Rafael Belmonte (PP): “La economía social crea empleo más resiliente y lo hace además en los segmentos de la población activa con más dificultades para acceder a él”
Cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, centros especiales de empleo, empresas de inserción, cofradías de pescadores, asociaciones vinculadas a la discapacidad y fundaciones constituyen un segmento específico de la actividad empresarial de importancia creciente. A pesar de su diversidad, este conjunto de actividades empresariales de carácter privado, denominado ‘economía social’, presenta una serie de rasgos muy definidos que permiten su identificación como un sector común. Entre ellos, los más relevantes son la primacía de las personas y el fin social sobre el capital, la aplicación de los resultados al fin social objeto de cada entidad y la promoción de la solidaridad interna y con el entorno social inmediato.
La economía social representa el 6,3% del tejido empresarial español y su presencia en las ciudades de tamaño medio y en el mundo rural resulta especialmente relevante. De hecho, el 60,2% de las empresas y 54,6% de sus trabajadores se ubica mayoritariamente en municipios menores de 40.000 habitantes, una proporción que invierte la de las sociedades mercantiles, localizadas mayoritariamente en el ámbito urbano.
Sin embargo, su contribución a la actividad económica y al empleo va más allá de estas cifras y más allá de lo que representarían unos datos similares por parte de las empresas de la economía mercantil. ¿Por qué razón? En primer lugar, por la estabilidad en el empleo, que es mayor, en general, en estas organizaciones. La economía social crea empleo más resiliente y lo hace además en los segmentos de la población activa con más dificultades para acceder a él: personas mayores de 55 años, mujeres mayores de 45, jóvenes menores de 25, personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social y personas con baja cualificación.
Pero hay más. La economía social aporta también dimensión y músculo empresarial, fundamental para la competitividad económica. A pesar de lo que se pudiera pensar, sus empresas son de mayor tamaño medio. Mientras que las microempresas representan el 42,5% de la economía total (sin contar el sector público), suponen sólo el 34,3% de la economía social de mercado.
Aunque quizá lo más determinante es la convergencia entre la estructura productiva de la economía social y las potencialidades y necesidades de la población rural. Dos ejemplos muy claros son los servicios de cuidados y atención a las personas mayores, y los de educación primaria y pre-primaria, donde las entidades de economía social cuentan con una especialización muy destacada.
La economía social representa hasta el 43% de los servicios de cuidados y del 26% de los servicios educativos, una importancia que adquiere incluso mayor magnitud en el mundo rural. Tampoco podemos olvidar la contribución de la economía social a la actividad agroalimentaria, tan maltratada por este Gobierno, y, sin embargo, tan determinante para el equilibrio demográfico.
La economía social representa casi el 13% del sector agrícola. Todos estos datos proceden del informe de la Confederación Empresarial Española de Economía Social (Cepes) ‘Análisis del impacto socioeconómico de los valores y principios de la economía social en España, 2023’, que calcula en más de 74.000 los empleos que se perderían en las zonas rurales y ciudades de tamaño medio si la economía social tomase sus decisiones con criterios estrictamente mercantiles.
Potenciar y promover el emprendimiento en el medio rural es, sin duda, la manera más eficaz de luchar contra la España vaciada. Y hacerlo en el ámbito de la economía social le aporta unos valores cualitativos añadidos muy interesantes. El nivel de emprendimiento en la economía social es todavía inferior al registrado en el resto de la economía (6% frente al 10%) y eso significa que hay que hacer un gran esfuerzo para que los jóvenes conozcan y se sientan atraídos por la economía social.
Oportunidades empresariales no van a faltar, ni en sectores tradicionales como los ya mencionados, ni en sectores emergentes, como la digitalización, la transición energética o la gestión del agua.
