Donald Trump no ha perdido el tiempo para dejar su impronta económica en la Casa Blanca. En sus primeras horas al frente del Gobierno estadounidense, firmó decenas de órdenes ejecutivas dirigidas a reactivar la economía nacional y recuperar dinamismo productivo. ¿Cuáles fueron las medidas más importantes que adoptó? Podemos dividirlas en tres bloques: medidas de desregulación, medidas de ajustes del gasto y medidas fiscales.
Empecemos por el primer bloque, el relativo a la desregulación, que se centró, sobre todo, en el sector energético. Trump decretó que Estados Unidos abandonara el Acuerdo de París para así liberar a la industria nacional de las restricciones sobre emisiones de CO₂. Simultáneamente, el presidente también declaró la “emergencia energética nacional”, lo que le otorga margen para suspender la aplicación de normativa medioambiental a proyectos como centrales eléctricas, oleoductos y gasoductos. Finalmente, también autorizó la explotación intensiva de los recursos naturales de Alaska, especialmente en lo relativo al gas natural licuado.
El segundo bloque de disposiciones giró en torno a la eficiencia del gasto público y su potencial recorte. La creación del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental, presidido por Elon Musk, refleja la intención de supervisar cada nueva iniciativa regulatoria o de gasto para someterla a un escrutinio previo.
Valiéndose de esta misma lógica, Trump también congeló la contratación de nuevo personal en la administración pública federal (y también se suspendió toda la ayuda exterior estatal) durante 90 días para estudiar cómo adelgazarla y volverla más eficiente. Es todavía pronto para saber si esto se traducirá en un recorte sustancial del gasto público o si, al final, quedará en simples fuegos de artificio.
Por último, las primeras decisiones en materia fiscal y comercial nos dejaron un sabor agridulce. Por un lado, es innegablemente positivo que Estados Unidos abandone el acuerdo para armonizar globalmente el Impuesto de Sociedades con un tipo mínimo del 15% promovido por la OCDE. Desde una perspectiva liberal, resulta preferible que cada país compita con su propia política impositiva, permitiendo a las empresas localizarse allí donde encuentren mejores condiciones tributarias.
Trump, además, tiene la intención de rebajar el Impuesto de Sociedades estadounidense al 15% nominal, lo que, con las deducciones internas, podría situarlo incluso más bajo en la práctica. Esto estimularía la inversión y la relocalización de empresas en territorio norteamericano, reforzando la competitividad nacional.
“Podríamos estar ante un ambicioso proyecto de liberalización, pero el riesgo de una escalada arancelaria puede tirar por la borda gran parte de ese potencial”
Sin embargo, la otra cara de la moneda es el agresivo giro proteccionista que amenaza con tensar el comercio internacional. Trump ha anunciado aranceles del 25% a las importaciones de Canadá y México a partir del 1 de febrero, y ha reafirmado su intención de imponer tasas aún más onerosas, como un 60% sobre los bienes chinos o un 10%-20% sobre productos procedentes de la Unión Europea (UE).
El caso de España es especialmente preocupante, dado que el presidente se plantea instaurar un arancel de hasta el 100% si considera que la política de alianzas del Gobierno español choca con los intereses estratégicos de Washington. En la práctica, significaría duplicar el precio de nuestros productos al entrar en el mercado estadounidense, con consecuencias devastadoras para nuestras exportaciones.
En conjunto, la agenda de Donald Trump presenta elementos claramente promercado -básicamente la reducción de trabas regulatorias y el freno a la armonización fiscal- combinados con una vertiente profundamente proteccionista, que amenaza con restar buena parte de los beneficios que una economía abierta ofrece a los ciudadanos.
Si a estas medidas le sumamos la incertidumbre sobre el verdadero calado de los recortes de gasto público, la evaluación preliminar de su paquete de medidas es mixto o ligeramente positivo. Podríamos estar ante un ambicioso proyecto de liberalización capaz de revitalizar la economía estadounidense, pero el riesgo de una escalada arancelaria -y las represalias comerciales del resto del mundo- puede tirar por la borda gran parte de ese potencial.
La cuestión, en última instancia, es si los puntos positivos de su programa -que son numerosos- lograrán opacar los aspectos negativos que, por desgracia, también son abundantes y potencialmente muy dañinos.
