Enagás ha informado sobre una posible mejora en los importes que la compañía podría recibir a raíz del proceso de arbitraje con Perú, relacionado con el proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP). Durante una conferencia con analistas en la que presentó los resultados de 2024 y actualizaciones estratégicas, el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, destacó que permanece abierta una solicitud de rectificación por un error material que asciende a 94 millones de dólares (unos 90 millones de euros), además de 230 millones de dólares (aproximadamente 220 millones de euros) que se buscan en concepto de recuperación de garantías asociadas al arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) respecto al concurso de acreedores del GSP.
Gonzalo mencionó que la compañía ha presentado su disposición al gobierno peruano para alcanzar un acuerdo amistoso sobre la ejecución del laudo. En diciembre pasado, el Ciadi resolvió a favor de Enagás en el litigio contra Perú, ordenando al país sudamericano el pago de 194 millones de dólares (cerca de 186 millones de euros) en concepto de principal más intereses, derivado del proceso abierto por el proyecto GSP.
Enagás registró minusvalías de 245,7 millones de euros en sus cuentas de 2024 debido al fallo arbitral sobre la inversión en GSP
Es importante señalar que Enagás reivindicaba más de 500 millones de dólares, que incluían la recuperación de su inversión financiera y derechos de crédito vinculados a la recuperación de las garantías, que se vieron afectadas por la finalización del contrato de concesión del GSP. La controversia se remonta a finales de 2017, cuando el proyecto fue paralizado. El GSP había sido adjudicado tres años antes a un consorcio que incluía a Enagás, la brasileña Odebrecht y la peruana Graña y Montero, ambas compañías envueltas en escándalos de corrupción en Perú.
En 2018, al no poder alcanzar un acuerdo compensatorio, Enagás decidió buscar solución a su disputa mediante el Ciadi, que depende del Banco Mundial. En el proyecto GSP, Odebrecht tenía una participación del 50%, mientras que tanto Enagás como Graña y Montero contaban con un 25% cada uno. Este proyecto contemplaba la construcción de aproximadamente 1.000 kilómetros de tuberías para el transporte de gas y una inversión estimada en más de 7.000 millones de dólares (alrededor de 6.710 millones de euros).
