Viernes, 18 de Abril de 2025

Opinión

¿Quién pagará el coste de la defensa europea?
Juan Ramón Rallo
Doctor en Economía. Profesor en la Universidad Francisco Marroquín, en el centro de estudios OMMA, en IE University y en IE Business School

¿Quién pagará el coste de la defensa europea?

Durante décadas, Europa ha disfrutado de la protección militar de Estados Unidos bajo el paraguas de la OTAN, un acuerdo que compromete a Washington a defender a cualquier país miembro atacado a cambio de una contribución mínima de los europeos. Mientras Estados Unidos destina cerca del 3,5% de su PIB a defensa, la Unión Europea apenas alcanza el 1,3%, y en países como España, este porcentaje cae al 1%. 

Este subsidio transatlántico ha permitido a los gobiernos europeos ahorrar en gasto militar, canalizando esos recursos extraordinarios hacia partidas sociales o, en el mejor de los casos, a menores impuestos. Sin embargo, esta dependencia tiene un precio: la pérdida de autonomía geopolítica, que hoy deja a Europa como un actor irrelevante en el escenario internacional. 

El caso de Ucrania lo ilustra con claridad. Las negociaciones de paz entre Estados Unidos y Rusia, con la posible intervención de China, excluyen no solo al país invadido, sino también a Europa como bloque. ¿Por qué? Porque Europa no tiene voz sin un ejército propio. Durante años, sus líderes aceptaron ser vasallos de Washington a cambio de un ahorro en defensa, pero esta estrategia se tambalea. 

La supuesta ‘traición’ de Donald Trump -negociar el futuro de Ucrania sin consultar a sus aliados- ha encendido las alarmas. Ahora, las élites europeas parecen dispuestas a rectificar, y han llegado a proponer un aumento del gasto en defensa al 5% del PIB en pocos años, un nivel que superaría en términos absolutos el presupuesto militar estadounidense. 

Ahora bien, ¿de dónde saldrán los fondos? En España, elevar el gasto en defensa del 1% al 5% del PIB implicaría unos 60.000 millones de euros adicionales al año, equivalente al presupuesto total en educación pública y concertada. Esto se traduce en unos 1.250 euros por habitante anuales o 5.000 euros para una familia de cuatro personas. Y no es un gasto puntual, sino estructural, que requerirá financiación sostenida. 

“En España, recaudar 60.000 millones adicionales requeriría aumentar el tipo medio efectivo del IRPF del 15% al 22-23% o el del IVA del 14% al 24%”

A corto plazo, el endeudamiento público parece la solución más viable. Voces como la de Pedro Sánchez ya piden flexibilizar las reglas fiscales de la UE, excluyendo el gasto militar de los límites de déficit. Sin embargo, esta estrategia no es sostenible a medio y largo plazo. Para financiar un aumento estructural de 3,5 a 4 puntos del PIB, solo hay tres opciones: inflación, recortes en otras partidas o subidas de impuestos. 

La inflación podría ser una vía. Si el Banco Central Europeo (BCE) elevara su objetivo del 2% al 3% o 4%, parte del gasto se financiaría mediante ese impuesto encubierto sobre los ahorradores en saldos líquidos. Pero esto no cubriría todo el incremento necesario. Recortar otras partidas, como el gasto social, es políticamente inviable; los gobiernos europeos son históricamente alérgicos a tocar el Estado del bienestar. 

Además, y desde el famoso Informe Draghi, la Unión Europea (UE) parece abogar por mucha más inversión pública, no menos. Así, la opción más (tristemente) probable para financiar este sobregasto militar son las subidas impositivas. 

En España, recaudar 60.000 millones de euros adicionales vía impuestos directos requeriría aumentar el tipo medio efectivo del IRPF del 15% al 22-23%, un alza del 50% que golpearía a todos los contribuyentes, no solo a los más ricos. 

Alternativamente, financiar esto con el IVA implicaría subir su tipo medio efectivo del 14% al 24%, lo que exigiría no sólo elevar el tipo general o el reducido, sino también reclasificar bienes entre categorías y eliminar exenciones en sectores como educación o sanidad. En ambos casos, el impacto sobre los ciudadanos sería brutal. 

Europa enfrenta un dilema existencial: seguir dependiendo de Estados Unidos y aceptar su irrelevancia geopolítica, o asumir el coste de su autonomía, lo que implicará sacrificios económicos inevitables. La era del ahorro en defensa ha terminado, y la factura está por llegar. Los gobiernos tendrán que elegir entre inflación, recortes o impuestos -o una combinación de los tres- y, más importante aún, convencer a sus votantes de que paguen por una independencia que, hasta ahora, nunca quisieron costear.  

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