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Economía

¿Qué ocurrirá con la Ley de Vivienda tras las elecciones?

Por Pablo Poyo

Los propietarios de viviendas abogan por un consenso político, pero los partidos tienen sus propias propuestas

Las elecciones vuelven a dejar a España sumida en un mar de dudas. El país necesita de múltiples pactos o en su defecto, de la abstención de varios partidos para que se pueda formar un gobierno coherente, siempre que no se produzca un bloqueo electoral que obligue a repetir los comicios.

Ante esta situación, algunos propietarios de viviendas empiezan a estar preocupados con la posible modificación de la Ley de Vivienda, que entró en vigor el 26 de mayo de este mismo año. ¿Cómo se ve esta ley desde la óptica de la izquierda y de la derecha?

La Ley de Vivienda

La Ley 12/2023, de 24 de mayo por el derecho de la vivienda, conocida como Ley de Vivienda, es una ley aprobada por el gobierno actual que entró en vigor el pasado mes de mayo. Sus objetivos son evidentes. Los más destacables serían:

-Establecer una regulación básica de los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la vivienda, así como de los asociados a la propiedad de vivienda, aplicable a todo el territorio nacional.

-Facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada a las personas que tienen dificultades para acceder a una en condiciones de mercado, prestando especial atención a jóvenes y colectivos vulnerables y favoreciendo la existencia de una oferta a precios asequibles y adaptada a las realidades de los ámbitos urbanos y rurales.

-Dotar de instrumentos efectivos para asegurar la funcionalidad, la seguridad, la accesibilidad universal y la habitabilidad de las viviendas, garantizando así la dignidad y la salud de las personas que las habitan.

-Mejorar la protección en las operaciones de compra y arrendamiento de vivienda, de forma que se introduzcan unos mínimos de información necesaria para dar seguridad y garantías en el proceso.

El artículo 6 también cita el principio de igualdad y de no discriminación de la vivienda, mediante el cual todas las personas tienen derecho al uso y disfrute de una vivienda digna y adecuada, cumpliendo con los requerimientos legales y contractuales establecidos en la legislación y normativa vigente, sin sufrir discriminación, exclusión, acoso o violencia de ningún tipo.

A pesar de todo, esta ley corre peligro, pues numerosas formaciones han asegurado en reiteradas ocasiones su oposición y propietarios e inquilinos tienen serias dudas sobre las modificaciones que podrían ponerse en marcha.

¿Cómo ve la ley la izquierda?

En las municipales y autonómicas, la vivienda fue uno de los temas centrales. En la campaña del 23-J el problema de millones de personas que no pueden acceder a una vivienda digna o que deben dedicarle la mitad de sus ingresos apenas ha despegado entre una nube de descalificaciones y acusaciones cruzadas.

El PSOE pone las cifras encima de la mesa y se compromete a crear 183.000 viviendas públicas en alquiler, la mitad de ellas destinadas a los jóvenes.

Y aunque desde la izquierda se lleva tiempo prometiendo, lo cierto es que de momento tampoco ha habido cambios reseñables. El PSOE aseguró que mediante la aplicación de esta nueva ley, su objetivo era que en unos años se alcanzara el 20% de vivienda social. El Gobierno se ha jactado de sus obras de vivienda pública, pero de momento, los datos son demoledores: desde 2018,  se han producido apenas 9.330 calificaciones definitivas de viviendas de protección oficial procedentes de planes estatales con un parque público que sigue sin superar el 2%.

Ahora bien, es posible que en caso de una nueva reedición del bloque progresista se puedan continuar aplicando este tipo de políticas hasta alcanzar el porcentaje prometido en el programa. Lo que no está claro es cuándo se alcanzará dicho porcentaje.

Otros partidos del grupo de izquierdas como Sumar, apoyan de igual manera esta ley, aunque consideran que se le deberían realizar algunas modificaciones para poder enmendar ciertas deficiencias.

El programa de Sumar incluye también la propuesta de que la declaración de zona tensionada sea obligatoria si se cumplen los criterios objetivos que la Ley de Vivienda establece, una fórmula que permitiría que la regulación de los precios del alquiler se pueda aplicar en el caso de que no sea derogada por un posible gobierno PP-Vox.

La plataforma de alquiler de viviendas Wolo, en palabras de su CMO, Germán Rabellino, opina que «se debe conseguir un consenso político en materia de vivienda que devuelva la confianza de los propietarios en el sistema inmobiliario y les dé un marco de protección jurídica que les permita volver al modelo de alquiler residencial».

Desde Wolo apuntan además que «es deber del próximo Gobierno buscar soluciones alternativas para aumentar el parque social de viviendas públicas o mejorar el sistema de financiación a personas jóvenes para que puedan acceder a la compra de nuevas viviendas, relajando de esta manera la demanda de pisos en alquiler o introduciendo nuevas».

¿Cómo ve la ley la derecha?

En principio, las comunidades gobernadas por el Partido Popular y Vox ya han anunciado que no van a aplicar la Ley de Vivienda o que directamente la van a recurrir al Tribunal Constitucional. Y es que el PP tiene sus propias propuestas.

Una de ellas consiste en que el Estado avale el 95% del préstamo hipotecario para la compra de las primeras viviendas de menores de 35 años. Esta dinámica recuerda a los tiempos previos al estallido de la burbuja inmobiliaria, donde se concedían hipotecas con intereses muy elevados a personas que no eran económicamente fiables. El PSOE, en este caso más realista, propone avalar un 20% de dichos préstamos hipotecarios.

Para el PP el principal problema que tienen los propietarios de las viviendas es la ocupación. En el capítulo de “Defensa del derecho a la propiedad de los españoles”, el PP despliega un paquete de medidas para combatir la ocupación. Entre ellas, una reforma legal para permitir que los desalojos se produzcan en un plazo máximo de 24 horas.

Aunque de igual manera, reconocen que un tercio de la población tiene dificultades para llegar a fin de mes y un 26% está en riesgo de pobreza, sumado a que la cuota hipotecaria ha aumentado un 49% desde 2019. Desde el PP culpan al Gobierno por estos datos y piden la derogación de la Ley de Vivienda.

Algo parecido sucede con Vox. El partido de Abascal considera que existe un problema de seguridad y de orden en España: seguridad contra la ocupación ilegal de viviendas y orden frente a los supuestos privilegios de los inmigrantes a la hora de captar las ayudas del alquiler.

Debido a estas conclusiones, Vox está de igual manera a favor de derogar la Ley de Vivienda. Sin embargo, no hay que olvidar que gran parte de las medidas del nuevo texto recaen directamente sobre las Comunidades Autónomas, que tienen la competencia para decidir qué medidas aplicarán (si deciden hacerlo) y cómo serán ejecutadas.

Hace apenas cinco días que se ha dado un ejemplo de este caso. Y es que la Comunidad de Madrid ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la Ley de Vivienda, por invasión de competencias. El recurso se debe a que desde Madrid consideran que existen varios artículos que entran en conflicto con algunas competencias recogidas en su propio Estatuto de Autonomía. Es solo un ejemplo, pero podrían ser más en el futuro, lo que pone de manifiesto la necesidad de la unidad nacional para hacer frente a este tipo de materias.

 

 

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