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Opinión

Por Juan Ramón Rallo

El gobierno sigue sin evaluar los efectos del SMI 

“Si descontáramos la inflación, el salario mínimo de 2023 de 1.080 euros mensuales sería equivalente a 927 euros con poder adquisitivo de 2020” 

Patronal, sindicatos y Gobierno han mostrado su acuerdo en que hay que subir el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2024, pero han discrepado respecto a la magnitud de la subida. Mientras que la CEOE ha aceptado subidas del 3%, los sindicatos han reclamado incrementos del 10%. Pero, como digo, todos han abrazado ya la aceptabilidad de la subida. 

Tal cambio de expectativas, sobre todo entre la patronal, se nos ha vendido como un éxito del gobierno PSOE-Sumar (o PSOE-Podemos): que, al haberse normalizado las subidas del SMI, incluso la patronal entra en las negociaciones proponiendo subidas a las que se negaba en épocas anteriores. Y puede que en parte haya sido así, pero tampoco deberíamos desdeñar dos circunstancias que necesariamente alteran la actitud de la CEOE respecto al SMI.  

En primer lugar, la propia posición del Gobierno, dogmáticamente decidido a subir el SMI sí o sí al margen de lo que reclame la patronal. Si por mucho que la CEOE recomiende no subir el SMI, el Ejecutivo va a terminar haciéndolo, puede que lo prudente en la negociación sea entrar con una cifra que, en este caso en aras del consenso entre los agentes sociales, el gobierno se plantee aceptar (o modificar ligeramente al alza). Dicho de otro modo, la patronal no opta por el camino que considera preferible, sino por el menos malo de los factibles. Se trata de minimizar los destrozos. 

En segundo lugar, durante los últimos años, la economía española ha experimentado una muy notable inflación que, de hecho, ha contribuido a reducir el salario mínimo en términos reales. Mientras que en 2020 el salario mínimo era de 950 euros mensuales (en catorce pagas), hoy es de 1.080 euros mensuales… pese a toda la inflación que se ha acumulado entre medias. 

Si descontáramos la inflación, el salario mínimo de 2023 sería equivalente a 927 euros con poder adquisitivo de 2020: por consiguiente, la propuesta de la patronal (subida del 3%) tan sólo dejaría el SMI real al mismo nivel que en 2020 (y ello suponiendo que en 2024 no haya inflación). Desde luego, tiene mucho más sentido que la CEOE acepte subidas nominales del SMI cuando hay inflación (sobre todo si éstas se ubican por debajo de la inflación) que cuando hay estabilidad de precios (o deflación), que es lo que ocurrió durante la década pasada en la que la CEOE rechazaba subir el SMI. 

Por consiguiente, antes de atribuirse todo el mérito del cambio de actitud de la CEOE sobre el SMI, el Gobierno y sus adláteres mediáticos deberían exponer el distinto contexto en el que se produce ese cambio de actitud. No sólo eso, si alguna actitud deberíamos reprochar que no haya cambiado respecto a este tema es la del Ejecutivo PSOE-Sumar: no ya por defender subidas del SMI (que es algo comprensible desde su ideología socialdemócrata), sino por defenderlas sin haber evaluado sus efectos o, lo que es todavía peor, por haberlos evaluado en ocasiones para inmediatamente despreciar el resultado de esa evaluación. 

Por ejemplo, el gobierno se negó inicialmente a evaluar los efectos de su subida del SMI en 2019, y llegó a desdeñar que organismos independientes como el Banco de España lo hicieran; pero es que, cuando posteriormente encargó sus propias evaluaciones, escogió mantenerlas en secreto debido a que algunas de sus conclusiones le resultaban políticamente inconvenientes. 

En definitiva, que la patronal haya cambiado tácticamente su actitud ante el SMI no nos dice nada a favor o en contra de esta medida. Tampoco que el Gobierno se empiece a seguir subiéndolo sea cual sea el contexto económico. Lo único que podría proporcionarnos información, a partir de la cual valorar si merece la pena seguir subiendo o no el SMI, es la evidencia. Pero este es un gobierno que antepone el sectarismo ideológico a la evidencia. 

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