“Las compañías deben percibir como propios los riesgos de incumplimiento de sus cadenas de aprovisionamiento”
“Sentimos mucho que el sector financiero haya quedado excluido temporalmente de la Directiva sobre la diligencia debida”
La sostenibilidad ya no es una tendencia empresarial, sino una obligación legal. El Consejo y el Parlamento Europeo avanzan en la aprobación de la Directiva sobre la diligencia debida, cuya trasposición e implementación por parte de los países miembros obligará a las empresas a vigilar el cumplimiento de los derechos humanos y medioambientales no solo a nivel interno, sino también en sus cadenas de aprovisionamiento. Analizamos las claves de esta nueva legislación con Álvaro Goicoechea, director de Fairtrade Ibérica.
¿En qué se traducirá la implementación de la Directiva sobre la diligencia debida en las empresas?
Es un paso importante para que las empresas asuman como propios los riesgos en derechos humanos y medioambientales de las cadenas de aprovisionamiento con las que trabajan. Supone un reconocimiento y una toma de conciencia con el objetivo de mejorar y hacer más justo el comercio.
Esta directiva es un paso clave hacia una mayor justicia en las cadenas de suministro mundiales. A partir de ahora, existe una obligación para las empresas de establecer procesos en los que tratan de entender dónde y cómo algo podría salir mal, tomar medidas para contrarrestarlo y revisar si las medidas están funcionando.
España tiene dos años para trasponer esta nueva legislación europea a una ley nacional, y urgimos al nuevo Gobierno para que sea cuanto antes y tengamos una ley nacional de debida diligencia en los derechos humanos y medioambientales, como ya tienen otros países europeos.
¿Por qué es tan importante?
Hasta ahora, la sostenibilidad tenía un carácter voluntarista dentro de un Marco de trabajo que venía marcado por conceptos como los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) o las ESG (criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo). Ahora existe un Marco legislativo obligatorio que define la conducta responsable y las nuevas legislaciones como debida diligencia: la deforestación, las green claims (reclamaciones medioambientales) o la directiva de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas.
La nueva directiva asienta sus bases de trabajo en la colaboración y el diálogo entre compradores y proveedores, con una responsabilidad compartida en el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente. El respeto a los derechos humanos y el medio ambiente pasan a ser obligatorios por ley. Esto va a definir los modelos de gobernanza de las empresas a futuro. Por otra parte, sentimos mucho que el sector financiero haya quedado excluido de esta nueva legislación, dada su importancia dentro de la economía global. Esperemos que se sume de cara al futuro y lance las iniciativas de conducta empresarial responsable.
A la espera de que entre en vigor, ¿qué nivel de cumplimiento de los principios rectores detecta en las empresas españolas?
Podemos definir la debía diligencia como un proceso evaluativo de seis pasos: conducta empresarial responsable; identificar y evaluar Impactos; cesar, prevenir y mitigar; analizar y realizar seguimiento; comunicar y remediar.
La mayoría de las empresas españolas ya venían trabajando desde hace tiempo los primeros dos pasos, pero el cambio fundamental de la diligencia debida es que las empresas deben asumir como propios los riesgos de incumplimiento de derechos humanos y derechos medioambientales en las cadenas de aprovisionamiento y tienen que afrontar programas de remediación y poner en marcha proyectos para prevenir y cesar prácticas que no respeten los derechos humanos y el medio ambiente.
Los informes corporativos de derechos humanos son cada vez más transparentes. Las empresas deben mostrar una mejora continua en la reducción de daños. Las empresas deben identificar y abordar los peores daños, en diálogo y colaboración con las personas afectadas y las partes interesadas
En comparación con el resto de Europa, ¿cómo estamos?
El nuevo Marco legislativo europeo, que tiene que traducirse en la transposición a una ley nacional, hace que todos los países del continente no situemos a un mismo nivel y trabajemos bajo las mismas reglas. Países como Francia o Alemania habían desarrollado ya su propia normativa local, pero deben adaptarla a los cambios de la nueva legislación europea.
Ahora todos los países trabajamos con un mismo fin común y en igualdad de oportunidades. Por otro lado, la nueva legislación común no quita que haya economías, sobre todo en el centro de Europa, que tengan interiorizados los conceptos de sostenibilidad, responsabilidad social corporativa y comercio justo desde hace mucho más tiempo que en España y eso se traduzca en la oferta y consumo de productos sostenibles.
¿Cree que el nivel de concienciación es suficiente en el entorno empresarial?
Desde hace tiempo, las empresas españolas vienen apostando por los ODS o los criterios ESG como parte de su estrategia empresarial. Bien por convicción, bien por posicionamiento o bien por estrategia, el desarrollo social corporativo ha ido evolucionando de forma muy rápida en los últimos años. Eso no quita que haya que hacer una importante labor de formación al entorno empresarial sobre las nuevas legislaciones europeas, que van a estar muy presentes en su forma de trabajar en los próximos años
¿Qué cree que hace falta?
Ese nivel de concienciación tiene que hacerse a todos los niveles y todos los agentes sociales, gobiernos, empresas, sindicatos, consumidores y ONGs tienen que estar implicados. En el fondo, estamos apostando por un nuevo modelo económico que busca la sostenibilidad de las personas y el planeta. La debida diligencia exige a las empresas que investiguen y tomen medidas en relación con los abusos de los derechos humanos y los problemas medioambientales en sus propias cadenas de suministro.
¿Cómo puede mejorar la competitividad empresarial esta nueva normativa?
Lo primero que hay que decir es que esta nueva normativa busca sobre todo unificar las conductas empresariales de forma responsable y sostenible. Todos trabajamos bajo un mismo Marco de referencia común y la competitividad empresarial que conocíamos hasta ahora y se traducía en ventas o cuota de mercado se complementa por una competitividad sostenible. Todas las empresas están en una nueva carrera y comienzan desde el mismo punto de salida.
Esta directiva se dirige, principalmente, a las grandes empresas, ¿cómo se podría trasladar a las pymes?
Sin tener obligatoriedad, ahora las pymes tienen un marco de referencia para poder trabajar la sostenibilidad y el sentido de la responsabilidad. La debida diligencia sienta las bases del trabajo para que cualquier empresa, sea del tamaño que sea, pueda adaptar sus modelos empresariales para respetar los derechos humanos y medioambientales. A la hora de vender sus productos y servicios con los consumidores, vamos a exigir que, independientemente del tamaño de la empresa, la oferta empresarial cumpla con una serie de requisitos sociales, económicos y medioambientales y estos tendrán que ser desarrollados por todo tipo de tamaño de empresas.
Las pequeñas empresas y los trabajadores autónomos constituyen los principales proveedores de empleo a nivel mundial. Hace poco publicamos desde Fairtrade y B Lab el manual 'Personas y planeta en los negocios: una guía sencilla sobre cómo las pequeñas y microempresas pueden iniciar o fortalecer su debida diligencia’. Esta guía ofrece orientación personalizada sobre cómo las pequeñas y microempresas de todos los sectores pueden identificar, prevenir, mitigar y dar cuenta del impacto negativo de sus empresas sobre derechos humanos y medio ambiente.
Los conflictos bélicos como las guerras de Ucrania y Gaza suponen severas amenazas a los derechos humanos y tienen un fuerte impacto en el suministro de alimentos y otros elementos básicos para la vida. ¿Qué pueden hacer las empresas para evitar estas situaciones?
Las empresas, independientemente del motivo del conflicto, deben mantenerse firmes en su apuesta por la sostenibilidad y exigir a sus cadenas de aprovisionamiento que cumplan los derechos humanos y medioambientales. Lo primero que hace la nueva normativa es obligar a las empresas a reconocer los riesgos que existen en sus cadenas de aprovisionamiento. Este reconocimiento ya es un primer gran paso para conseguir evitarlos.
¿Cree que las empresas deben ser más ‘activistas’ en un contexto como el actual?
Creo que es deber de todos ser más activistas, el cambio no se puede realizar si no se hace de forma global y conjunto. La sociedad y la economía deben ir de la mano y apostar decididamente por un futuro justo y sostenible.
¿Cree que el concepto de ‘comercio justo’ está amenazado?
La justicia está como nunca en este tema. El comercio justo apuesta por un comercio sostenible que cumpla con unos requisitos de sostenibilidad económica, social y medioambiental y le añade el apellido de justo mediante el empoderamiento de los productores, que son el eje central del nuestro trabajo. Sirva como ejemplo que, en el sistema Fairtrade, los productores tienen el 50 % del voto en las asambleas generales y las cooperativas productoras son las que deciden en qué se invierten los fondos de prima Fairtrade a nivel local. El comercio justo en España registra un crecimiento consolidado gracias a un incremento acumulado de ventas de más de 220 %, en los últimos cinco años
Vemos que el encarecimiento de los alimentos se produce prácticamente desde su origen. En su opinión, ¿cómo podemos combatir la inflación?
Como todas las cadenas mundiales de aprovisionamiento, no somos ajenos a la subida de costes de producción, energía y demás insumos. Desde Fairtrade trabajamos relaciones comerciales justas y sólidas con todos los intervinientes de la cadena de aprovisionamiento para conseguir precios justos y una seguridad alimentaria frente a un desafío climático y un entorno cambiante. Los criterios económicos de Fairtrade son la columna vertebral de nuestro enfoque sostenible y se basan en dos herramientas de trabajo fundamentales:
• Los precios mínimos: tienen como objetivo cubrir los costes de una producción sostenible y ejercen como una verdadera red de seguridad vital cuando los precios del mercado caen.
• La Prima Fairtrade: suma adicional de dinero pagada además del precio mínimo para invertir en proyectos comerciales o comunitarios de su elección.
Los precios mínimos de gran parte de nuestras materias primas, como el café o el cacao, se negocian con más de un año de anticipo a la llegada del producto y precisamente ahora estamos en plena revisión de los precios mínimos de nuestras materias primas.
¿Cómo funciona su propuesta de precios mínimos?
Mediante un listado público, queremos garantizar que los productores reciban precios que cubran sus costes medios de producción sostenible, sirviendo de red de seguridad para los productores. Además, tenemos la Prima Fairtrade, cantidad adicional que puede invertirse en proyectos que mejoren el desarrollo social, económico y medioambiental. Trabajamos en la prefinanciación a los productores y facilitamos las asociaciones comerciales a largo plazo.
¿Qué es lo que certifica Fairtrade?
Fairtrade, mediante un sistema de certificación y auditoría independiente, fija unos rigurosos estándares que deben cumplirse en cada uno de los intervinientes en las cadenas de aprovisionamiento, respetando los mismos criterios sociales, económicos y medioambientales. De esta manera, todos los agentes económicos trabajan con los mismos estándares y deben cumplir los mismos requisitos. Nos aseguramos de que los consumidores, cuando ven un producto certificado por Fairtrade, sepan cómo se ha producido ese producto.
¿Qué objetivos a medio plazo tiene la firma?
La certificación no es diligencia debida. La diligencia debida es un proceso de gestión de riesgos, donde la certificación se puede utilizar como una herramienta. Queremos posicionar a Fairtrade como un socio de las empresas para el desarrollo de sus políticas, responsables y sociales. Fairtrade puede asesorar sobre cómo llevar a cabo la debida diligencia, incluyendo la identificación, el tratamiento, la remediación y el seguimiento de los derechos humanos y los riesgos y desafíos ambientales en las cadenas de suministros
Aportamos, además, elementos fundamentales de las acciones de mitigación y remediación como el compromiso de los titulares de derechos, los precios mínimos, las Primas Fairtrade, el apoyo directo a las organizaciones de productores, los programas y las acciones de sensibilizació
