El Banco Popular formaba parte del boyante sector financiero español. A priori, había superado la grave crisis que sufrió el sector en España, al calor de un sector inmobiliario que cayó y terminó por quemar a muchas entidades, sobre todo cajas, que a causa de ello desaparecieron del mapa.
Leer información de aquel tiempo retrotrae a un momento no tan lejano, pero desde el que han pasado muchas cosas. Solo en el ámbito bancario, hemos dicho adiós a las siglas de varias entidades, entre ellas Bankia o Liberbank. "Me voy con la tranquilidad del deber cumplido", decía el expresidente de Banco Popular, Ángel Ron, en el momento en el que pasaba el testigo a Emilio Saracho.
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, no piensa lo mismo, puesto que se propone juzgar a Ángel Ron por estafa. Los inversores "fueron engañados", afirma Calama, al referirse a la ampliación de capital que ejecutó Ron, al amparo de cifras supervisadas por PwC y que, según el juez, no reflejaban la realidad del banco.
La Justicia pone de manifiesto que la ampliación de capital de 2016 no se hizo como debió hacerse. Por no entrar en excesivos detales, la supuesta estafa consistió en que gran parte de los impagos que sufría Popular se refinanciaron, excediendo las normativas estipuladas. A la vez, dichos créditos dudosos se trasladaban a sociedades con sede en Luxemburgo, con el objetivo de que esos préstamos mantuvieran la calidad de viables, cuando no lo eran.
Ángel Ron, al igual que el resto de directivos, dieron luz verde a la ampliación de capital, sin que PwC alzara la voz de alarma. En su informe de auditoría no introdujo ninguna salvedad, pese a que, según el juez, si los números de la entidad se hubieran contabilizado correctamente, Banco Popular habría superado los 2.500 millones de euros de pérdidas contables, en lugar de los 105 millones de euros que publicó.
El directivo de origen gallego defendió en su última rueda de prensa, la de presentación de resultados de 2016, que los tipos bajos de interés, la sobrerregulación y la competencia desleal de otros bancos habían llevado al banco a la situación que estaba: pérdidas de 3.485 millones de euros en 2016, las mayores de su historia.
Ese año, la entidad destinó 5.692 millones de euros a provisiones para tapar los agujeros derivados de los activos inmobiliarios con los que contaba, así como para devolver las cláusulas suelo, otro proceso judicial que se saldó en su contra. Es de suponer que entre esas provisiones hay que situar los 2.500 millones del año anterior de los que habla el juez.
Con respecto al negocio inmobiliario, Ron dejó claro que "el banco hizo lo que tenía que hacer", pese a que, según publicó El País, dichas inversiones eran muy fuertes en relación con el balance del banco.
Hay consenso en que la principal causa de la caída de Banco Popular fue la inversión en vivienda, pero el presidente por entonces no vio un error en ello, ni siquiera después de presentar unas pérdidas de casi 3.500 millones de euros: "En el momento que se acumularon estos activos, el crecimiento de la economía se basaba en el negocio inmobiliario, nadie se quería quedar al margen, y había riesgo de desaparecer si no se estaba así".
En sus 70 años de historia, 2016 marcó el récord de pérdidas, aunque en años anteriores también se sucedieron cuantiosos números rojos. En 2012, las pérdidas alcanzaron los 2.461 millones. Desde 2009, Banco Popular perdió 5.946 millones de euros, frente a los beneficios de 2.120 millones.
Otro problema fue que esos números fueron minando la confianza inversora en el banco. En los 15 años anteriores a su desaparición y con las cuantiosas pérdidas que presentó en los últimos, el valor de la acción se redujo un 90%. Con estos mimbres, Popular inició una ampliación de capital que paliara sus necesidades financieras, de modo que se superaran los ratios de solvencia a los que se someten por parte de los supervisores.
Vendida por un euro
La delicada situación del banco no mejoró tras la salida de Ángel Ron y la entrada de Emilio Saracho. Durante los meses siguientes, la prensa se hizo eco de las dudas habidas contra la gestión del banco y su situación real. Emilio Saracho estaba en el punto de mira judicial por las "graves filtraciones" que se produjeron en ese tiempo, si bien el juez rechaza que fuera el responsable.
El efecto de las apariciones en prensa de Popular fue la fuga de depósitos, que minó aún más la salud de las cuentas. Así, su valor bursátil continuó reduciéndose, para mal de los accionistas de la entidad, incluidos los que acudieron a la ampliación de capital del año anterior.
La solución no contentó a los pequeños accionistas, pero sí evitó otro rescate con dinero público. Bruselas convocó una subasta exprés para que el Banco Santander se hiciera con el Popular por el precio de un euro. Se trataba de un valor simbólico, puesto que el coste para el banco que preside Ana Botín radicaba en la ampliación de capital que tuvo que hacer, por valor de 7.000 millones de euros.
La Junta Única de Resolución declaró el banco como "entidad inviable" o, dicho de otro modo, que estaba prácticamente en quiebra. Dicha junta justificó tal resolución por la fuga de depósitos, que había deteriorado la liquidez que hubiera necesitado el banco para afrontar más ajustes. En ese sentido, no se dijo nada de la ampliación de capital, pero las pérdidas y la evolución posterior de los acontecimientos hablaron por sí solas.
Precisamente, ese es el argumento que esgrime Ángel Ron, quien tras su imputación rechaza los cargos y apunta en otra dirección. "Las pérdidas sufridas por los inversores son consecuencia de la decisión administrativa de resolver la entidad y proceder a su venta a través de un procedimiento de subasta competitiva", defiende Ron, en un comunicado que se hizo público al conocerse la decisión judicial.
Lo cierto es que, tras los resultados de 2016, el banco valía en bolsa 3.676 millones, la mitad que Bankinter, a pesar de que su balance era más del doble de grande. Ron, por su parte, insiste en que durante su mandato se reforzaron las provisiones, mientras que los cálculos hechos por el juez no tienen valor real, dado que a su juicio son simulaciones.
En este panorama y tras seis años y medio, las pesquisas judiciales siguen su curso, con los accionistas como principales perjudicados. Este proceso ya se ha convertido en uno de los casos más longevos intruidos por la Audiencia Nacional.
