La Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (Fedepesca) ha expresado su respaldo al retraso en la imposición obligatoria de VeriFactu. Esta postura coincide con la de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), que sugiere evitar duplicidades y costes innecesarios en la transición al nuevo modelo europeo de información del IVA.
En un comunicado, las pescaderías destacaron su apoyo al avance en digitalización, trazabilidad y modernización de las obligaciones fiscales, pero subrayaron la necesidad de que este proceso se lleve a cabo con planificación y seguridad jurídica. Fedepesca insiste en que la implantación de VeriFactu debe tener en cuenta las características de microempresas y pequeños establecimientos, para evitar forzar a los autónomos a adaptaciones tecnológicas rápidas y costosas.
Las pescaderías proponen exonerar del sistema a las microempresas más vulnerables, especialmente a los autónomos minoristas en régimen de recargo de equivalencia, así como ofrecer un tratamiento específico para las ventas mediadas por báscula. La adaptación a VeriFactu requiere inversiones significativas en básculas o sistemas alternativos adecuados, lo que supone un desafío para los negocios familiares y autónomos que dominan el sector.
Fedepesca recalca que la digitalización debe simplificar y mejorar la eficiencia del sistema, no superponer nuevas obligaciones ni generar costes desproporcionados para el pequeño comercio
Ante este panorama, la organización aboga por aprovechar el aplazamiento para replantear el cronograma y buscar un modelo más coherente y compatible con el marco europeo ViDA. Además, Fedepesca solicita medidas de apoyo reales para las pequeñas empresas, como soluciones técnicas sencillas, moratorias suficientes o deducciones fiscales que compensen en parte las inversiones necesarias.
La patronal de las pescaderías reafirma su compromiso con la modernización y el cumplimiento normativo, pero insiste en que las obligaciones digitales deben implementarse gradualmente para asegurar que la transición no afecte negativamente a un comercio vital para la economía local y la cohesión social.
