Los retrasos administrativos reducen en 6.900 millones el impacto de los planes de desarrollo energéticos en el PIB de España
El incumplimiento de los plazos administrativos ligados a los proyectos energéticos supone una minoración de su impacto en el Producto Interior Bruto (PIB) de 6.900 millones de euros, según el informe ‘La necesidad de mejorar la tramitación de las instalaciones eléctricas desde una perspectiva nacional y europea’, elaborado por la consultora PwC.
Esta lentitud no es solo responsable de la minoración del impacto en el PIB nacional, sino que, además, generan incertidumbre en la canalización de alrededor de 15.000 millones de euros de los fondos europeos Next Generation.
Una amenaza para la modernización
Se calcula que la lentitud de las Administraciones multiplica hasta por nueve el tiempo lega necesario para lograr una autorización. Los plazos en la concesión de las licencias triplican en la mayoría de las ocasiones el límite legal, pero los tiempos reales pueden incluso llegar a multiplicarse hasta por diez en algunas fases, como en la publicación de la resolución del trámite en el BOE correspondiente. Esto denuncia la Alianza por la Competitividad de la Industria Española en un estudio realizado en función las respuestas de 145 empresas de nueve sectores industriales.
En el caso de los informes de impacto ambiental, claves para el desarrollo de los proyectos energéticos, entre otros, aunque el plazo para la autorización de los mismos no se detalle en la normativa, la formulación se limita a tres meses y la demora de la autorización es de casi siete veces más.
Actualmente, los procesos de tramitación administrativa de proyectos energéticos están llevándose a cabo en plazos "muy superiores a los establecidos por la normativa correspondiente", un incumplimiento que aparece en el 75% de las iniciativas evaluadas, según asegura el informe de la Alianza, formada por Anfac, AOP, Aspapel, Feique, FIAB, Oficemen, Primigea, Sernauto y Unesid.
Debido a esto, el análisis considera que la estructuración de los trámites en España es "excesivamente larga" y genera "duplicidades" innecesarias que dificultan la eficiencia del proceso, llegando a suponer, de media, entre el 50% y el 75% del tiempo que transcurre hasta la puesta en marcha de una instalación.
Como suele pasar en estas situaciones, se genera un riesgo de disuasión para la implantación de nuevas industrias, como el hidrógeno renovable, el almacenamiento energético, la fabricación de baterías o la instalación de data centers, segmentos que cuentan con inversiones previstas de en torno a 58.000 millones de euros.
En el informe se aboga por eliminar el informe preceptivo y no vinculante de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para la obtención de la autorización administrativa previa para instalaciones que sean de la competencia de la Administración General del Estado.
En cuanto a la agilización de procesos, el informe incide también en la posibilidad de que algunos proyectos se declaren de intereses estratégico para la transición energética, aplicando procedimientos de urgencia.
La necesidad de liderar la transición energética
A pesar de todas las trabas burocráticas, España reúne todos los requisitos para situarse como eje de la transformación hacia esta economía verde. La ONU lleva tiempo alertando de la necesidad de poner más esfuerzo en la industria renovable y a mayor velocidad. La importancia de una correcta transición energética radica en la forma en la que luchan los países contra el cambio climático.
La industria renovable combina la adaptación a la naturaleza con los usos del suelo: agricultura, ganadería, apicultura etc. Las empresas españolas hace tiempo que tienen en sus planes la transición hacia las energías renovables, pero es evidente que los trámites administrativos lastran muchos de estos proyectos energéticos.
Por ello, la Alianza ha reclamado a las diferentes formaciones políticas de cara a la próxima legislatura, que se dé "máxima prioridad" al impulso de la industria, tanto por su peso específico en la generación de riqueza y empleo de calidad, como por su carácter netamente exportador y su potencia inversora en investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
Respecto a la energía, donde la industria es una gran consumidora por sus procesos productivos, ha reclamado que se adopten medidas regulatorias estructurales "urgentes" que permitan resolver el déficit permanente de competitividad energética que España viene arrastrando históricamente frente a las principales regiones industriales de la Unión Europea. Muy en especial, Alemania y Francia, ofreciendo a la industria precios energéticos "estables, competitivos y predecibles" y asegurar que, en caso de una nueva crisis energética, España contará con los mecanismos para una respuesta rápida y eficaz que impida o aminore una posible afectación a la economía nacional.
Los representantes industriales que forman la Alianza señalan que es "imprescindible" contar con nuevas fuentes de energía sostenible, como los combustibles y gases renovables neutros o de bajas emisiones, así como desarrollar tecnologías de captura, transporte, almacenamiento y uso de CO2. "Es preciso establecer mecanismos que aseguren el acceso a precios competitivos, un marco regulatorio que favorezca la rentabilidad y competitividad de los proyectos y desarrollar las infraestructuras y redes que garanticen su suministro", destacan.
En el caso del reparto de los fondos europeos –70.000 millones de euros en subvenciones hasta 2026– al exceso de burocracia, se une la falta de transparencia y un reparto desequilibrado. Ese es el complicado panorama que presentan los fondos europeos asociados al Plan de Recuperación (PRTR) que han llegado hasta el momento a las manos del Gobierno de Sánchez, que asegura que el 90% de los fondos aprobados desde Bruselas se han asignado.
La realidad es que España tiene una gran oportunidad ante sí. Y esa oportunidad se llama transición energética. Una oportunidad para liderar esta transformación económica, social incluso cultural que supone el reto de la descarbonización.
Nuestro país se encuentra ante un reto de tremenda consideración. No es una tarea fácil, pero, gracias a los grandes recursos naturales, desde el sol al viento, empresas de primer orden mundial, mucho suelo, etc., es más una obligación que una oportunidad la que tiene España en relación con la transición energética.
Es el momento de que el nuevo Gobierno ponga en marcha un plan para la industria energética española a medio y largo plazo. El sector energético lo necesita, y la economía española, también.
