“El marco regulatorio y fiscal de España es cada vez más exigente y requiere a las fintech un mayor músculo financiero para sacar adelante los proyectos”, escribe Ignacio Aguirreche, de Tiampe
El inicio de la nueva etapa institucional abierta a partir de la conformación del Ejecutivo representa una oportunidad de cara a promover políticas públicas de impulso a las fintech. Resulta más necesario que nunca que, desde los ámbitos de toma de decisiones, se afronte con seriedad el reto de fortalecer un sector que ha sufrido mucho durante el último año y que, además, juega un papel clave para el desarrollo económico e innovador nacional.
La idea de reclamar un mayor compromiso en esta suerte no responde, ni mucho menos, a deseos caprichosos. La realidad nos golpea hasta el punto de que 2023 se ha convertido para el sector en el escenario de una caída generalizada, que se manifiesta en un importante descenso en la financiación global de las fintech de casi 11.000 millones de euros con respecto al año anterior, tal y como evidencia un informe elaborado por KPMG.
Si ponemos el foco en un ámbito más próximo, cabe destacar un estudio elaborado por Funcas, observatorio de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), que revela que las fintech europeas han captado en el primer semestre de este año un total de 4.600 millones de euros en 463 operaciones. Esta cifra está muy por debajo de la registrada en el mismo periodo de 2022, cuando se alcanzaron los 15.300 millones a través de 884 operaciones. La caída, en solo 12 meses, se sitúa próxima al 70%.
Las causas que explican este contexto son variadas -y también preocupantes-. Pero una de las que más impacta responde a la subida de los tipos de interés. Esto conduce, de manera inevitable, a mayores costes de financiación que dificultan el acceso al crédito, que reducen las posibilidades de inversión estratégica y que repercuten sobre la rentabilidad de las empresas. La situación se agrava para aquellas fintech que se encuentran en una etapa incipiente y dependen, en gran medida, del crédito para poder expandirse.
Los marcos regulatorios y fiscales estrictos que tenemos en España tampoco ayudan, especialmente en comparación con países próximos que cuentan con reglas tributarias más amables y facilidades para que sus empresas accedan a capital externo. Nuestro país, mientras tanto, transita el camino en sentido opuesto: la normativa resulta cada vez más exigente y requiere de mayor músculo financiero para poder sacar adelante proyectos.
La respuesta del tejido empresarial español frente a estas problemáticas, sin embargo, resulta ejemplar. No solo por los resultados de un sector fintech que lucha cada día por consolidarse como referencia internacional, también por la actitud con la que encara sus propios desafíos. Así lo pone de manifiesto, por ejemplo, un informe elaborado recientemente por Acquis, que revela que el 47% de las pymes nacionales no se muestra pesimista con respecto a su futuro.
El mismo estudio arroja que los tres principales factores que las empresas identifican como amenaza inmediata sobre sus negocios son, por este orden, la inflación (un 50% de ellas la señala), el precio de la energía (36%) y la recesión global (30%).
Cuestiones coyunturales al margen, resulta evidente que la situación de nuestras empresas no ha mejorado sustancialmente a lo largo de los últimos ejercicios. Para superar desafíos de este calado se hace necesario un enfoque múltiple y la implicación de actores institucionales con capacidad de influencia sobre el ecosistema. Urge que las propias fintech y los estamentos reguladores trabajen ‘codo con codo’ para configurar un entorno facilitador a partir del consenso. El momento, en sí mismo, representa una oportunidad.
En la mano de los nuevos gestores estará ayudar al sector financiero a crecer en un hábitat en el que la inversión fluya con naturalidad y con menos obstáculos. También deberán estimular la financiación a partir de fórmulas alternativas a las tradicionales y de planes para mitigar las cargas tributarias en las que muchas startups se ahogan. Nuestro prestigio tecnológico y la propia economía del país serán los principales beneficiarios de una reivindicación hoy más necesaria que nunca.
