“El Gobierno refuerza su modelo tributario extractivo y retoma la batalla contra los grandes capitales y las empresas, pero también contra las comunidades y los ayuntamientos”
Con la renovación de ministros y ministras del Gobierno, la legislatura comienza como terminó la anterior: con déficit récord, deuda disparada y en fase creciente, expectativas prácticamente nulas de ajuste de gasto público y nuevas subidas de impuestos. Al menos, 14 nuevos cambios tributarios al alza, que no serán los últimos.
Cualquier atisbo de políticas liberales quedará reducido a las decisiones de las comunidades autónomas y a las corporaciones locales (ayuntamientos y diputaciones provinciales), con sus restricciones estatales y sus limitaciones por los pactos políticos. Por cierto, según los últimos datos disponibles, los ejecutivos regionales ya registran superávit presupuestario, a diferencia del Estado central.
En esencia, en los próximos cuatro años, y si nada lo cambia, viviremos una nueva versión de la batalla del Estado contra el sector privado, contra los llamados ‘ricos’ y contra las grandes empresas. Este ‘tira y afloja’ provocará, con total seguridad, nuevos movimientos de sedes fiscales de multinacionales y deslocalizaciones de empresas y grandes capitales hacia territorios más ‘benignos’ con la inversión y el dinero del contribuyente. Lo estamos viviendo todos los días mientras la Administración central rentabiliza, euro a euro, todas sus subidas tributarias.
De momento, entre enero y septiembre del presente ejercicio, el denominado como ‘impuesto temporal de solidaridad de grandes fortunas’ ha logrado recaudar 620 millones de euros, mientras que el tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades aporta 578 millones ‘extra’. Según las estadísticas de la Agencia Tributaria (AEAT), además, el ‘impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables’ ingresa otros 450 millones. Todos ellos se han aplicado en los últimos dos años.
El Ejecutivo ha prometido a Bruselas en su proyecto de Presupuestos que incrementará los ingresos en otros 7.355 millones de euros el año que viene, un 7,5% más que lo previsto para el presente ejercicio. En total, pronostica una recaudación de 382.755 millones con nuevas figuras, quizá reiterativas, como el ‘impuesto sobre plásticos de un solo uso’. Veremos también una nueva ‘vuelta de tuerca’ en el IRPF, para los salarios de más de 200.000 euros anuales, y límites a las compensaciones entre sociedades de un mismo grupo empresarial.
El sistema fiscal que Manuel Lagares, presidente de la comisión de expertos para la reforma fiscal de 2014, denominó como “queso gruyere”, por sus múltiples ‘agujeros’, va pareciéndose cada vez más a un semicurado, por seguir con el símil lácteo, casi diez años después. Es cada vez más denso y menos permisivo.
Como suele suceder, el aumento de los ingresos, aun en un contexto de incertidumbre económica en el plano internacional, ‘distrae’ la atención del necesario ajuste de gasto que necesita la Administración Pública española para cumplir el déficit. Este año, de hecho, el Estado central empeora su balance de forma muy abultada y pone en duda el cumplimiento de la promesa realizada a la Comisión Europea (CE), en forma de rebaja sustancial de los desequilibrios hasta el ansiado nivel del 3%. El papel lo aguanta todo, no así las cuentas públicas nacionales.
Entre enero y septiembre, el déficit público del Estado central se dispara casi un 40% en términos de contabilidad nacional y pasa de los 18.612 a los 26.022 millones de euros. Según la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), los gastos no financieros crecen un 2,9% interanual, con importantes incrementos de más del 3% en grandes partidas como los sueldos de los funcionarios, los intereses de los 1,58 billones de deuda pública, las transferencias sociales o las realizadas entre administraciones. Los ingresos, por su parte, retroceden un 0,6%.
Como decíamos al principio de esta tribuna, las comunidades autónomas, hasta agosto -último mes del que encontramos registros- han logrado pasar de un déficit de 4.396 millones de euros a un superávit de 496 millones.
Como conclusión, vemos que el Gobierno refuerza su modelo tributario extractivo y retoma la batalla contra los grandes capitales y las empresas, pero también contra las comunidades autónomas y los ayuntamientos de signo contrario -es decir, la mayoría-. Vienen por delante meses duros.
