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Economía

La renta básica universal: qué es y cuál es su utilidad futura 

Por Pablo Poyo

La Renta Básica Universal (RBU) o Ingreso Básico Universal se define como un sistema de Seguridad Social en la que todos los ciudadanos o residentes de un país reciben regularmente una suma de dinero sin condiciones

La historia está repleta de mentes que han tratado de buscar una solución a los problemas más complejos de las sociedades humanas. Uno de los grandes impedimentos para el desarrollo de los países atrasados ha sido la gran desigualdad existente entre la élite y el resto de la población. 

Durante el siglo XX, diferentes movimientos, personalidades e incluso estados, abrazaron el comunismo con la intención de eliminar estas diferencias y crear una sociedad más «justa y equitativa». 

La historia nos demuestra que prácticamente cada uno de estos conatos de revolución fue un fracaso tanto en lo social como en lo económico. Bien por un intento de control poblacional que provocaba el miedo y el resentimiento en sus ciudadanos, o bien por la falta de incentivos que terminaba en un estancamiento de la economía donde estos experimentos se llevaron a cabo. 

Si bien el capitalismo ha demostrado ser el sistema más eficaz para fomentar el desarrollo de un estado pujante y moderno, aún tiene muchos escollos que salvar. Entre ellos están la pobreza y la desigualdad de sus ciudadanos. Sin embargo, algunos países ya están trabajando en una posible pero muy cuestionada solución. 

¿Qué es la Renta Básica Universal? 

La Renta Básica Universal (RBU) o Ingreso Básico Universal se define como un sistema de Seguridad Social en la que todos los ciudadanos o residentes de un país reciben regularmente una suma de dinero sin condiciones. Se recibe desde el Gobierno o alguna otra institución pública, además de cualquier ingreso recibido de otros lugares.  

La recibe todo miembro de pleno derecho o residente de la sociedad incluso si no puede o quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre e independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta y sin tener en cuenta con quien reside.  

El sistema busca cubrir a la totalidad de la población con un ingreso garantizado al margen de sus condiciones laborales, económicas o sociales. Un ingreso que permita la supervivencia básica mes a mes, garantizada por el Estado.  

Sus partidarios afirman que, por ejemplo, mejoraría la situación de las personas con un nivel adquisitivo bajo. Se evitaría, o al menos dificultaría, la desvalorización de nuestra capacidad de trabajo. Nadie se vería obligado a aceptar condiciones deplorables porque no estaría obligado por la necesidad. 

Los trabajadores estarían en mejores condiciones para negociar los contratos de trabajo, y tampoco habría que «vigilar» que los parados trabajasen ilegalmente, como pasa con la ayuda por desempleo. 

Se afirma también que los autónomos tendrían mayor libertad para desarrollar sus negocios, habría menos riesgos y mayor posibilidad de creación de puestos de trabajo.  

Los sueldos mayores, que también recibirían la renta universal, estarían más gravados por impuestos directos; como resultado, el estado recuperaría el dinero que reciben dichos grandes sueldos.  

 Pero como muchas otras posibles soluciones, la RBU tiene sus grandes detractores. Y hay muchos argumentos en su contra.  

Generaría inflación creciente en la economía hasta anular el valor real del dinero obtenido a través de la renta básica. Trabajaría mucha menos gente en el mercado laboral, además de dañar el prestigio de social de la educación y la cultura del esfuerzo, consecuencias que ya se observaban en algunas sociedades socialistas del siglo XX. 

Se afirma también que erosionaría los valores cívicos y debilitaría las instituciones democráticas, ya que muchas personas que normalmente serían perfectamente capaces de ganarse la vida por sus propios medios pasarían a ser dependientes del Estado. De nuevo, algo común en los países del Bloque del Este. 

Por último, el rasgo más negativo de aplicar esta medida, sería sin duda la dificultad económica que implica gastar enormes cantidades del erario público en este proceso resolutorio. 

¿Millonarios a favor de la RBU? 

Explicada la situación, la repercusión histórica y la teoría económica de la renta básica universal, podría parecer que solo los ideólogos socialistas estarían de acuerdo con semejante revolución socioeconómica. 

Sorprende ver, por tanto, a las siguientes personalidades partidarias de la implantación «necesaria y eficaz» de un ingreso universal para todos los estados y los ciudadanos del planeta.  

Elon Musk, el fundador de Tesla y SpaceX, uno de los multimillonarios más rico y famoso del mundo, es también uno de los principales defensores de la implantación de este sistema. Según el magnate sudafricano, la imparable robotización de la sociedad que estamos experimentando hará necesario que a largo plazo sea indispensable la aplicación de esta medida.  

En una entrevista a la CNBC en 2016, Musk afirmó que «esencialmente, en el futuro, el trabajo físico será una elección». Por eso cree que a largo plazo será necesario un ingreso básico universal. 

Elon  Musk nunca se ha caracterizado por ser un ideólogo de izquierdas ni por buscar paliar la desigualdad, sino más bien por su capacidad de crear nuevos proyectos relacionados con la innovación y la tecnología. Y ahí está, como firme defensor de la RBU. 

Destaca también el CEO y fundador de Facebook, el famoso Mark Zuckerberg. Según Zuckerberg, «debemos tener una sociedad que mida el progreso no sólo por indicadores económicos como el PIB, sino por cuántos de nosotros tenemos un papel que consideramos significativo. Debemos explorar ideas como la renta básica universal para asegurarnos de que todos tengan un cojín para probar nuevas ideas». 

Así lo aseguraba uno de los hombres más ricos del mundo en una conferencia en 2019. No es el único. 

Richard Branson, fundador de la empresa de viajes espaciales Virgin Galactic, apoya también la RBU. La clave para él es la riqueza que genera la inteligencia artificial. «Si la inteligencia artificial crea mucha más riqueza, lo mínimo que el país debería poder hacer es que gran parte de esa riqueza creada garantice que todos tengan una red de seguridad», afirma el empresario. 

Otro destacado millonario que está a favor de la aplicación de esta medida es el fundador de Twitter, Jack Dorsey. Afirma que valdría para «cerrar la brecha de riqueza e ingresos, nivelar las desigualdades sistémicas de raza y género, y crear seguridad económica para las familias». 

Puede parecer curioso que algunos de los ricachones que se reúnen cada año en Davos para decidir los designios de la economía mundial sean tan favorables a la implantación de la RBU. Pero nada más lejos de la realidad.  

Es más, el propio Fondo Monetario Internacional está decidido a probar este sistema.  

Durante la pandemia por coronavirus, la economía mundial quedó seriamente dañada. En un artículo sobre la RBU y el coronavirus, los expertos del FMI aseguran que «el coronavirus nos ha mostrado por qué necesitamos urgentemente que la renta básica sea una realidad».  

De dicho escrito se pueden sacar varias conclusiones. La primera, la idea generalizada del Fondo Monetario Internacional sobre los beneficios que trae este sistema. La segunda, algunos datos interesantes sobre la aceptación de dicha teoría. 

Según un estudio de Gallup y la Northeastern University de 2019, el 77% de los británicos y el 75% de los canadienses estarían de acuerdo en la implantación de un ingreso universal para ayudar a las personas que han perdido su trabajo por culpa de la cada vez más presente digitalización laboral. El otro gigante anglosajón, Estados Unidos, sí que resiste algo más a esta idea: tan solo el 43% de sus ciudadanos apoyarían este novedoso sistema. 

Novedoso, pero con bases en el siglo XX. Porque ya el distinguido economista Milton Friedman apoyaba lo que él denominaba «Impuesto Negativo sobre la Renta». No debe confundirse con la RBU, pues tiene matices diferentes. 

El INR, que es un crédito impositivo uniforme y reembolsable, garantiza un nivel mínimo de ingresos mediante la política fiscal: si en la declaración de ingresos se supera ese mínimo, se pagan los impuestos correspondientes; si, por el contrario, no se supera o se carece de ingresos, el estado abona la diferencia hasta alcanzar el mínimo establecido. 

El experimento de Finlandia  

Puestos a soñar, sería más lógico coger la calculadora y ponernos a medir cuánto le costaría a un estado gastar parte de sus ingresos en implantar esta medida, y en qué situaciones podría darse.  

Los países nórdicos son los abanderados de las políticas sociales, y están a la cabeza de Europa en cuanto a educación social. Aunque sus políticas no deben confundirnos, pues son países eminentemente capitalistas que al llegar a la cima del desarrollo estatal, han decidido preocuparse también por el bienestar de su gente. 

No son por tanto dictaduras comunistas que se asientan en el control social de una masa uniforme y sin pensamiento crítico, sino socialdemocracias abiertas dispuestas a mejorar con cada paso adelante. 

Finlandia ya realizó un experimento relacionado con la RBU en 2017 y 2018. De nuevo, con matices. El proyecto consistió en que 2.000 personas desempleadas seleccionadas aleatoriamente recibieran durante dos años (2017 y 2018) un ingreso básico de 605 dólares al mes, sin ningún tipo de condiciones y que no se reducía aunque encontraran trabajo. 

Los investigadores estudiaron si ese ingreso podría incentivar a los beneficiarios a encontrar trabajo más que el tradicional subsidio de desempleo, que puede cortarse tan pronto como el receptor comience a ganar dinero.  

El experimento concluyó que no existía correlación entre la RBU y el aumento de la productividad o la búsqueda de nuevos empleos por parte de los beneficiados, aunque sí que mejoraba el bienestar de dichas personas. 

Es por ello que muchos países se plantean utilizar este método no cómo algo que desincentive al trabajador para hacer crecer el tejido económico, sino como una ayuda constante para las personas más desfavorecidas, excluyendo seguramente otras compensaciones como las ayudas al desempleo. 

Si Finlandia hubiera prestado ese dinero a todos sus ciudadanos, habría tenido que desembolsar unos 3.000 millones de dólares, lo que supone una suma importante para un país cuyo PIB no supera los 300.000 millones. Aún así, no todo el mundo utiliza el dinero de la misma forma ni ha recibido la misma educación económica. 

El debate sigue abierto en el seno de la Unión Europea. En España, Italia o Alemania, más del 50% de la población está a favor de su implementación. Un estudio de BBV Research reveló que nuestro país tendría que desembolsar casi 280.000 millones (el 17% del PIB) para costear el proyecto anualmente. Aún así, la misma encuesta revelaba que la mayoría de ciudadanos europeos cree que este sistema podría mejorar sus vidas y la propia sociedad.  

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