Las organizaciones agrarias convocan protestas como las de Francia, con el punto de mira puesto en Bruselas
El campo insiste siempre que puede en resaltar los difíciles equilibrios que tiene que realizar para ser rentable y a la vez respetar todas las exigencias comunitarias. Y, como suele suceder al norte de los Pirineos, esa insistencia se traduce en fuego y disturbios, con la diferencia de que las víctimas son los transportistas y los productos españoles.
Hay notables diferencias entre los productores agrícolas españoles y franceses, pero la principal es que allí la unión es más sólida, hasta el punto de poder paralizar ciudades enteras y causar pérdidas de 12 millones de euros, según la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM). Los transportistas, que no solo van a Francia, sino a otros destinos como Alemania o Reino Unido, piden al Gobierno español que les defienda, pese a que este solo puede limitarse a alzar la voz frente a su par francés.
En este caso, las protestas se desarrollan por las numerosas salvaguardas que se imponen a los productores, que incrementan el coste y complican la competitividad. Esto se ha calificado en Francia como "competencia desleal", algo que niegan el ministro de Agricultura, Luis Planas, y todas las organizaciones agrarias españolas.
En efecto, se puede hablar de competencia desleal, pero no de los agricultores españoles, cuyas reglas son muy similares a las que sufren sus homólogos franceses. "No hay ninguna ventaja competitiva derivada por la aplicación de normas distintas", afirma Planas, mientras que en el gobierno galo han comprado el discurso de la competencia desleal.
La clave la han dado las organizaciones agrarias en una nota conjunta. "Los agricultores luchan frente a un mercado desregulado que importa productos agrarios de terceros países a bajo precio que presionan a la baja los de la UE y a los producidos en España", dicen en un comunicado Asaja, COAG y UPA, las organizaciones agrarias mayoritarias.
Por esa misma dinámica, la protección al consumidor europeo se desvanece cuando se importan productos extracomunitarios que no cumplen con las normas de Bruselas. "Representan una contradicción e hipocresía en la actuación política de la Unión Europea", subrayan las asociaciones.
En ese sentido, vemos que los agricultores españoles dan la razón a los franceses, aunque estos se equivoquen en pagarla con los productores nacionales. En este punto, el sector reclama poner en pausa algunos acuerdos que supondrían la entrada de más productos extracomunitarios. Concretamente, hablamos de las negociaciones con Mercosur, Chile, Kenia, México, India y Australia, además del acuerdo alcanzado ya con Nueva Zelanda.
Por otro lado, desde España se señala directamente a las importaciones desde Marruecos. Los agricultores piden al Gobierno incrementar los controles para garantizar que se cumplen las normas sobre calidad. Con todos estos temas sobre la mesa, el sector se muestra dispuesto a movilizarse como hacen fuera de nuestras fronteras. De hecho, las organizaciones agrarias enmarcan estas protestas "durante las próximas semanas".
En algunos puntos ya se han iniciado, como es el caso de los agricultores valencianos. En la localidad de Caudete de las Fuentes, los agricultores y ganaderos quemaron el pasado viernes una montaña de cepas y sarmientos en una 'hoguera del vino'. Este acto ha marcado el inicio de un calendario de protestas contra la nueva Política Agraria Común (PAC) y las normas europeas que, a su juicio, forman parte de un "plan preconcebido de Bruselas" para "matar" al sector y sustituirlo por importaciones procedentes de terceros países.
Precio, calidad y cambio climático
En este tema se cruzan tres variables que llevan una dirección distinta. Por un lado, las acusaciones de competencia desleal. En efecto, si los productores externos cuentan con regulaciones más laxas y costes más reducidos, pueden ofrecer productos a un menor precio en comparación con los productores locales.
Si bien es cierto que esa competencia pone en jaque a las producciones comunitarias, limitar las importaciones significa que el consumidor observaría un incremento de los precios casi de forma instantánea, al contar con productos con unos costes más altos. En esta ecuación también entran otras dos derivadas, como son el cambio climático y la soberanía alimentaria.
Ya se vio con la guerra de Ucrania que productos como el aceite de girasol se encarecieron por el hecho de que ese país es uno de los mayores productores. Por ello, los agricultores señalan con motivos la soberanía alimentaria está en peligro si la externalización de la producción va demasiado lejos. A la vez, pese a que la Unión Europea alza la defensa de la sostenibilidad como una de sus banderas, comprar productos del exterior implica un alto coste en términos de huella medioambiental.
