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Opinión

Por Redacción Capital

Un país subvencionado

«El error parte de la política económica resultante del intento de enfrentar a ricos y pobres sobre el relato de «un reparto justo y reclamar más a los que más tienen'»

Resultado del todo sorprendente las recientes declaraciones del Gobierno sobre los presupuestos “más expansivos de la democracia española” con uno techo de gasto que ronda los doscientos mil millones de euros, cuando ya desde el propio Banco de España y el BBVA inciden en que las proyecciones utilizadas para elaborar estas cuentas públicas parten de estimaciones que ambos corrigen a la baja. Concretamente, el Banco de España ha destrozado las estimaciones y proyecta una desaceleración de hasta el 1,4% del PIB en 2023, lo que, a juicio de cualquier de nosotros, vaticina que los presupuestos están claramente inflados.

Estamos asistiendo a una carrera electoral con dinero público, una especie de último recurso para intentar ganar unas elecciones regando con ingentes cantidades de dinero a todo tipo de colectivos a costa claramente de nuestra deteriorada economía. Todo ello en un momento en que ya estamos rozando la recesión, lo que parece una irresponsabilidad manifiesta en clave del futuro de España: solo en los últimos 15 años, el empleo privado ha caído un 6% mientras el número de funcionarios ha crecido el 16%. Esta huida hacia adelante se complementa con una voracidad fiscal a empresarios que merman día a día su capacidad sostenible y que se traduce en un incremento de concursos –incluso superior a la época de la pandemia–. Todo ello con un impacto muy directo tanto en la inflación como en los tipos de interés, claves para financiar la actividad empresarial y económica de España.

La bomba de relojería está en marcha, cada vez es más difícil encontrar un colectivo que no esté subvencionado, lo que se traduce en un Estado cada vez más endeudado, tanto por el volumen de la deuda que seguirá rondando el 113% del PIB, pero sobre todo por los gastos financieros van a generar una enorme tensión en las cuentas del Estado, y que se prevé que asciendan 31.330 millones de euros.

La situación económica es compleja. Especialmente, para colectivos determinados. Pero el error parte de la política económica resultante del intento de enfrentar a ricos y pobres sobre el relato de “un reparto justo y reclamar más a los que más tienen”. Es un error de concepto económico penalizar a la clase media, pymes y empresarios, porque el argumento no debe ser un “reparto”, sino el “crecimiento”. Y si no tenemos claro que España debe seguir creciendo, la situación se nos va a complicar mucho. Sigue siendo un error no deflactar el IRPF con el único objetivo de seguir financiando la “campaña electoral 2023 a cargo de presupuestos” y sigue siendo un error polarizar las medidas económicas solo con objetivos electorales.

España necesita un revulsivo que vuelva a situarnos en un escenario de crecimiento acelerado y equilibrado, porque nuestra economía son la suma de los 47.450.795 habitantes de España, todos con derechos y oportunidades. La polarización tiene las “patas” muy cortas, aunque, me temo, hasta las elecciones generales vamos a asistir a nuevos anuncios de reparto presupuestarios sesgados, con ese margen extra de 20.000 millones a repartir que se reserva el Gobierno. Y lo peor: la nocturnidad y alevosía con la incorporación por sorpresa en los presupuestos de una subida de las cotizaciones de un 8,6% y “destopar” con el único objetivo recaudatorio. Una realidad entre cuyos efectos se encontrará un nuevo lastre a la hora de contratar. Esto no es gobernar, es imponer.

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