“Los responsables de la gestión presupuestaria de la Administración deben preguntarse por qué el Estado español tiene que pedirle al mercado un crédito de más de 70.000 millones ‘extra’ cada año”
El aumento de los precios tiene un efecto directo en el bolsillo y en el ahorro de los ciudadanos, así como en la cuenta de resultados de muchas empresas, que tienen que gastar más para comprar lo mismo o menos. Pero su impacto no es negativo para el Estado, sino todo lo contrario. Realmente, la inflación es una perfecta aliada que mejora la estadística macroeconómica y reduce, por extensión, todas las ratios macroeconómicas que reflejan los desequilibrios de nuestro país.
El impacto de la subida de precios sobre la economía española en 2023 se cifra en casi 81.000 millones de euros en términos de PIB, según se desprende de las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto representa aproximadamente el 70% de los 115.700 millones adicionales que fue capaz de generar España el año pasado. Nuestro país, en términos reales, creció un 2,5%, mientras que el deflactor del PIB -la inflación- sumó otro 6% al nominal hasta elevar por encima de 1,46 billones de euros la ‘riqueza’ generada el año pasado.
Llevado al terreno de la estadística, esto tiene un impacto directo y positivo en las variables macroeconómicas españolas. Esos 1,46 billones de euros, ‘vitaminados’ con el efecto de la inflación y el gasto público, explican por qué el Gobierno presume de haber “reducido” la deuda, cuando la realidad es bien distinta. El endeudamiento conjunto del Estado, las comunidades, las corporaciones locales y el resto de organismos de la Administración aumenta año tras año, sin parar, desde 2008.
La deuda pública superó en 2023 los 1,57 billones de euros, según el Banco de España, 72.000 millones más que en 2022. Esta cifra refleja un aumento del 4,8% en términos brutos, casi el doble, por tanto, que el incremento del PIB real (el citado +2,5%). Esto implica, en resumen, que la Administración Pública española está hoy bastante más endeudada que hace un año. De hecho, el incremento del pasivo público en circulación fue muy similar en 2023 al que se registró en 2022, de cerca de 75.000 millones.
Y aquí viene la ‘trampa’: Lo que sí se ha reducido, por el citado efecto de la inflación y del gasto público en la economía, es la ratio de deuda pública respecto al PIB. Si el pasivo aumenta en 72.000 millones en un año y la economía española genera 115.700 millones más ese mismo año respecto al anterior, es decir, en el mismo periodo, lo único que podemos inferir es que el PIB crece más que el endeudamiento. Pero ambos volúmenes aumentan, ninguno se reduce.
El debate de fondo reside en el control del déficit público, no en si la deuda se reduce en términos estadísticos o reales, y es justo el que no conseguimos escuchar. Los responsables de la gestión presupuestaria de las Administraciones Públicas deberían preguntarse por qué el Estado español tiene que pedirle prestados a los inversores más de 70.000 millones ‘extra’ cada año. Este ‘crédito’ se suma a las refinanciaciones de lo que ya se pidió en el pasado.
También deberían preguntarse por qué cada español tiene una ‘losa’ de cerca de 33.000 euros de deuda pública porque la Administración gasta todos los ejercicios mucho más de lo que ingresa. Un país muy endeudado es un país menos libre, y ese es el modelo recurrente de crecimiento por el que transita España desde la crisis financiera de 2008.
