El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha expresado su escepticismo sobre la posibilidad de que se prohíba el motor de combustión para 2035. Durante una entrevista con el diario El Correo, publicada por Europa Press, Imaz defendió la necesidad de una transición energética que sea «inteligente» y crítico con decisiones que califica de «catastróficas».
Sobre la revisión fiscal acordada por el PNV y el PSE-EE con Podemos, Imaz indicó que el mensaje hacia las grandes empresas es «injusto». Afirmó que si hubiera estado vigente la prórroga de la tasa a las energéticas, esto habría generado un marco que penalizaría la inversión en España, especialmente en los sectores de refino y química. En octubre, Imaz había escrito un artículo titulado «Industria y populismo» relacionado con esta cuestión.
Imaz destacó que en lugar de criticar las decisiones por «las trastiendas», él prefiere ser «leal y transparente»
El ejecutivo de Repsol también recordó que, gracias a la oposición de Junts, el PNV, el PP y Vox, se evitó la aprobación de la prórroga de la tasa, lo que a su juicio era vital para la industria. Imaz argumentó que Repsol tiene una estructura industrial integrada, por lo que invertir en Petronor sin atender a otros sectores sería «inviable».
Respecto al futuro del motor de combustión, Imaz enfatizó que se necesita «un giro radical», advirtiendo del daño que las decisiones actuales están infligiendo al sector automotriz. Explicó que la tendencia a centrarse únicamente en la movilidad eléctrica podría resultar contraproducente, señalando que esta tecnología es solo parte de la solución.
Imaz también subrayó que un motor de combustión utilizando combustible renovable puede generar menos emisiones a lo largo de su ciclo de vida en comparación con un vehículo eléctrico. Según él, esta situación podría generar una «reacción social y laboral» que incite a los gobiernos a reconsiderar su enfoque sobre la transición energética.
Los políticos están tomando decisiones sobre tecnologías «sin ningún fundamento científico»
En cuanto a la disputa judicial con Iberdrola, Imaz aseguró que existe «una decisión judicial clara» a favor de Repsol, cerrando este capítulo. Además, se refirió a la necesidad de priorizar la competitividad en un contexto donde los territorios compiten por atraer inversión y talento, insistiendo en que no se debe penalizar a las empresas más grandes por su éxito.
Finalmente, destacó que es vital «valorar el papel del empresariado» y que las políticas públicas deben estar enfocadas en superar los desafíos que han afectado a la economía.
