"El ciudadano medio español vota generalmente contra algo, no a favor de algo, y no tiene por costumbre prevenir, sino, directamente, curar”
La economía solo tiene capacidad de influencia en la intención de voto en unas elecciones cuando los principales indicadores de actividad (PIB, paro, deuda pública y déficit presupuestario) ya se han descontrolado por completo. Esto lo hemos visto en los comicios del pasado 23 de julio, en los que apenas se ha hablado de la situación de las cuentas públicas y privadas españolas a pesar de los desequilibrios que es urgente corregir.
Competitividad, productividad, eficiencia, formación e inversión. Estos temas, por ejemplo, no tuvieron un protagonismo destacado en las agendas y en los discursos de los candidatos durante las semanas previas, y es preocupante. Quizá estos asuntos son demasiado ‘etéreos’, ambiguos, de definición amplia y difusa, poco tangibles… En síntesis, no parecen dar o quitar votos, y es triste. Según nuestra visión, una sociedad que se preocupa por su economía es una sociedad mucho más libre.
También lo vivimos en 2008, cuando la crisis inmobiliaria amenazaba el mayor periodo de crecimiento y prosperidad de nuestro país desde la Transición. Tampoco se habló mucho de economía en esa campaña, ya que el PIB llevaba 15 años creciendo prácticamente sin descanso y las cifras de empleo estaban en máximos históricos. Meses después, todo estalló, hasta que en 2011 la situación financiera de España sí influyó en la intención de voto de los españoles. Para la hemeroteca quedan tanto el rescate bancario como el máximo histórico del paro (6,3 millones), ambos en 2013.
El ciudadano medio español -que no es militante ni afiliado de un partido- es el que decide elecciones y habitualmente vota en contra de algo o de alguien. Es raro que su decisión sea a favor de cualquier cosa. Es su forma de expresarse y, en términos generales, no tiene por costumbre prevenir, sino, directamente curar. Por eso, la economía de España no le interesa, las grandes cifras macroeconómicas le aburren y solo empieza a mirarlas cuando le afectan.
Lo anterior es bastante improbable que cambie, principalmente, por un tema cultural. Y, con una deuda pública de 1,57 billones de euros -en 2008 era de 440.000 millones, casi la cuarta parte-, ya llegamos muy tarde para ponerle remedio al problema. El ‘agujero’ ya es impagable y será la herencia que recibirán las futuras generaciones, como sucede en Japón.
La economía nipona tiene un endeudamiento público superior al 200% de su PIB anual desde el año 2010 y no ha sido capaz de reducirlo de forma sensible en los últimos 13 años. De hecho, la deuda no ha dejado de crecer prácticamente desde antes de que se iniciase el actual milenio, porque los impuestos siguen sin poder sufragar el enorme gasto público derivado del envejecimiento de su población (Seguridad Social, Sanidad, pensiones…). ¿Les suena esto? En España vamos por un camino similar.
Como trasfondo, el fuerte rebrote del turismo ha vuelto a ‘regar’ de liquidez el sector servicios, que ya ha terminado de lamerse las heridas de la pandemia. Todo lo que rodea a la industria turística pondera mucho en el PIB de nuestro país -algo menos que el gasto público, que es el ‘líder’ indiscutible, por desgracia-, por lo que el efecto ‘placebo’ se ha instalado en la percepción colectiva. La economía española, que es la que más cayó durante el Covid, ahora parece un trasatlántico imparable cargado de turistas y de funcionarios.
El Gobierno que salga del vodevil en el que se ha convertido el Congreso de los Diputados tiene, principalmente, dos grandes tareas en materia económica. La primera consiste en reordenar el gasto público, eliminando aquellos capítulos ideológicos e improductivos que lastran nuestra competitividad. Y la segunda, y quizá la más importante, es la de enseñar a los españoles que vivir constantemente por encima de nuestras posibilidades siempre termina mal. Evidentemente, se necesita valor y sentido de Estado para ambas labores.
