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Opinión

Juan Ramón Rallo

Los riesgos para la sostenibilidad de la deuda pública española

“Para el Gobierno, ganar las elecciones a golpe de chequera resulta más importante que la viabilidad financiera a largo plazo de España"

La deuda pública española equivale al 115% de su PIB. Se trata de un porcentaje inusualmente elevado que genera más que comprensibles dudas acerca de su sostenibilidad futura. ¿Realmente seremos capaces de mantenernos solventes en el futuro con toda esa carga de pasivos a nuestras espaldas? 

Para analizar la sostenibilidad de la deuda pública de cualquier país, es necesario tener en cuenta que ésta es un producto de tres términos: primero, el déficit primario anual sobre el PIB; segundo, el tipo de interés medio de la deuda, y tercero, el crecimiento del PIB nominal (el cual a su vez puede descomponerse en el crecimiento del PIB real y en la tasa de inflación). El déficit primario y el tipo de interés medio de la deuda tienden a incrementar la ratio de deuda pública sobre PIB, mientras que el crecimiento de PIB nominal contribuye a reducirlo. 

Por ejemplo, supongamos que hemos conseguido erradicar el déficit primario, que el tipo de interés medio de nuestra deuda pública se ubica a largo plazo en el 3% y, a su vez, que nuestra economía consigue una tasa de crecimiento del PIB nominal promedio del 3% año tras año: en tal caso, nuestro stock de deuda pública sobre el PIB se mantendría constante. Si, en cambio, consiguiéramos que nuestro PIB nominal aumentara al 5% anual (un crecimiento real del 2% y un aumento de la inflación del 3%) y nuevamente no tuviéramos déficit primario, en 15 años conseguiríamos que el stock de deuda pública sobre el PIB bajara al 87%. 

La clave para controlar nuestra deuda pública, pues, pasa por controlar los tipos de interés sobre la deuda y nuestro déficit primario. Si éstos se descontrolan, podemos acabar teniendo problemas. Verbigracia, y por acudir a escenarios algo más realistas: si, a largo plazo, los tipos de interés medios se ubicaran en el 3,5% y el déficit primario quedara estancado en el 2,5% del PIB (manteniendo la hipótesis de un crecimiento del PIB nominal del 5% al año), el peso de nuestra deuda pública sobre el PIB jamás se reduciría: en tres décadas, de hecho, se habría incrementado desde el 115% actual al 132%... Y subiendo. 

Si nos ponemos más catastrofistas, y consideramos un escenario en el que los tipos de interés medios de la deuda suben al 5%, el déficit primario promedio se eleva al 3,5% y el crecimiento del PIB nominal baja al 4%, en 30 años nos iríamos a una ratio de deuda pública sobre el PIB del 263% (en realidad, habríamos quebrado mucho antes). 

Los anteriores escenarios no son predicciones, sino meras simulaciones de qué ocurriría en distintos contextos macroeconómicos. Como tal, pues, no pretenden anticipar cuál será el camino que recorrerá España. Pero sí deberían ponernos en alerta sobre el fino hilo de alambre por el que nos desplazamos: basta con que algunos de los parámetros anteriores viren en una dirección problemática para que corramos un serio peligro de despeñarnos. Y algunos de esos parámetros ya están virando en esa preocupante dirección: el tipo de interés de la deuda a 10 años ya se ubica en el 3,5% y las expectativas de inflación a 10 años no se han disparado (lo que significa que el crecimiento del PIB nominal tampoco lo hará).  

En este contexto, la decisión más razonable, prudente y responsable que podría tomar un gobierno es meter en vereda el déficit primario para, al menos, estabilizar la ratio deuda/PIB por ese lado. No en vano, el déficit primario es la única variable que en gran medida controla el Ejecutivo (ni el tipo de interés medio de la deuda, ni la tasa de crecimiento real, ni la tasa de inflación son variables sobre las que ejerza control). Es decir, que el único granito de arena que podría realmente aportar el Gobierno pasa por controlar el desequilibrio de las cuentas públicas. Pero ni siquiera con eso está ayudando, dado que ganar las elecciones a golpe de chequera resulta más importante que la viabilidad financiera a largo plazo de España. 

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