El ‘agujero’ del Estado aumenta un 57% hasta julio, y el de las comunidades, un 49% en año electoral
La capacidad de resistencia de la economía española sigue sorprendiendo hasta a los analistas más optimistas. Además, el relevo en la presidencia del Instituto Nacional de Estadística (INE), realizado durante el verano de 2022 por motivos ‘profesionales’, ha acelerado el cambio metodológico en el cálculo del PIB para revolucionar los datos macroeconómicos de nuestro país. La institución ha hecho aflorar, tras las elecciones, que la capacidad de generación de riqueza de España es de, al menos, 20.000 millones de euros más cada año. Principalmente, por el aumento del gasto público, tanto productivo, como improductivo.
Como ya dijimos en estas mismas líneas hace algo más de un año, cuando el organismo responsable de radiografiar las cuentas españolas estrenaba presidenta en la figura de Elena Manzanera, las grandes cifras macroeconómicas esconden una serie de desequilibrios que, a pesar de los cambios metodológicos, no pueden seguir ocultándose. El más grave es el del déficit del Estado, que, en un año electoral como el actual, se ha vuelto a disparar pese a la senda de correcciones que había registrado tras la pandemia. Pongámoslo en contexto.
El PIB de España creció un 2,2% en el segundo trimestre -según el INE- y la recaudación tributaria, hasta julio, mantuvo la senda alcista como consecuencia del aumento de la actividad y registró un alza del 5,2% -según la Agencia Tributaria (AEAT)-. Con estos mimbres, mayor crecimiento y mayor recaudación, el Estado debería haber sido capaz de reducir el déficit público, que, no lo olvidemos, es una de las obligaciones de la Comisión Europea (CE) para los países miembros.
La realidad es que lo que ha sucedido es justo lo contrario. Según la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el déficit del Estado no solo no se redujo entre enero y julio, sino que se disparó en 13.655 millones de euros, un 57% más que en el mismo periodo de 2022 en términos brutos. El ‘agujero’ pasa de los 24.027 a los 37.682 millones en solo un año.
Es decir, que la Administración Pública, y quienes rigen sus destinos, no solo no fueron capaces de aprovechar la ‘bonanza’ económica para cuadrar los números de nuestro país, lo que debería ser una obligación, sino que encima cargaron al presupuesto público mayor gasto. En esencia, el aumento reposa en el incremento de la masa salarial de los funcionarios, por el mayor volumen de oferta pública de empleo, y en el coste creciente de las pensiones. Estos capítulos pueden interpretarse como gasto electoral, tanto por el elevado volumen de beneficiarios como por su impacto social.
En las comunidades autónomas, que, en su mayoría, también vivieron comicios en primavera, observamos una evolución bastante similar. La IGAE solo ofrece datos agregados hasta junio, pero son suficientes para su interpretación. El déficit de la administración regional pasa de los 8.571 a los 12.110 millones de euros, un 41,3% más.
En el origen del ‘agujero’, observamos que el coste de los funcionarios crece un 7% y que los intereses de la deuda se disparan un 43,8%. Todos los capítulos de gasto de las comunidades crecen, sin excepción. El incremento es del 8,4%, frente al aumento del 5,3% en los ingresos.
Las estadísticas de la IGAE, por cierto, se elaboran con una previsión de PIB de 1,408 billones de euros para el presente ejercicio. Esto supone que nuestro país, según este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, registrará un aumento de PIB del 6% este año, cuando el grueso de las previsiones de los analistas -que, ojo, también se equivocan- no supera el 2,5%. Asombroso.
