“Igualar rentas y patrimonios de manera generalizada, además de ser objetivamente injusto, desincentiva el esfuerzo creativo de las fuerzas más eficientes”, escribe Joaquín Mª Nebreda en su artículo sobre economía
La igualdad entre los ciudadanos solo puede ser una aspiración limitada por la libertad individual, por las capacidades y méritos y por otras circunstancias inevitables muy diversas. El dualismo antropológico (espíritu y materia) hace que todos los seres humanos del planeta seamos distintos, ni ha habido dos iguales desde nuestra aparición en la tierra, ni los habrá en el futuro.
Esta desigualdad esencial, llevada al ámbito de un Estado, se perfecciona en buena medida porque todo Estado civilizado tiene como objetivos tanto la igualdad de todos frente a las leyes básicas de la convivencia como, también, la igualdad de partida de todos, lo que exigiría sistemas educativos que ofrezcan similares condiciones de salida, acomodadas a las distintas personalidades. En España no ocurre tal cosa, ni por la calidad del sistema educativo (su laxitud beneficia a las capas más favorecidas), ni por la falta de interés de un grupo no menor de la población (en la franja de españoles entre 25 y 35 años, el 27% no concluyó la ESO, por desinterés de alumnos y padres).
Pero lo importante es resaltar que la igualdad económica y social, en una sociedad de nuestro tiempo y ámbito, no es un valor significativo. Lo significativo sería saber cuántas personas, por qué no alcanzan un nivel digno de viva y cómo podrían alcanzarlo. ‘Quitar y repartir’ nada resolvería, sólo puede resolverlo el fomento de la formación y aumentado la riqueza nacional, con un Estado eficiente que estableciera las condiciones óptimas para que el torrente económico de la nación se destine a actividades económica y socialmente rentables y no se distraiga en excesos del sector público.
Otro aspecto relativo a la igualdad es el que hace referencia a la redistribución entre regiones de un mismo Estado. Si algo es esencial a la idea de nación, entendida como un colectivo humano con destino común, es la exigencia de solidaridad interregional, de modo que se establezca un permanente reequilibrio fiscal para que las regiones con mayor capacidad aporten a las de menor, de modo que se propicie el afloramiento de nuevas rentas en las zonas menos favorecidas.
Esta solidaridad interregional no es una bonita intención sino una exigencia constitucional (138 CE). En esta materia, España no está ni medianamente bien, con el agravante de que existe un pacto no escrito para no ‘mentar la bicha’. Cataluña, como más adelante digo, participa en la solidaridad interregional pero lleva conseguidos más de 70.000 millones de euros en créditos que ‘pueden apuntarse en la barra de hielo’ en cualquier negociación post-electoral.
Navarra y el País Vasco disfrutan de injustificados conciertos económicos, que, si desde el punto de vista jurídico e histórico son una patraña, desde el punto de vista de la solidaridad, son manifiestamente inconstitucionales (art. 31,1, CE), tanto como la amnistía y el referéndum que ahora nos entretiene.
En definitiva, el parámetro igualdad/desigualdad en el ámbito patrimonial y de renta de los ciudadanos teniendo un evidente valor prospectivo y sociológico. No puede justificar la pretensión, o la tendencia, de igualar rentas y patrimonios de manera generalizada, porque, además de objetivamente injusto, atentaría contra la diversidad de nuestra naturaleza y acabaría desincentivando el esfuerzo creativo de las fuerzas más eficientes de la sociedad, teniendo una carga demagógica que, como toda demagogia, no sólo es improductiva sino socialmente demoledora.
El igualitarismo no lleva a ningún sitio, lo que importa es el esfuerzo, la productividad y el equilibrio entre el valor del trabajo y el del capital. Con independencia, naturalmente, de resolver las situaciones límite, no con la beneficencia, sino incorporando al esfuerzo común a quienes estén en estas circunstancias, lo que exige una sociedad próspera, muy dinámica, en la que todos quepan. Desde luego, favorecería este ideal una solidaridad interregional equilibrada.
En números redondos, la comunidad de Madrid aporta el 70% del fondo de solidaridad; la de Cataluña, el 25% y la de Baleares, el 5%, mientras que las del País Vasco y la de Navarra permanecen ajenas a este esfuerzo. Así que, en materia de igualdad, empecemos por la igualdad política de todos los españoles, que es más fácil y eficaz.
