La batalla ideológica entre conservadores y socialdemócratas -con sus diferentes ‘niveles’ o estratos a derecha e izquierda, entiéndase- se traslada al terreno fiscal en cada legislatura. Los impuestos se convierten en el arma arrojadiza de los políticos, que quieren hacer creer a los electores que una subida tributaria a los grandes capitales sólo la pagan aquellos contribuyentes que ingresan más de 600.000 euros anuales. Como si esta restricción de liquidez no tuviera impacto en su capacidad de gasto en la denominada como ‘economía real’.
Por extensión, también predican con el manido mantra de que un incremento de la tributación de los beneficios de las sociedades de los ‘malvados’ empresarios sólo impacta en las cuentas anuales de estas compañías. Independientemente del carácter progresivo de la política fiscal, cualquier subida de impuestos -aderezada en los últimos años con una elevada inflación- tiene impacto directo en capítulos como la inversión, la política de contratación o la estrategia de salarios de las compañías, entre otros múltiples aspectos.
Los impuestos son un coste que impide a los grandes capitales y a las empresas gastar más en otras áreas, así de simple. Por decirlo de una forma gráfica, si la cúspide de la pirámide -grandes capitales y firmas multinacionales- asume un nuevo ‘hachazo’ tributario, el impacto se traslada hasta la base. Todos los socios, proveedores y empleados sufren esta pérdida directa de liquidez.
En un escenario de fuertes incrementos de gasto público, el Gobierno acaba de aprobar otra batería de impuestos que incluye, entre otros, aspectos como el tipo mínimo del 15% en Sociedades, el incremento del tipo marginal para rentas del ahorro al 30%, la reducción de los beneficios fiscales o la prórroga del tributo a las energéticas.
En total, según cálculos del Instituto Juan de Mariana, el Ejecutivo del PSOE y ahora Sumar -antes, con Podemos- ha aplicado 81 subidas tributarias desde 2019. Tasa Google, seis aumentos del IRPF, cuatro de Sociedades, Socimis, Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), Patrimonio, cotizaciones sociales, tributos medioambientales… La lista es interminable y, a nivel europeo, solo Eslovaquia y Chipre han elevado más la presión fiscal al sector privado en los últimos cinco años.
El Gobierno del PP, por su parte, aplicó en torno a 50 incrementos tributarios durante la crisis financiera -entre 2011 y 2014-, de los cuales, una mayoría se mantuvo en los ejercicios siguientes. Y antes de aquella época, el Ejecutivo del PSOE también aplicó al menos una veintena de modificaciones fiscales relevantes.
"España ha registrado más de 150 subidas de impuestos desde la crisis de 2009, de las cuales, 81 se han producido en los últimos cinco años"
Como consecuencia, podemos inferir que el sector privado español ha sufrido al menos 150 subidas de impuestos en los últimos 15 años, a razón, por tanto, de diez incrementos al año. Estos movimientos son más intensos, evidentemente, durante los dos primeros años de legislatura, por su impacto electoral, y menos frecuentes cuando se acercan nuevas elecciones.
Como refuerzo del mensaje de que los ‘ricos’ tienen que pagar más, también ‘cala’ en el electorado el mensaje de que la bajada de impuestos es negativa para los ciudadanos porque beneficia, por la aplicación de la anteriormente mencionada progresividad fiscal, a los grandes capitales. ¿Cómo puede ser mala para el contribuyente una medida que deja más dinero en su bolsillo? ¿No será mejor que el individuo decida, en función de su libertad, lo que quiere hacer con su dinero?
Y, más allá de la política fiscal más o menos expansiva, ¿por qué no hay una batalla más enconada contra la economía sumergida, que representa aproximadamente el 16% del PIB -unos 240.000 millones de euros-? Según los expertos, la respuesta está muy relacionada con la velocidad del resultado. Una subida tributaria entra en el BOE y los efectos son prácticamente inmediatos, mientras que las actuaciones de inspección son mas complejas y dan sus frutos a medio plazo.
Mientras, en este contexto de batalla entre ricos y pobres, clases altas, medias y bajas, socialdemócratas y liberales, el gasto público mantiene su senda alcista, la deuda pública prosigue su escalada mes a mes y el Estado pesa, cada vez más, en el PIB de España. Una economía estatalizada que asfixia al sector privado mientras el Gobierno critica a los que bajan impuestos.
