana, el valor medio de las precipitaciones en España ha sido un 27,5% inferior al promedio de este periodo.

El Gobierno ha considerado que en el actual escenario tras la invasión de Ucrania el sector estaba sometido a una situación «compleja» que, unida a las circunstancias climáticas, hace que resulte de «extraordinaria y urgente» necesidad adoptar medidas que garanticen el mantenimiento y la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, reafirmen la seguridad alimentaria y permitan reforzar la senda de crecimiento económico del país.

Además del pago de las ayudas directas, el real decreto-ley contiene medidas de apoyo de ámbito fiscal, financiero, socio-laboral, hidráulico y relacionadas con la Política Agraria Común (PAC).

Eximidos del pago del IBI

En materias fiscal, quedan eximidas del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) las propiedades de los titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas que hayan sufrido, en el ejercicio 2023, una reducción del rendimiento neto de las actividades agrarias de, al menos, un 20% en zonas con limitaciones naturales, según la normativa de la Unión Europea, o de un 30 % en las demás.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha recordado que en la orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública publicada el pasado 25 de abril ya contempla una «importante» rebaja fiscal para el sector agrario, al reducir un 25% lineal el rendimiento neto para el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para todos los agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos, más de 800.000 beneficiarios.

Además, la orden incluye numerosas minoraciones en los coeficientes de entre el 30% y el 50% para los sectores ganaderos, así como determinados sectores agrarios. Asimismo, se exime del pago de IRPF y del impuesto de sociedades las ayudas que se perciban por los ecorregímenes de la PAC.

Igualmente queda eximida del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados la formalización de avales de la Sociedad Estatal de Caución Agraria (SAECA) en los contratos de préstamo, lo que supone un abaratamiento de las operaciones que facilitan también el acceso a la financiación en mejores condiciones.

Aplazamiento en el pago de las cuotas a la Seguridad Social

En materia laboral, se ha aprobado un aplazamiento en el pago de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo devengo tenga lugar entre los meses de mayo a septiembre de 2023, para las empresas incluidas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, y entre los meses de junio a octubre de 2023, para los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.

Además, se prorroga, hasta el 31 de diciembre de 2023, la medida excepcional de reducción a 10 el número mínimo de jornadas reales cotizadas necesarias para acceder al subsidio agrario en las comunidades autónomas de Andalucía y de Extremadura.

Apoyo a la financiación

Por otro lado, el decreto contempla una nueva ampliación en 20 millones de euros de la dotación para la bonificación de créditos de la línea ICO-MAPA-SAECA que pueden llegar hasta el 15% del principal del préstamo.

Igualmente se amplía en 3 millones de euros la línea de financiación de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) que son necesarios para la obtención de estos créditos.

Seguros agrarios

Por otro lado, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación vuelve a incrementar en 40.485.800 euros la partida destinada a subvencionar la contratación de seguros agrarios.

Esta dotación permitirá subvencionar hasta el 70% del coste de la pólizas ya contratadas -el máximo permitido por la normativa europea- que incluyan la cobertura por riesgo de sequía en los cultivos de secano de herbáceos extensivos, olivar, uva de vinificación, almendro, avellano, kiwi, endrino, alfalfa, remolacha azucarera y maíz forrajero.

Con esta ampliación, la línea de apoyo a la contratación de seguros agrarios del ministerio ascenderá ya en este ejercicio a más de 358 millones de euros.

Flexibilización de la PAC

Asimismo, el real decreto-ley contempla que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación establecerá los criterios para que, de una forma armonizada, las autoridades competentes de las comunidades autónomas puedan flexibilizar determinados requisitos de las ayudas directas de la PAC, al objeto de que las circunstancias devenidas como consecuencia de la sequía no representen impedimentos añadidos para la percepción de dichas ayudas.

Así, se amplía hasta el 30 de junio el plazo para la presentación de las solicitudes.

Tras las reuniones mantenidas con las comunidades autónomas y el sector, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha elaborado una circular que será remitida para consulta este jueves, que recoge los requisitos de condicionalidad reforzada, ecorregímenes y ayudas asociadas para los que se puede aplicar la causa de fuerza de oficio con motivo de la sequía.

Se escalona además en cuatro fases, en lugar de las dos que estaban establecidas, la entrada en vigor del Cuaderno Digital de Explotación. Según el tipo de explotación, se retrasa al 1 de enero de 2024 y al 1 de enero de 2025 la incorporación de la totalidad de la información obligatoria a dicho cuaderno.

Medidas hidráulicas

Por último, los agricultores que sean titulares de derechos de riego y que hayan tenido una reducción en los suministros de agua que tienen concedidos se beneficiarán de una rebaja del canon. Esta bonificación será del 100% si la reducción en la dotación de agua supera el 60%, y del 50% si el recorte del suministro ha sido de entre el 40% y el 60%.

Los beneficiarios indirectos de obras de regulación en la cuenca del Guadalquivir, por su parte, tendrán una reducción del canon del 50%.

El Gobierno aprueba prohibir ciertos trabajos al aire libre cuando existan alertas meteorológicas

El Consejo de Ministros, reunido con carácter extraordinario, ha aprobado este jueves medidas para evitar accidentes y muertes en los trabajos al aire libre que puedan verse afectados por fenómenos meteorológicos adversos, como las olas de calor, ha informado el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En concreto, en el marco del decreto de actuaciones contra la sequía al que ha dado luz verde el Gobierno, se incluye la prohibición de desarrollar determinadas tareas durante las horas del día en las que se produzcan fenómenos meteorológicos adversos, siendo ésta obligatoria cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) emita avisos naranjas o rojos.

De cara a la adopción de las medidas preventivas, las empresas tendrán que realizar una evaluación de riesgos laborales que tendrá en cuenta tanto las características individuales de los trabajadores como las de las tareas que se desarrollan.

Estas medidas de prevención incluirán la prohibición de desarrollar determinadas tareas durante las horas del día en las que concurran fenómenos meteorológicos adversos, sin perjuicio de la adopción de medidas de protección individual que sean procedentes.

En el supuesto en que se emita por la Aemet un aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel naranja o rojo que determine que las medidas preventivas anteriores no garantizan la protección de los trabajadores, las empresas tendrán obligatoriamente que adaptar las condiciones laborales de los trabajadores, incluyendo la reducción o modificación de las horas de trabajo previstas.

Trabajo ha explicado que esta disposición se enmarca en el desarrollo la Estrategia Española de Seguridad y Salud 2023-2027 y en los Objetivos de Desarrollo sostenible de la Agenda 2030, relacionados con los efectos del cambio climático.

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la media de las temperaturas registradas entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2022 fue la más alta desde el comienzo de la serie histórica.

El Departamento de Yolanda Díaz, citando estimaciones del sistema de monitorización de mortalidad diaria del Instituto de Salud Carlos III, ha argumentado que durante el verano de 2022 se produjo en España un incremento de más de 4.800 muertes atribuibles a la temperatura.

De hecho, entre otros casos, Trabajo ha recordado que las altas temperaturas costaron la vida a un trabajador de 60 años que hacía tareas de limpieza viaria en Vallecas, y a otro trabajador del campo de Murcia, en Lorca, «que ni siquiera tenía a su disposición agua o medio de hidratación alguno».

Planas: Es una medida de carácter horizontal

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y en respuesta a la pregunta de a qué sectores afectarán estas medidas preventivas, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha asegurado que su aplicación será «de carácter horizontal» y que su aprobación implica la modificación del decreto 486/1997 sobre condiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

«Yo creo que este es un tema que se debe abordar, evidentemente muy preocupante, en los trabajos que suponen una alta carga física, pero no únicamente en sectores como la agricultura o como la construcción, sino horizontalmente en el conjunto de la economía», ha apuntado el ministro.

Planas ha subrayado que lo que hace este decreto es hacer «más estrictas» las condiciones en relación con este tema y, por tanto, dar una «alerta adicional».

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