“La Seguridad Social lleva meses pagando las pensiones con deuda pública y no hay un plan para garantizar la sostenibilidad del sistema"
España ha destacado históricamente entre los países en los que mejor se vive del planeta, lo cual nos sitúa, teóricamente, como uno de los destinos favoritos para la jubilación. Este posicionamiento, que podríamos calificar como ciertamente objetivo, viene favorecido por factores como el clima, la cultura, la gastronomía o la elevada esperanza de vida. La fortaleza de estos elementos, a priori, parece indiscutible.
No obstante, la calidad de nuestra marca global se resiente después de muchos años de desequilibrios económicos. La clave no reside tanto en el entorno, en la biodiversidad de España o en la oferta de ocio y la superior calidad de vida, sino en la capacidad real del Estado y de la propia economía española de soportar, financiar y sostener en el tiempo el atractivo de ese ‘retiro dorado’ que buscan aquellos que cumplen su etapa laboral.
El deterioro de varias de nuestras variables macroeconómicas en los últimos años nos sitúa como el peor territorio europeo para disfrutar del merecido retiro tras una etapa laboral que cada vez será más larga. Según la última edición del estudio ‘Global Retirement Index’, elaborado por Natixis en 2023, España ocupa el puesto 37 de una lista de 44 países de todo el mundo en términos del atractivo para retirarse.
Nuestro país solo supera en esta clasificación a China, Rusia, México, Colombia, Turquía, Brasil e India, siete estados que arrojan algunas dudas, por decirlo suavemente, en cuanto a calidad democrática. España está por detrás de toda Europa, incluso de economías más endeudadas (como Italia) y con mayores desequilibrios en términos de déficit público (Francia).
La razón fundamental de esta mala posición, que ensombrece todo lo que nuestro país puede ofrecer, es que la economía española tiene un bajo nivel de renta per cápita (algo más de 30.000 euros, 5.000 euros menos que la media de la UE, según datos de la Fundación BBVA), por la baja productividad. Además, la elevada tasa de paro -del 13,3%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE)- lastra los ingresos de la Seguridad Social, lo que pone en duda que el Estado sea capaz de abonar las pensiones.
Este último aspecto resulta clave y es claramente determinante, por el impacto que provoca que un futuro jubilado tenga dudas sobre sus opciones de cobrar toda la pensión al término de su vida laboral. Y esta incertidumbre no se despeja, sino todo lo contrario. Según los últimos datos disponibles al cierre de esta edición, procedentes de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), la peor evolución interanual del déficit del sector público de nuestro país corresponde a la Seguridad Social.
Hasta octubre de 2023, el organismo responsable de abonar las pensiones registraba un déficit de 251 millones de euros, frente al superávit de 5.781 millones registrado en el mismo periodo de 2022. En esencia, la Seguridad Social está pagando las prestaciones sociales con deuda pública desde hace muchos meses, en una ‘patada hacia delante’ que pagarán las futuras generaciones si nadie lo remedia.
El ’agujero’ de la Seguridad Social no sería un problema tan grave si la situación hubiera ido mejor en otras áreas de la Administración, en una suerte de hipotético equilibrio presupuestario. Sin embargo, vemos que el Estado también aumentó su déficit acumulado hasta noviembre de 2023 -31.627 millones de euros, frente a los 29.880 millones de un año antes- y que las comunidades autónomas, pese al esfuerzo realizado, no son capaces todavía de lograr equilibrio presupuestario (´números rojos’ de 2.229 millones hasta octubre).
Como consecuencia, la capacidad del Estado de asegurar la viabilidad financiera de sus jubilados se ha reducido, pasando de un 57% en 2013 hasta el 15% en 2023, según Natixis. El informe, por cierto, también destaca que la calidad de vida en España se ha reducido, aunque en menor medida que la variable económica. La puntuación baja del 79% al 75% en la misma década.
Pero no debemos preocuparnos, ya que alcanzaremos los 100 millones de turistas. Mientras, seguiremos endeudándonos, perdiendo competitividad exterior y elevando el gasto público cada vez que se aproximan las elecciones. Igual que en los últimos 15 años.
