La economía española vive permanentemente amenazada por factores internos y externos de desequilibrio que obligan a los gestores coyunturales de ‘lo público’ a negociar día tras día cada una de las grandes partidas de gasto con los diferentes ‘socios’ que le prestan su apoyo para gobernar. Esta situación de tensión, que se vive a diario tanto en el Congreso de los Diputados como en los distintos parlamentos autonómicos y locales, es un elemento disuasorio de la inversión, tal y como ha puesto de manifiesto recientemente el Banco de España.
En concreto, el servicio de estudios del organismo habla de ‘incertidumbre política’, traducida esta como la falta de certeza sobre la estabilidad parlamentaria y sus perniciosos efectos en términos de regulación económica, administrativa y fiscal. Como consecuencia, añade, la inversión productiva (aquella que genera riqueza, se entiende) sigue por debajo de los niveles prepandemia -caída interanual del 1,6% en el tercer trimestre de 2024- a pesar del teóricamente indudable atractivo de la economía española, reflejado en la fortaleza de sus grandes magnitudes macroeconómicas.
La parálisis inversora no debería ser tal, al menos, a la luz de las últimas cifras conocidas, porque nuestro país cerró 2024 con un robusto crecimiento del 3,2% en el PIB y la tasa de desempleo descendió hasta niveles desconocidos desde antes de la crisis de 2008. Evidentemente, estas dos estadísticas ‘beben’ del gasto público y de la contratación de empleados por parte de la Administración, ya que el Estado avanza inexorable como principal agente económico español. Gasta y contrata sin límite y mucho más que el sector privado, al que, además, no solo sustituye progresivamente, sino que lo regula, lo vigila y lo controla cada día más.
En cualquier caso, con los mimbres macroeconómicos antes expuestos, uno podría interpretar que todo debería ser mucho más fácil para la atracción de inversión. Pero la realidad es que a la fragmentación parlamentaria y a las peleas diarias de los representantes políticos se unen las dos grandes partidas de gasto público que más amenazan la sostenibilidad de la Administración Pública: las pensiones y los intereses de la deuda.
“La inversión productiva decrece a pesar del aumento del PIB y el descenso del desempleo, ambos factores espoleados por el gasto público”
Resulta prácticamente imposible imaginar que un Gobierno decida no ya bajar, sino congelar las prestaciones públicas, y menos con cifras de inflación interanual como las que seguimos viendo -media del 3%-. Son muchísimos votos en juego, cada día más, que perciben dinero de la Seguridad Social.
Como consecuencia, este gigantesco capítulo del presupuesto público seguirá creciendo mes a mes, por el envejecimiento de la población y por los mecanismos de revalorización que establecen los gobernantes. Las pensiones no se tocan y eso lo saben todos los representantes de la voluntad popular, y este incremento constante del gasto en pensiones ‘alimenta’ de forma indirecta el aumento de otro gran capítulo del presupuesto público: los intereses de la deuda.
Según datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el capítulo de los intereses de la deuda se incrementó un 10,6% durante los primeros once meses del pasado ejercicio, hasta alcanzar los 29.383 millones de euros, lo que impulsó los gastos financieros por encima de los 30.000 millones. El rendimiento del bono español a 10 años oscila en el entorno del 3% hace meses, controlado por el Banco Central Europeo (BCE), pero el organismo no puede ser constantemente el ‘salvavidas’ de países adictos al endeudamiento. Si el pasivo estatal crece, el coste acumulado de emitir y refinanciar bonos, obligaciones y Letras también lo hará.
A riesgo de ser predicadores en el desierto, reclamamos contención y priorización de los elementos de gasto de la Administración, con visión de largo plazo, e incentivos para la actividad privada. Si España quiere ser un destino de inversión productiva, debe ofrecer facilidades a las empresas.
