Para integrar 11 GW de potencia renovable al año serán necesarias inversiones de 5.600 millones de euros al año
La creciente electrificación de la industria, el transporte o la calefacción impulsará la demanda de electricidad en un 60% hasta 2030
La reforma eléctrica que el Consejo y el Parlamento Europeo acaban de aprobar es una de las iniciativas legislativas más importantes del curso que acaba de terminar. Con un texto que no cedió a presiones intervencionistas y que mantiene un sistema marginalista de precios que ha demostrado sobradamente su eficacia, la reforma quiere proteger a los consumidores de la volatilidad de los precios y reducir la dependencia de los combustibles sólidos que tanto ha hecho sangrar los bolsillos de los ciudadanos en los últimos tiempos.
El acuerdo, que llegó solo unas hora después de que la Cumbre del Clima declarase “el inicio del fin de los combustibles sólidos”, asume un reto descomunal: conseguir que el 70% de la electricidad europea sea de origen renovable en el horizonte de 2030.
Y para conseguirlo, más allá de las intenciones políticas y de un marco regulatorio estable que favorezca las multimillonarias inversiones previstas, es imprescindible encarar con urgencia la modernización y ampliación de unas infraestructuras que no están listas para asumir el desafío.
La necesidad de duplicar la inversión en redes eléctricas hasta 2040 para cumplir los objetivos climáticos y garantizar la seguridad del suministro es una llamada de alerta que resuena en informes y análisis especializados. Sin estas inversiones, la penetración de energías renovables, el desarrollo del vehículo eléctrico, el almacenamiento de energía y la conexión de industrias para descarbonizarse se verán seriamente obstaculizados.
"Los recientes avances en energías limpias que hemos visto en muchos países no tienen precedentes y son motivo de optimismo, pero podrían ponerse en peligro si los gobiernos y las empresas no se unen para garantizar que las redes eléctricas del mundo estén preparadas para la nueva economía energética mundial que está surgiendo rápidamente", señalaba recientemente la Agencia Internacional de la Energía, que calcula que será necesario instalar 80 millones de kilómetros de líneas de transmisión para 2040. Este informe muestra lo que está en juego y lo que hay que hacer. Debemos invertir en redes hoy o enfrentarnos a un atasco mañana.
Como botón de muestra, la falta de adecuación de la infraestructura a la voluntad descarbonizadora ha generado un cuello de botella de proyectos que están en espera de explotación. Según datos del gestor de la red eléctrica en España, a finales de septiembre proyectos eólicos y solares con una potencia conjunta de 150 GWH - equivalentes a la producción de 150 centrales nucleares- estaban en espera de engancharse a la red.
La Comisión Europea, consciente de esta necesidad crítica, ha presentado el Plan de Acción para unas redes eléctricas que tienen más de 40 años de antigüedad de media y cuya modernización calcula que necesitaría inversiones de 584.000 millones de euros hasta 2030.
La racionalidad detrás del ambicioso plan toma en cuenta la conexión de 1.000 GW de energía eólica y solar en 2030 y la creciente electrificación de la industria, el transporte o la calefacción que impulsarán la demanda de electricidad un 60% en el mismo horizonte.
Pero en esta vital remodelación de las infraestructuras eléctricas, el Gobierno español deberá enfrentarse a algunas incoherencias y tomar medidas legislativas, dado que una antigua norma que sigue en vigor limita las inversiones en redes. En 2013, en medio de una crisis global, el Gobierno de Mariano Rajoy estableció un límite anual a la inversión en redes de distribución, responsabilidad de las eléctricas, del 0,13% del PIB -unos 2.000 millones de euros-; y del 0,065% en transporte, responsabilidad de Red Eléctrica, el equivalente a 1.000 millones.
Estos límites fueron modificados al alza excepcionalmente como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia y la guerra de Ucrania durante los años 2020 y 2022, pero después, el Ejecutivo de Pedro Sánchez restableció los límites anteriores, a pesar de que su receta económica es expandir el gasto para estimular el crecimiento.
Estos límites pueden convertir en papel mojado los objetivos del borrador del nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) remitido a Bruselas, que también han sido cuestionados por su falta de ambición. La nueva hoja de ruta energética ha elevado hasta los 52.920 millones de euros las inversiones (un 80,5 de carácter privado) en redes en diez años. O, dicho de otro modo, proyecta inversiones de 0,45 euros en redes por cada euro invertido en capacidad de generación renovable, muy lejos de los 0,67 euros por euro renovable que considera imprescindible la patronal europea Eurelectric.
PwC ha pedido recientemente al Ejecutivo que elimine el límite a la inversión tras constatar que para integrar 11 GW de potencia renovable al año serán necesarias inversiones de 5.600 millones de euros al año.
Al margen de los límites, una de las claves para entender la importancia de la adecuación de las infraestructuras es reconocer que las inversiones en redes no son meros gastos, sino inversiones para garantizar un futuro sostenible. Por ello es crucial un marco retributivo y regulatorio que estimule y facilite el desarrollo y que reconozca de forma actualizada los costes e inversiones necesarias, ya que la responsabilidad de inversión de las redes de distribución recae sobre las compañías distribuidoras.
En el informe Las redes eléctricas como piedra angular de la transición energética y la industrialización, PwC alerta de que “como consecuencia de los sucesivos cambios normativos que ha sufrido el sector de las redes, las empresas, especialmente, los distribuidores, no tienen incentivos para acometer las inversiones necesarias para llevar a cabo el necesario proceso de transición energética”.
En este sentido, los analistas de la consultora afirman que “para poder revertir esta situación, se necesita recuperar la confianza necesaria para realizar inversiones. Por ello, es imprescindible actualizar la metodología de cálculo de retribución con el objetivo de que se reconozca el incremento de costes e inversiones debido al alza de la inflación”.
