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Opinión

Por Juan Ramón Rallo

Estatizar y privatizar 

“Con Milei comprobamos que existen alternativas y que no tenemos por qué transitar por el camino hacia el matadero que nos impone el establishment político” 

La victoria de Javier Milei en Argentina constituye un soplo de aire fresco no sólo para el país -tan devastado por las políticas intervencionistas y tan necesitado de una ampliación de las libertades económicas-, sino también para el resto del mundo, dado que contribuye a mover el péndulo en una dirección contraria a la creciente estatización de nuestras vidas. 

En España, y en buena parte de la Unión Europea, el Estado no deja de crecer y de entrometerse en nuestra actividad, aun cuando ello no se esté traduciendo en un dinamismo revulsivo interno. A la postre, el objetivo del intervencionismo no es expandir la economía, sino expandir el Estado: el poder y no el bienestar o la libertad. 

Por eso, como decía, la victoria de Milei en Argentina insufla un necesario soplo de aire ideológico fresco en nuestras sociedades. Frente a la mentira de que la expansión del Estado es la única o la mejor política económica posible en los tiempos actuales, con Milei comprobamos que existen alternativas y que no tenemos por qué transitar por el camino hacia el matadero que nos impone el establishment político.  

Por ejemplo, mientras en España el gobierno de PSOE-Sumar ha anunciado sus intenciones de adquirir el 10% del capital social de Telefónica para avanzar hacia el control de la compañía, en Argentina, Javier Milei apuesta por todo lo contrario: a saber, por privatizar todo el sector público empresarial argentino. A este respecto, la diferencia de enfoque debería ser obvia. 

Primero, que el Estado posea una participación accionarial significativa en una empresa posibilita que el Estado -o, más bien, el Gobierno- la instrumentalice para otros propósitos distintos a los de generar valor para los consumidores. No en vano, el principal (y muchas veces único) objetivo de los accionistas es ganar dinero y eso, dentro de mercados competitivos, sólo se consigue satisfaciendo las necesidades de tus clientes. 

En cambio, el objetivo de los políticos es maximizar su probabilidad de permanecer en el poder y, para ello, están dispuestos a emplear todos los medios que tienen a su alcance (sobre todo, si no existen cortapisas institucionales que se lo impidan). 

Siguiendo con el caso de Telefónica, el Gobierno podría impulsar una gestión frontalmente antieconómica para obtener réditos electorales: verbigracia, minimizar los despidos futuros por muy necesarios que sean (para complacer a los sindicatos y a su electorado) o producir contenido audiovisual escorado ideológicamente hacia la izquierda (aunque no fuera el producto más comercializable). 

Segundo, los problemas anteriores vinculados a los incentivos perversos del Estado no se solventan imponiéndoles a nuestros políticos el cometido de buscar maximizar beneficios a través de Telefónica. No sólo es imposible imponerles a nuestros políticos una función de preferencias distinta de la que tienen, sino que existe una crucial diferencia entre políticos y accionistas: nuestros políticos tienen el BOE a su disposición y, en consecuencia, son capaces de incrementar las ganancias de Telefónica atentando contra sus competidores. 

Expresado de otro modo: que el principal accionista de Telefónica sea el Gobierno genera un potencial conflicto de intereses con sus competidores, dado que el propio gobierno podría impulsar un trato regulatorio favorable a aquella compañía de la que es accionista. 

Por estos dos motivos, pues, el Estado no debería entrar en el capital social de las empresas y eso, como decimos, es lo que pretende poner en práctica Javier Milei. No sólo dejar de estatizar sino comenzar a desestatizar: “todo lo que pueda estar en manos del sector privado, estará en manos del sector privado”. Ojalá el nuevo presidente argentino pueda seguir ese camino e inspire a otros políticos de otras sociedades a emularlo.  

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