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Opinión

Por Borja Carrascosa

El gasto electoral y el PIB desatado

“Hacienda ‘infla’ un 4,5% el PIB de este año en sus estadísticas para que la ratio de déficit público sea menor antes de las elecciones”

La estadística siempre está al servicio del que ostenta el poder, que utiliza las cifras para que éstas digan al público lo que ‘deben’ decir en cada momento y lugar. Y, si entramos dentro del terreno del pronóstico, la capacidad creativa florece por todos los rincones con una capacidad asombrosa de alejarse de la realidad. Los primeros números disponibles de ejecución presupuestaria del presente ejercicio ilustran bien este fenómeno. 

Según la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, el PIB de España crecerá este año un 4,5%. Concretamente, la institución considera en sus estadísticas que la capacidad de generación de riqueza de la economía española alcanzará en 2023 los 1,39 billones de euros (1.389.167 millones, concretamente). Esto supone sumar 60.000 millones a los cerca de 1,33 billones registrados en 2022. 

Este pronóstico de crecimiento económico para este año, que triplica las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco de España (+1,5% y +1,6%, respectivamente), es incluso más optimista que el del propio Gobierno (+2,1%). La IGAE lo utiliza para calcular la ratio de déficit público de la Administración Central, de la Seguridad Social, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. El ‘agujero’ que finalmente se acaba convirtiendo en deuda, en resumen. 

Como siempre, todo tiene una explicación: cuanto más elevada sea la cifra de PIB, menor será la ratio de déficit público y, por tanto, mejor imagen tendrá el Gobierno y su capacidad de gestionar las cuentas públicas. El denominador de la ecuación son los millones de euros que genera la economía española -sean estos reales, o ficticios-, mientras que el numerador son los millones que gasta la Administración por encima de lo que ingresa. 

El análisis de los datos de la IGAE de enero y febrero también apuntan con cierta concreción la dinámica del gasto público que veremos en los próximos meses antes de las elecciones generales. Y señalan, además, a las autonómicas que viviremos en el presente mes de mayo. En esencia, ‘ríos’ de gasto público corren por las diferentes regiones españolas. 

El capítulo de subvenciones de la Administración Central -dato acumulado hasta febrero- se dispara un 17% interanual, mientras que la remuneración de funcionarios crece un 3,2%, y las prestaciones sociales, un 12,6%. La formación bruta de capital fijo, esto es, la inversión, se hunde un 16,6%. 

En las comunidades autónomas -datos de enero- se perciben movimientos similares. El gasto en sueldos de funcionarios crece un 4,6%, las subvenciones aumentan un 16,8% y las prestaciones sociales se disparan un 26,8%. 

Estos capítulos de gasto crecen, en conjunto, bastante más que la recaudación fiscal, que sigue, no obstante, disparada. Los recursos no financieros del Estado (impuestos, cotizaciones sociales y otras rentas) aumentaron un 11,1% hasta febrero, mientras que los de las regiones crecieron un 8,3% en tasa interanual en el primer mes de año. 

El mercado de deuda, expectante 

Este escenario de descontrol presupuestario es peligroso, pues cualquier rebrote de las tensiones en el mercado de deuda puede provocar el colapso de la economía española. El interés del bono español a 10 años rozó el 3,8% en el secundario en marzo, mientras que, a cierre de esta edición, oscilaba entre el 3,4% y el 3,6%. 

El problema reside en que la curva de rendimientos de la oferta de Letras, bonos y obligaciones del Tesoro se ha ‘estrechado’ mucho al alza, tanto por la subida de tipos de interés como por la discriminación de los inversores. Esto impacta de forma decisiva en el gasto en intereses. 

Resulta complicado encontrar ya referencias de deuda pública española que paguen menos de un 3% de interés, a cualquier plazo. Las subastas de Letras a nueve y 12 meses de abril se cerraron al 3,169% y al 3,128%, respectivamente niveles muy cercanos a los que registran las obligaciones a una década. Los inversores, por tanto, están expectantes y también ‘votan’ en las elecciones autonómicas y generales. 

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