El Gobierno español se marca como objetivo la creación de una normativa que ataje los problemas psicosociales que causa el trabajo precario
Para el Gobierno español hay una relación clara entre el estatus laboral y la salud mental. La próxima presidencia que ostentará Pedro Sánchez tendrá un carácter claramente social, por eso ya se están dando los primeros pasos.
El primero de ellos es la petición de un informe al Comité Económico y Social Europeo (CESE), compuesto a partes iguales por los trabajadores, empresarios y la llamada Europa diversa (asociaciones de consumidores, agricultores, ganaderos, entre otros). Una vez elaborado, dicho informe debe debatirse y recibir el voto a favor de la mayoría de los 329 miembros del CESE. Tanto el debate como la votación tuvieron lugar la pasada semana en Bruselas, con la presencia de Revista Capital.
Así, el proceso viene a ser el que sigue: la presidencia de turno se interesa por un tema, pide un informe al CESE, este organismo elabora una opinión que, después, traslada a la presidencia. Luego de eso, el país en cuestión tiene en cuenta el informe para intentar elaborar alguna norma al respecto.
Quien ha elaborado el informe es el español José Antonio Moreno Díaz, de Comisiones Obreras. El sindicalista español, en conversación con este medio, quiso insistir en que el trabajo precario no es solo el trabajo ilegal, sino que la definición es más amplia. Por ejemplo, incluye el trabajo parcial involuntario, salarios bajos que no cubren necesidades básicas, trabajos con carácter temporal que cubren necesidades estructurales de la empresa, incertidumbre con respecto a la duración del empleo…
Las consecuencias que tienen este tipo de trabajos van más allá de lo económico, aunque puede decirse que ese es el principal atributo que tienen en común. Entre los efectos, el informe del CESE habla de deterioro de la salud mental, que puede derivar en depresión, ansiedad, desórdenes mentales y, en último término, incluso el suicidio. Moreno Díaz recoge todas estas afecciones de un informe de la Organización Mundial de la Salud.
El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, introdujo el asunto del llamado "trabajo decente" durante su intervención en el debate. "España quiere situar temas de vital importancia como (…) los efectos de la precariedad laboral en la salud mental", explican desde el Ministerio de Trabajo.
No obstante, no solo se trata de marcar la agenda, sino de realizar avances en esa dirección. De hecho, el CESE recomienda en su informe llevar a cabo una normativa que recoja una mayor protección para los trabajadores. En otras palabras, se insta a crear una Directiva que marque la pauta para el resto de países miembros.
Según las palabras de Pérez Rey en el debate, a España le parece bien regular para proteger a los trabajadores en los supuestos del trabajo precario. Sin embargo, cabe mencionar que este documento ha hecho crecer las disensiones dentro del propio Comité.
En condiciones normales, los documentos que eleva el CESE recogen un elevado grado de acuerdo, puesto que se trabajan entre los empresarios y los trabajadores de manera conjunta. Fruto de ese trabajo, se da a luz informes muy consensuados, en los que apenas se cuentan un puñado de votos en contra.
En el caso de esta opinión referente al trabajo precario, ha sido aprobada con la oposición unánime de los empresarios. Se puede entender que, a pesar de esa oposición, España intentará legislar al respecto durante su presidencia. Fuentes empresariales explican a Capital que, si bien la agenda de la próxima presidencia española es legítima, puede provocar diferencias en el CESE.
Como se ha dicho, la agenda social es prioritaria para España y, además del tema del trabajo precario, ha pedido al CESE numerosos informes que tener en cuenta. Todos ellos van en una línea similar, por ello se cree que pueden provocar choques entre los grupos, en tanto que los empresarios entienden que son iniciativas que favorecen con claridad a los trabajadores. De ese modo, se estaría rompiendo una de las principales virtudes de este Comité: el consenso que se consigue, tanto en su elaboración como en la votación final.
Además de este asunto, el Gobierno español plantea otros aspectos sobre los que legislar. Entre ellos, algunos que afectan directamente a la paz social entre patronal y sindicatos: democracia en el trabajo y diálogo social.
