Los agricultores españoles llevan dos semanas de protestas por toda la geografía nacional, que han cristalizado en una petición unánime: un cambio en la Ley de la Cadena Alimentaria, que no parece estar funcionando.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, tiene por delante la difícil tarea de resolver una problemática que lleva años dando dolores de cabeza a gobiernos y asociaciones.
Una ley que no funciona
La actual Ley de la Cadena Alimentaria (2013) fue modificada en 2021 (La Ley 16/2021, de 14 de diciembre), bajo el nombre de "Ley de Medidas para mejorar la Ley de la Cadena Alimentaria".
El objetivo de esta reforma era mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria, de manera que aumentara la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y se redujera el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, en el marco de una competencia justa.
La norma prohíbe, con carácter general, la destrucción de valor en la cadena alimentaria. De esta forma, los costes de producción se constituyen como la base de la negociación de los contratos escritos. Esta prohibición de destrucción de valor en la cadena alimentaria se extiende hasta el último eslabón de la cadena, la venta a los consumidores.
En resumen, la idea general de esta ley es la prohibición de que los agricultores vendan sus productos a pérdidas, aunque a veces, dicha legislación provoque situaciones contraproducentes para el sector primario.
Por otra parte, la modificación de la Ley además incorpora las disposiciones recogidas en la Directiva (UE) 2019/633, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario.
Para garantizar que la legislación se cumple, existen diversos tipos de sanciones destinadas a evitar que se produzcan casos donde el eslabón más débil de la cadena sale perjudicado.
Sin embargo, estas sanciones rara vez se producen. Según la información publicada por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que es la encargada de su cumplimiento, se han impuesto solo 195 sanciones firmes desde enero de 2023 hasta la actualidad. Sus cuantías oscilan entre 1.801 y 42.769 euros, con un montante total de 641.398 euros.
Por otra parte, las ventas a pérdidas se pueden dar en diferentes puntos de la cadena, tanto en el origen como en los supermercados. Y así lo denuncian las diferentes asociaciones, que hacen hincapié en los "sospechosos descuentos" que aplican los supermercados a determinados productos.
Para calmar las aguas, Luis Planas anunció el pasado 15 de febrero la creación de una agencia estatal destinada a controlar y gestionar los alimentos, que incluirá la puesta al día de los planes de inspección, como respuesta a las quejas de los agricultores que según el ministro, "dicen que no se está haciendo nada al respecto".
Entre las dieciocho medidas propuestas por Planas se encuentran algunas como la publicación de las multas a las empresas que infrinjan la ley o la flexibilización de la Política Agraria Común (PAC), con el objetivo de reducir la burocracia y simplificar la carga administrativa que sufren los agricultores y los ganaderos.
Ante la escalada de las protestas, Planas le ha quitado hierro al asunto y ha responsabilizado a la Unión Europea de los problemas del campo, asegurando que "la Ley de la Cadena Alimentaria funciona, aunque es necesario reforzar su aplicación".
Las trampas de la ley: una incoherencia de mercado
Desde las asociaciones de agricultores y ganaderos aseguran que la Ley es "puro maquillaje" y que "esconde trampas", por más que desde el gobierno se obcequen en defenderla.
Las principales reclamaciones del campo pueden desglosarse en dos: el cumplimiento de la ley -que como vamos a ver, está plagada de incoherencias- y la garantía de unos precios justos para los productores del sector primario.
En este aspecto, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) revela en un estudio la incompatibilidad de la actual legislación con la coyuntura del mercado, tanto en España como en la Unión Europea.
Desde la fundación, analizan la complejidad de adaptación de la ley al día a día de la siguiente manera:
"El derecho a vender sin pérdidas sólo existirá si alguien tiene la obligación de comprar esa producción a un precio suficiente, pero tratar de imponer tal obligación a agentes privados sería seguramente contrario a derecho en la UE. En una economía de mercado con libertad de contratación no es posible obligar a los compradores a contratar con los productores menos eficientes pagando precios superiores a los de mercado para así cubrir los costes de estos últimos".
En este sentido, hay que recordar que la legislación española de la Cadena Alimentaria es distinta a la que llega desde Bruselas, lo que no impide que se den casos que han sido calificados como "especulativos" por las asociaciones de sectores como el del aceite de oliva.
Fedea asegura que es "muy improbable" que la ley se cumpla, lo que provoca que "aquellos operadores que no puedan cubrir sus costes de forma recurrente acaben teniendo que cerrar".
Otras asociaciones como SOS Rural han denunciado la "inutilidad" de la reforma, que califican de "puro maquillaje". En este sentido, la norma no solo va en contra del propio mercado (supone eliminar incentivos), sino que además, se crean problemas a la hora de definir la forma exacta de los costes que han de cubrirse.
Por otro lado, los agricultores y ganaderos encuentran muy difícil la manera de determinar cuáles son los costes de producción, ya que estos son variables y dependen de factores como el clima, las herramientas y las técnicas utilizadas, el tipo de tierra o la época del año. No sorprende, por lo tanto, que la ley se incumpla constantemente, tal y como afirma el informe de Fedea.
La competencia desleal: el caso de Marruecos
Por si fuera poco, esta medida -que es rígida con el campo español y bordea el reglamento comunitario- hace la vista gorda cuando los productos que llegan al mercado se importan desde el extranjero, algo que es cada vez más frecuente.
Es especialmente sangrante -según denuncian estas asociaciones- cuando dichos productos llegan desde países externos a la Unión Europea, desde donde es mucho más barato importar y las medidas sanitarias son extremadamente ínfimas, al menos en comparación con las establecidas desde Bruselas.
Así, el caso de Marruecos vuelve a salir a la palestra. Debido al abandono del campo español, perceptible en la falta de producto nacional y la reducción de los trabajadores del sector primario, el mercado español se está volviendo cada vez más dependiente de Rabat, desde donde importamos alimentos a un precio más bajo que no pasan por los controles ni por la burocracia que en España abruman a los agricultores.
Según los últimos datos de comercio exterior ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, las importaciones desde el país magrebí han aumentado en casi un 40% en estos últimos cuatro años, pasando de 1.500 millones a 2.108 millones de euros.
La importación de melones y sandías desde Marruecos ha aumentado un 53% en entre 2020 y 2022, mientras que las de las frutas y hortalizas lo ha hecho en un 41%. La palma se la llevan la remolacha azucarera y la caña de azúcar, con un crecimiento del 75% en solo dos años.
Otros productos como los tomates también han seducido al mercado español, que ha aumentado la importación de los mismos en un 31,5%, y en un 52% desde 2013. Esto ha provocado que la producción nacional de esta hortaliza haya caído ya un 22%.
Esta hipocresía legislativa ha permitido también que otros sectores se vean afectados, como en el caso del pesquero. La importación de pescado fresco desde Marruecos ha aumentado un 44,5% en dos años, mientras que los moluscos lo han hecho en un 50,6% y los crustáceos en un 76,7%.
Con estos números, queda claro que no solo el campo español está en cuenta regresiva. Las protestas registradas en Francia o Alemania dan fe de que la Unión Europea está siendo demasiado laxa con el mercado extranjero, al tiempo que estrangula cada vez más a los productores comunitarios.
