Díaz plantea reforzar el impuesto a las grandes fortunas y extenderlo también a grandes herencias, así como otro en la cadena alimentaria cuando en esta se produzcan unos márgenes "excesivos", entre otros
Desde su llegada al cargo como vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz ha tenido tiempo de hacer numerosas propuestas que no han dejado indiferente a nadie. Todo ello, enmarcado en las negociaciones de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año.
Y es que no solo ha traído consigo medidas como la del aumento salarial o la reducción de jornada. En los últimos días, la creatividad de esta ala del Gobierno no ha cesado. Veamos cuáles han sido algunas de sus últimas ideas al frente del ejecutivo:
El impuesto a las grandes herencias
Sumar ha propuesto una batería de impuestos al PSOE en el marco de las negociaciones de los próximos PGE. Entre las propuestas destaca uno sobre las grandes herencias. La idea del grupo plurinacional es ampliar y reforzar el impuesto a las grandes fortunas que se aprobó durante la legislatura pasada y extenderlo también a grandes herencias.
La formación liderada por Yolanda Díaz quiere con esto evitar el "'dumping' fiscal" producido por las bonificaciones que puedan ofrecer algunas comunidades autónomas lideradas por el PP mediante el impuesto sobre el patrimonio.
Y las reacciones a esta propuesta no tardaron en llegar. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, respondió rápidamente a Sumar, afirmando que sus propuestas fiscales para establecer un nuevo impuesto a las grandes herencias, de cara a la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2024, "no figura en el acuerdo de gobierno" que la coalición de Yolanda Díaz suscribió con el PSOE.
María Jesús Montero remarcó que la propuesta de fiscalidad que se ha acordado con Sumar está en el acuerdo de gobierno con el PSOE, y ella misma tuvo ocasión de trasladarle la pasada semana al diputado de Sumar, que intervino en la sesión de la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, que "ninguna de esas cuestiones figura en el acuerdo de gobierno".
Además, la titular de Hacienda agregó que siempre ha defendido que la tributación del patrimonio, de las riquezas, de todo aquello que está relacionado con estas figuras fiscales, debería revisarse "en el entorno de la reforma del modelo de financiación autonómica".
"Es bueno que, entre todos, seamos capaces de acordar cómo y de qué manera tiene que tributar la riqueza en el conjunto de las tributaciones que existen actualmente", ha añadido.
"Esto es lo que le puedo decir, porque no ha habido nunca ni un debate, ni una propuesta que hayamos discutido a la hora de formular nuestro acuerdo de gobierno" zanjó la vicepresidenta y ministra de Hacienda.
El impuesto sobre los márgenes de la cadena alimentaria
Yolanda Díaz también propuso, junto al impuesto sobre las grandes herencias, otro en la cadena alimentaria cuando en esta se produzcan unos márgenes "excesivos".
Así, su partido quiere un impuesto "inteligente" en la cadena de producción y distribución alimentaria que sólo actúe si los márgenes de beneficio de la cadena siguen estando por encima de los de 2019.
En concreto, según explicó Sumar a Europa Press, el gravamen sería del 1,2% sobre la cifra de negocios neta si la diferencia entre los márgenes empresariales entre 2024 y 2019 supera la diferencia entre el margen de 2023 y 2019, año anterior a la pandemia. El impuesto bajaría al 0,6% si el margen del 2024 supera al de 2019 y se anularía si el margen es igual o inferior al periodo prepandemia.
El impuesto comenzaría a devengar en 2024 y habría un pago a cuenta en febrero de 2025, mientras que la liquidación definitiva sería en julio de 2025. Según explicó Sumar, el gravamen castiga los comportamientos abusivos de las empresas de manera gradual y se anula cuando el mercado funciona "de manera competitiva".
"Sus efectos beneficiosos ya operarían en 2024, aunque se pague en 2025, pues el nivel del gravamen se determina por el comportamiento empresarial del año en curso", apostilló la formación.
Los sueldos de los altos directivos
Por otro lado, Yolanda Díaz aseguró no haber propuesto ninguna medida concreta para limitar las retribuciones "abusivas" de los altos directivos, pero sí insistió en que se trata de un debate "de primer rango" que se puede afrontar desde "múltiples posibilidades", también fiscales.
Díaz, en declaraciones a la prensa indicó que lo único que ha hecho es "referir datos" sobre la distancia retributiva que existe entre los trabajadores y los directivos de sus empresas.
En este sentido, denunció que los presidentes ejecutivos del Ibex 35 cuentan con unas retribuciones aproximadas de 10 millones de euros, cifra que multiplica por 174 las retribuciones que perciben los trabajadores de esas mismas empresas.
Además, resaltó que la remuneración media de los consejeros ejecutivos de las empresas que conforman el Ibex multiplica por 54 el salario medio de un trabajador de esa misma empresa.
"Por tanto, no hay que poner el foco en los salarios mínimos, sino en estos salarios máximos, que son abusivos", señaló la vicepresidenta segunda, que añadió que existen "diferentes modulaciones" para poder abordar esta materia.
La primera, explicó, sería llegar a un acuerdo sobre las retribuciones que deben percibir los directivos, porque existen ya "recomendaciones" de cuál debería ser la distancia entre éstas y las que cobran los asalariados.
Díaz señaló además que en algunos países se ha llegado a hacer un referéndum sobre esta cuestión y ha recordado que se ha conocido estos días una carta de más de 250 multimillonarios en la que declaraban ser "conscientes de la obscenidad de sus retribuciones" y la necesidad de contribuir positivamente a las arcas públicas.
La vicepresidenta contrapuso esta actitud con la de los empresarios españoles, que "siempre claman por que sea el pueblo el que pague impuestos y no ellos".
"Éste es un debate de máxima importancia en la administración norteamericana, en los sindicatos norteamericanos, en los sindicatos y las patronales europeas", subrayó Díaz. La vicepresidenta defendió que, si los trabajadores participaran en los consejos de administración de las empresas, como pretende su Departamento y establece la Constitución en su artículo 129, "estos salarios que son excesivos no se producirían".
"Yo no he dado una medida concreta, pero hay múltiples posibilidades, también obviamente fiscales, y desde luego éste es el debate y no el de los salarios mínimos en un país en el que tenemos una diferencia de 25 puntos en términos salariales con la media europea", remarcó.
Blindar el impuesto a la banca
Asimismo, Díaz también destacó el pasado miércoles que “toca blindar y hacer permanente" el impuesto a la banca, después de que el Banco Santander haya batido por segundo año consecutivo su récord de beneficios, con unas ganancias de 11.076 millones de euros en 2023, un 15,3% más.
Díaz aseguró en la red social X que "los beneficios récord demuestran la necesidad de seguir reforzando el impuesto a la banca", por lo que "toca blindarlo y hacerlo permanente".
"Vamos a recaudar más de 600 millones de euros que servirán para mejorar los servicios públicos", manifestó la ministra de Trabajo y Economía Social.
La participación pública en empresas estratégicas
Por otro lado, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reveló que había mantenido contactos recientemente con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para estudiar la participación pública en empresas estratégicas.
Yolanda Díaz remitió a Carlos Cuerpo una misiva sobre este asunto hace "bastantes días", según afirmó. "Es un debate de máxima modernidad, no sólo en las empresas públicas, sino cuál es la definición de las empresas estratégicas en el conjunto del Estado y en cuáles de ellas, siendo estratégicas, hemos de participar", explicó Díaz.
A cierre de 2023, el Gobierno ordenó a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) comprar hasta el 10% de Telefónica para proteger su capacidad de la entrada en el capital del grupo saudí de telecomunicaciones STC.
Pero las conversaciones que Díaz ha mantenido con Cuerpo no se sujetan sólo al caso Telefónica, según explicó la ministra. También se han referido a la cada vez mayor participación de fondos de inversión en empresas españolas.
En este sentido, insistió en que los consejos de administración de grandes empresas muchas veces no toman las decisiones por el bienestar empresarial, sino "muchas veces por el margen de beneficios o de dividendos de las mismas". "Ya he tenido una larga conversación con el ministro de Economía sobre esta cuestión", apostilló en su comparecencia en la Comisión de Trabajo en el Congreso.
Además de estas propuestas fiscales, el grupo ha sugerido una aproximación del IRPF entre las rentas de trabajo y el capital, que se elimine la exención del IVA a la educación universitaria privada, una rebaja de este mismo impuesto a las peluquerías y establecimientos veterinarios y un IVA "superreducido" para los pañales y los productos sin gluten.
