La dificultad de acceder a una vivienda asequible en España ha alcanzado niveles alarmantes, lo que ha llevado al Gobierno de Pedro Sánchez y al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo a situar este problema en el centro de sus agendas políticas. Aunque ambos coinciden en el diagnóstico -la escasez de oferta y el impacto de la especulación-, las soluciones que proponen son diferentes: mientras el Ejecutivo socialista apuesta por una mayor regulación del mercado, el PP centra sus esfuerzos en estimular la oferta de vivienda.
La visión del Gobierno: regulación y control
El plan del Gobierno de Pedro Sánchez se basa en regular el mercado inmobiliario, especialmente en el ámbito del alquiler. Una de sus medidas más llamativas es la propuesta de incentivos fiscales para los propietarios -aunque con matices- que alquilen sus viviendas a precios asequibles. Esta desgravación del 100% en el IRPF está condicionada al cumplimiento de un índice de precios de referencia que garantice alquileres razonables.
Otra línea de acción prioritaria es la recuperación de viviendas vacías. Para ello, se ofrecen ayudas destinadas a la rehabilitación de estos inmuebles con el objetivo de incorporarlos al mercado del alquiler. Además, la regulación de las viviendas turísticas ocupa un lugar destacado, con la creación de un marco fiscal específico que diferencie entre áreas de alta y baja demanda, intentando así mitigar el impacto de este fenómeno en las zonas tensionadas.
Sin embargo, la medida que más ha generado debate es el aumento del gravamen fiscal al 100% para la compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes. Con esto, el Gobierno pretende frenar la especulación inmobiliaria en regiones especialmente afectadas por compradores internacionales y aliviar la escasez de vivienda.
La apuesta del PP: oferta y simplificación
En contraposición, Alberto Núñez Feijóo propone un enfoque orientado a aumentar la oferta de viviendas mediante la movilización de suelo público. Este suelo sería destinado a la promoción de viviendas asequibles, tanto en régimen de alquiler como de venta.
Otra de las apuestas del PP es la agilización de los trámites urbanísticos. Para Feijóo, la burocracia es uno de los mayores obstáculos para la construcción de nuevas viviendas, y su plan incluye la simplificación de estos procesos para reducir costes y tiempos.
Por otro lado, el Partido Popular también plantea incentivos fiscales dirigidos a facilitar la compra de vivienda, especialmente para jóvenes y familias. Estas medidas incluyen deducciones en impuestos como el IRPF y la posibilidad de acceder a préstamos y avales favorables para la adquisición de la primera vivienda.
Dos caminos hacia una misma meta
Aunque las prioridades de ambos partidos difieren, hay puntos en los que coinciden. Tanto el Gobierno como el PP reconocen la existencia de un profundo desequilibrio entre la oferta y la demanda que está disparando los precios, pero sus propuestas para abordarlo no pueden ser más opuestas.
Mientras el PSOE prioriza la intervención en el mercado a través de la regulación de precios, el PP opta por estimular el sector inmobiliario desde dentro, apostando por la construcción y la agilización de procesos. Esta diferencia de enfoques refleja también la distinta percepción de ambos partidos sobre el papel del Estado en la economía: para el PSOE, el Estado debe intervenir activamente para garantizar el derecho a la vivienda; para el PP, debe limitarse a facilitar las condiciones para que el mercado funcione por sí solo.
La efectividad de estas propuestas dependerá de su implementación, pero también de la colaboración entre las distintas administraciones y actores implicados. Algunos expertos ya abogan por un pacto nacional por la vivienda que combine medidas a corto plazo, como las regulaciones en el alquiler, con estrategias a largo plazo, como el estímulo a la construcción. Por ahora, la vivienda sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes de la política española.
