“El trabajo y los ingresos de los empleados públicos están garantizados al margen de los resultados que obtengan”
Desde hace varios años, en España se está produciendo un aumento significativo del número de empleados públicos en comparación con la evolución de la población activa del país. Y aunque muchas personas podrían pensar que esta tendencia representa un fenómeno positivo para el país, en realidad constituye un movimiento preocupante hacia una economía más estatalizada y, por tanto, hacia una sociedad menos productiva y menos libre.
Más en particular: durante la última década, el número de empleados públicos en España ha crecido a un ritmo mucho mayor que el de la población activa. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2022 había en España un total de 3,5 millones de empleados públicos, lo que representa alrededor del 15% de la población activa. Si comparamos estos datos con los de hace una década, podemos ver que este guarismo ha crecido en unas 500.000 personas, mientras que la población activa apenas lo ha hecho en 120.000: es decir, que hace diez años los empleados públicos representaban apenas el 13% de la población activa.
Este fuerte crecimiento del número de empleados públicos no se ha producido por casualidad, sino que responde a una política de creciente intervención del Estado en la economía y en la sociedad. Durante los últimos años, las administraciones públicas españolas han venido apostando por una economía cada vez más estatalizada, en la que el sector público juega un papel expansivamente relevante y se erige como el principal empleador de la sociedad, absorbiendo así competencias y actividades que antes eran realizadas total o parcialmente por el sector privado. Semejante proceso de estatalización de la economía y de la sociedad tiene graves consecuencias sobre nuestra prosperidad y nuestra libertad.
En primer lugar, la intervención del Estado en la economía supone una disminución de la eficiencia potencial de los servicios públicos respecto a la alternativa de que muchas de esas actividades sean suministradas por el sector privado en un régimen de competencia, o, en su caso, no sean desarrolladas por nadie (por ejemplo, cuando tales actividades no sean realmente valiosas sino sólo formas de parasitar a los ciudadanos).
Y es que los empleados públicos -así como los políticos que planifican la prestación de tales servicios- carecen de incentivos para reducir los costes o mejorar la calidad de los servicios que proporcionan, ya que su trabajo y sus ingresos están garantizados al margen de los resultados que obtengan frente a los usuarios (cosa que no sucede con las empresas que se exponen al mercado).
En segundo lugar, el aumento del número de empleados públicos supone un aumento del gasto público y, por tanto, un aumento de la presión fiscal sobre la sociedad. Los empleados públicos no sólo representan un coste en términos de salarios, sino también en términos de gasto corriente para que puedan desarrollar sus actividades dentro de la burocracia. Y lo peor es que esa pesada carga adicional no suele tener un carácter transitorio, sino que se consolida estructuralmente.
En tercer lugar, el proceso de estatalización de la economía y de la sociedad supone una disminución de la libertad individual y una mayor dependencia del Estado. Cuando el Estado se hace cargo de una actividad o servicio, deja de ser responsabilidad del individuo y de la sociedad civil. Esto implica una disminución del control de los ciudadanos sobre sus vidas y, por tanto, una mayor dependencia del Estado para satisfacer sus necesidades.
En definitiva, el imparable aumento del número de empleados públicos en España no es una buena noticia para la economía y la sociedad en general. Si bien es cierto que, mientras siga existiendo el Estado, se necesitará un cierto número de empleados públicos, deberíamos aspirar a que la estructura administrativa fuera lo más austera y liviana posible.
