El grupo plurinacional Sumar ha registrado recientemente una iniciativa en el Congreso que busca prohibir la publicidad de créditos rápidos que resalten la facilidad de obtención. Esta propuesta, presentada por los diputados Félix Alonso y Aina Vidal, también exige una supervisión más rigurosa de las empresas que ofrecen estos productos financieros para erradicar prácticas abusivas y salvaguardar los derechos de los consumidores.
Preocupación por el auge de préstamos con intereses exorbitantes
Los diputados de Sumar alertan sobre el aumento en la proliferación de empresas que publicitan créditos de bajo importe, que oscilan entre 50 y 1.000 euros, a través de medios como metro, televisión e Internet. En algunos casos, se llegan a imponer intereses que alcanzan cifras escandalosas que van desde el 4.000% hasta el 59.000% de Tasa Anual Equivalente (TAE). La falta de una adecuada regulación y supervisión por parte del Banco de España ha permitido que estas compañías otorguen préstamos sin las debidas licencias, y muchas de ellas operan incluso desde el extranjero.
Propuestas para fortalecer la protección al consumidor
Dentro de su propuesta, Sumar plantea varias medidas para limitar el poder de estas entidades, argumentando que buscan «crear espirales de dependencia» que explotan situaciones de vulnerabilidad económica. Entre las acciones solicitadas al Gobierno se incluyen:
- Definir criterios claros para catalogar lo que se considera un préstamo abusivo.
- Regular los créditos inferiores a 200 euros, actualmente excluidos de la normativa vigente.
- Establecer un mecanismo de registro y supervisión para todos los prestamistas de crédito al consumo.
- Crear modelos contractuales estándar desde la administración que protejan al consumidor.
Además, Sumar propone que esta supervisión recaiga en el Banco de España, garantizando un control efectivo sobre las entidades que operan en el sector. Por último, el grupo sugiere la elaboración de un estudio en colaboración con diversas administraciones, utilizando tecnología como la Inteligencia Artificial para identificar anuncios engañosos y actitudes fraudulentas, con el fin de sancionar adecuadamente a aquellos que infrinjan la ley
