“Por el buen funcionamiento de cualquier empresa privada, sus órganos de gobierno deberían estar liderados por expertos gestores y ejecutivos, y no por políticos”
A principios de año, Telefónica acordó con los sindicatos las condiciones del recorte de plantilla (ERE) en un momento muy delicado para la compañía por el terremoto accionarial derivado de la rentrée del Estado español como inversor. Surgen muchas dudas sobre la decisión de adquirir el 10% de la compañía, especialmente por producirse tras la irrupción en su capital de un nuevo accionista como es el Gobierno de Arabia Saudí a través de STC (Saudi Telecom Company).
La gran pregunta a responder por el Estado como nuevo inversor sería: ¿Por qué adquiero el 10% de Telefónica?, así como, ¿de dónde voy a sacar la financiación, y cuál es mi coste de oportunidad? La respuesta oficial a la primera pregunta es la de trasfondo estratégico y protección del interés nacional, que en general no están convenciendo al sector, ni al mercado.
Asumiendo que este fuera el propósito, el impedimento clave estaría relacionado con la financiación. Una compra apalancada significaría aumentar nuestra deuda pública, y en cualquier caso implicaría una adquisición con dinero público con un impacto aproximado de 2.000 millones de euros (equivalente al IVA anual de los alimentos). Esta decisión es muy cuestionable en un país administrado por un Gobierno que alcanza una deuda histórica récord con un déficit crónico galopante.
Otra incógnita sería, ¿por qué, si es un activo estratégico de país, se ha dejado pasar tanto tiempo para volver a su accionariado? Cabe resaltar que la privatización de Telefónica finalizó en 1997 y hasta la entrada del fondo árabe no se había planteado en la hoja de ruta de ningún Gobierno.
En otros países de nuestro entorno, como Francia, Alemania o Italia, sus Gobiernos conservan un porcentaje del capital -entre el 10 y el 15%- de las telecos que fueron monopolios, para ostentar control e información de un sector estratégico, aunque en ningún país se ha visto una recompra tras la salida de su accionariado.
Es relevante entender cómo la toma de posiciones en Telefónica puede favorecer injerencias del Estado en un mercado extremadamente competitivo y en durísima transformación. Este Gobierno ha demostrado reiteradamente interés por intervenir en esferas del ámbito privado, y en este caso podría existir un conflicto de interés por la doble vertiente juez -regulador a través de la CNMC- y parte -accionista de Telefónica- una dualidad que puede confundir en la toma de decisiones estratégicas.
El Estado será el primer accionista de Telefónica, con vocación de permanencia y participación en el Consejo. A partir de aquí, veremos hasta qué punto la compañía puede ejecutar el nuevo plan estratégico 2023-2026 en el año de su centenario.
También hace meses advertimos cómo el Estado, vía SEPI, aumentaba al 28% su participación en Indra, siendo el accionista referente de otra empresa de carácter estratégico al poseer como cliente al Ministerio de Defensa en proyectos tecnológicos de corte militar vinculados a la innovación y ciberseguridad.
Este movimiento en Indra posee ciertas similitudes con la entrada en Telefónica, y solo el tiempo desvelará si ambas compañías se ‘encuentran’ en un futuro, pues Indra sigue explorando comprador para Minsait (área de tecnología no vinculada a los sectores de transporte y defensa) y Telefónica buscando socio que refuerce Telefónica Tech en el mercado B2B. Si así fuera, nos encontraríamos con el Estado a ambos lados de la mesa de negociación.
Todas estas noticias, incluidas las presiones de algunos socios de Gobierno para vetar la entrada en Naturgy del fondo Blackrock (también accionista de Telefónica) y el reciente encuentro del presidente con los máximos directivos del Ibex35 en Davos, parecen indicar que podríamos ir hacia una mayor involucración y control del Estado en ciertas empresas.
Por el buen funcionamiento de Telefónica, y de cualquier empresa privada, los órganos de gobierno, especialmente sus Consejos de Administración, deberían estar liderados por expertos gestores y ejecutivos, y no por políticos, garantizando la independencia en la toma de decisiones, protegiendo los intereses de accionistas, empleados y la sociedad en su conjunto. Recordemos las palabras de Montesquieu: "El único modo de garantizar la libertad es limitar el poder del Gobierno".
