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Opinión

Por Joaquín Mª Nebreda

Pensiones en una sociedad libre

“El sistema público de reparto es irracional por desvincularse del aportante, por económicamente insostenible y porque su naturaleza pública impide al ciudadano diseñar su propia estrategia de previsión” 

El sistema de jubilación hoy es un sistema público de reparto, por el que los trabajadores en activo cotizan al sistema público para sufragar las pensiones de los jubilados y no capitalizando sus aportaciones en garantía de su pensión. El sistema está en quiebra por nuestra tendencia demografía, por desempleo crónico y por desproporción entre salarios y pensiones que crecen mucho más, porque los jubilados son un objetivo electoral. Así, el sistema se financia, no sólo con cotizaciones (por encima de la media de la OCDE), sino con deuda pública contra nuestros nietos.

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto-Ley 2/2023 de reforma de las pensiones que agrava el problema, según el Banco de España, la AIReF, Fedea, BBVA y el sentido común. Establece un Mecanismo de Equidad Intergeneracional que, esencialmente, consiste en el aumento de las cotizaciones de los empresarios (0,5% – 1%) y trabajadores (0,1% – 0,2%) para nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social,que no será computable a efectos de prestaciones.

Además, se incorpora una “cotización adicional de solidaridad” (¿solidaridad obligatoria?), del 5,5% al 7% sobre el exceso de la base máxima de cotización (54.000 €). Y si estos incrementos no cubrieran las pensiones (indexadas al IPC y computando a 25 años), que, según Fedea, en 2050 podrían llegar al 16% – 17,5% del PIB (13% sin reforma), se prevé un mecanismo gubernamental, ¡no parlamentario!, para cuadrar las cuentas ‘a martillazos’, incrementando cotizaciones o reduciendo pensiones.

Siguiendo a Fedea, el 65% del peso lo soportarán los sueldos superiores a los 54.000 euros y el 35%, los inferiores, que son muchas más personas, en un escenario de alto esfuerzo fiscal. Ni seguridad, ni estabilidad. Destrucción de empleo, reducción de salarios netos, incremento de deuda y riesgo cierto para las pensiones máximas.

El sistema público de reparto es irracional por desvincularse del aportante, por económicamente insostenible y porque su naturaleza pública impide al ciudadano diseñar su propia estrategia de previsión, dejándole inerme ante la derrota hacia el abismo marcada por los gestores del ‘leviatán’.

El sistema ideal sería uno mixto que establezca:

a) Pensión no contributiva excepcional (de beneficencia), con un rigurosísimo control de acceso y contra los presupuestos generales del Estado

b) Pensión universal básica, revisable anualmente, de importe igual al Salario Mínimo Interprofesional (S.M.I.), para todos los jubilados contra las aportaciones de una única base de cotización (4/5 empresarios y 1/5 trabajadores). Calculada actuarialmente (aportación igual para retribución igual), gestionada por el Gobierno, en Caja Única y Estanca, y garantizada por los presupuestos generales del Estado.

c) Sistema voluntario de fondos privados de jubilación (libertad de ahorro), con un rígido régimen comunitario de gestión bancaria que garantice el buen fin de las aportaciones y con un exigente control del Banco de España y del Banco Central Europeo (BCE), en un marco de unidad bancaria con garantía europea de depósitos. Tanto la pensión universal básica como los fondos privados de jubilación estarían exentos de cualquier tributación, pues surgen de los salarios y ahorros que ya tributaron y tienen un destino social.

Este sistema acabaría con la irracionalidad del público de reparto y fortalecería la cultura del ahorro convirtiéndolo en motor de desarrollo. Lógicamente, sería imprescindible establecer un régimen transitorio, con tres o cuatro escalones temporales que solaparían el acceso al nuevo sistema con la salida del sistema anterior, de modo que no se lesionara ningún derecho adquirido.

Sólo éste o cualquier otro sistema en el que convivan intervención mínima del Estado y libertad, régimen público de aportación y capitalización privada, garantizaría tanto la subsistencia básica de todos los jubilados como el acceso a un programa universal y protegido de ahorro que garantice un complemento de jubilación, sin originar la injusticia de trasladar deuda a la descendencia. En este sistema, tanto la percepción de la pensión como el rescate del fondo privado serían compatibles con cualquier actividad laboral.

Este boceto es congruente con la realidad económica de nuestro mundo y con la naturaleza de una sociedad de ciudadanos libres, responsables de sus propios destinos, considerando a la pensión y sus complementos como un retorno de la previsión realizada y no como el sueldo que no es.

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