“Es igual de importante tener los datos que compartirlos entre administraciones, y aquí vuelve a ser clave la voluntad política”
La transición hacia una Administración Pública digital es un proceso irrevocable que la pandemia de la Covid-19 aceleró. Hoy en día, gracias a la tecnología, es común que los ciudadanos resuelvan de manera online trámites que antes reclamaban presencialidad. Este es solo un primer paso que demuestra cómo cambiará nuestra relación con los organismos públicos en un futuro próximo.
El procesamiento de la gran cantidad de datos de los que dispone la administración, junto con la aplicación de la inteligencia artificial (IA) para hacer más eficientes y personalizados los procesos, serán los catalizadores que conseguirán transformar nuestro sistema público. Así, hablaremos no solo de la realización de trámites a distancia, sino de utilizar de forma inteligente los datos para mejorar servicios públicos tan relevantes como la sanidad o la seguridad. Acciones que ya se están llevando a cabo en otros países en los que, gracias a la IA, es posible ofrecer diagnósticos médicos más rápidos, prevenir incendios o anticipar delitos.
La aplicación de la IA en el sistema público español ya se está realizando en algunos proyectos, pero todavía debe impulsarse más. Según el índice ‘IA Readiness’ de Oxford Insights de 2022, España se encuentra en las últimas posiciones en la región Europa Occidental en cuanto a la aplicación de la IA. Hay que provocar un fuerte impulso del uso de los datos en las administraciones y, si bien aún falta para lograrlo, el motivo no es la tecnología per se, puesto que ya contamos con las suficientes herramientas como para ser capaces de transformar nuestra realidad en ciudades conectadas y servicios administrativos personalizados.
Si la tecnología ya está lo suficientemente avanzada, los esfuerzos deben centrarse en las personas. Y es ahí donde encontramos el mayor de los retos para que esta transformación se lleve a cabo, pues lo primero que necesitamos es el compromiso por parte de los poderes administrativos. Pero también es imprescindible contar con los trabajadores de la Administración, que vean en el uso de estas tecnologías una oportunidad para desarrollar su trabajo de manera más efectiva, ágil y que aporte más valor al ciudadano.
Sobre este aspecto, la falta de talento relacionado con los datos es otra de las dificultades a las que hay que hacer frente. Según un informe realizado por la Unión Europea, en 2025 vamos a necesitar 11 millones de especialistas alrededor del dato y, en este sentido, las administraciones deberán competir con el sector privado para atraer a todos esos profesionales.
En este repaso por la responsabilidad que tiene cada uno, es fundamental no olvidarse de la que tienen los ciudadanos. A estos les corresponde facilitar los consentimientos para que los Estados puedan hacer uso responsable de sus datos. Y, para ganarse su confianza, es fundamental una estrategia clara, que evangelice sobre el correcto uso que el ente público hace de ellos, siempre pensando en el beneficio de la ciudadanía.
Cuantos más datos de los ciudadanos puedan utilizarse en los distintos ámbitos públicos, más acciones podrán llevarse a cabo. En este sentido, es igual de importante tenerlos que compartirlos entre administraciones. Aquí vuelve a ser clave la voluntad política, que deberá priorizar el acuerdo entre administraciones, dada la descentralización de muchos de nuestros servicios públicos, velando siempre por una interoperabilidad real.
Aunque quede camino por recorrer, ya tenemos terreno ganado y es importante no dar pasos atrás, sobre todo ahora que contamos con fondos europeos dirigidos a impulsar la digitalización. Esta inyección financiera clave debe aprovecharse para hacer real esta transformación que la Administración Pública reclama. De no realizarse, otras entidades privadas comenzarán a ofrecer la realización todo tipo de trámites públicos a través de ellas. Hay que decir que el impulso del sector público es el impulso de la sociedad.
