La regulación de los alquileres de corta duración en España podría comprometer hasta 30.000 millones de euros, equivalentes al 2% del PIB, así como 400.000 empleos, según un reciente informe elaborado por Oxford Economics, que utiliza datos proporcionados por Eurostat y Airbnb. Frente a esta situación, la plataforma de alquiler ha criticado el trabajo realizado por las autoridades, argumentando que las normativas se han formulado «sin tener en cuenta consideraciones importantes», tales como la ubicación, ya sea rural o urbana, y el tipo de actividad, que puede ser ocasional o dedicada.
Esto se ha traducido en prohibiciones generales en algunas ciudades, regulaciones regionales restrictivas amplias o una burocracia excesiva que está expulsando a quienes realizan esta actividad de manera ocasional, principalmente familias, sin resolver ninguno de los problemas
Airbnb ha hecho un llamado a los reguladores sobre la necesidad de fomentar los beneficios que la actividad de alquiler representa para las familias, las áreas rurales y los pequeños comercios, instando a no considerar esta práctica como el «chivo expiatorio» de los complejos desafíos que enfrenta el sector de la vivienda. A pesar de sus críticas, la compañía reconoce que en determinadas ciudades y destinos españoles, la llegada del turismo masivo y la alta concentración de la actividad turística constituyen un desafío significativo, alineándose así con los gobiernos en su intención de abordar la crisis de vivienda.
Propuesta de modelo regulatorio por parte de Airbnb
El modelo de regulación que propone Airbnb se fundamenta en cuatro principios esenciales. El primero consiste en establecer una distinción clara entre las actividades empresariales que se dedican exclusivamente al alquiler de corta duración y el hospedaje ocasional en los hogares de las familias. La plataforma también sugiere la creación de un sistema de registro único, armonizado, gratuito y en línea, de acuerdo con las normativas de la Unión Europea. Además, estas reglas deben estar basadas en evidencias y datos, y ser justas y no discriminatorias. Por último, el cuarto principio se centra en adaptar las regulaciones a las necesidades de áreas menos conocidas y menos transitadas, típicamente rurales, a fin de promover la dispersión de los viajes a lo largo del territorio español.
