“La elevada presión fiscal -IRPF, cotizaciones sociales y recargo extraordinario- expulsa a los profesionales cualificados del país”
El Gobierno de PSOE y Podemos ha llegado a un acuerdo con Bruselas para reformar el sistema de pensiones en España, y la solución es muy sencilla: saquear mucho más a los trabajadores. Durante las últimas cuatro décadas, la insostenibilidad financiera de nuestra Seguridad Social se ha manifestado en muy variados tipos de recortes: supresión de servicios antes cubiertos por cotizaciones (como la sanidad); elevación de la edad de jubilación; aumento del número de años para calcular la base reguladora o reducción de los cocientes de cálculo de la pensión a partir de la base reguladora. Ahora, en esta enésima reforma-recorte, se ha optado por subir cotizaciones sociales tanto como sea necesario para cuadrar a medio plazo ingresos y gastos.
En primer lugar, se establecerá un Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), a saber, un recargo a las cotizaciones sociales de todos los trabajadores inicialmente en el 0,6% (distribuidas en un 0,5% cotización social de la empresa y un 0,1% cotización social del trabajador, si bien al final todo sale del salario del trabajador). Hasta 2050, sin embargo, el MEI irá subiendo hasta el 1,2%, lo que agravará la carga sobre el conjunto de ciudadanos laboralmente activos.
En segundo lugar, el Gobierno irá ‘destopando’ progresivamente las cotizaciones sociales máximas, de tal manera que los salarios más elevados incrementen sus aportaciones a la Seguridad Social. Actualmente, la base de cotización máxima se ubica en alrededor de 54.000 euros anuales, pero a lo largo de los próximos años irá aumentando hasta el entorno de los 90.000 euros (sin que ello vaya de la mano de un incremento proporcional de las pensiones máximas).
Y, si lo anterior no fuera suficiente, el Ejecutivo también ha aprobado un recargo de solidaridad de hasta el 7% para las rentas más altas: un impuesto que tampoco llevará aparejado ningún derecho a una mayor pensión y que se configura, en consecuencia, como un impuesto extraordinario sobre el trabajo.
Si tenemos en cuenta el ‘destope’ de las cotizaciones y el impuesto de solidaridad, el tipo marginal efectivo (IRPF + cotizaciones sociales + recargo extraordinario) sobre los salarios de entre 80.000 y 90.000 euros se incrementará hasta el entorno del 65-70% (a partir de 90.000 euros, como las cotizaciones máximas seguirán topadas, el tipo marginal efectivo comienza a decrecer), lo que provocará una clara expulsión de los profesionales cualificados de nuestro país. En lugar de atraer y retener el capital humano (complementario de otro tipo de inversiones de alto valor añadido), lo echamos a patadas del país.
Pero es que, en tercer lugar, tampoco crean que todo lo anterior será suficiente para garantizar la sostenibilidad de las pensiones en el medio-largo plazo. Para que Bruselas diera el visto bueno a esta reforma, ha sido necesario introducir un ajuste automático para que cuadren las cuentas: en particular, si el déficit de la Seguridad Social persiste, el MEI irá ajustándose progresivamente al alza, sin límite alguno.
No será necesario siquiera pasar por el Congreso para aumentar el MEI: si las fuerzas políticas no se ponen de acuerdo en formas alternativas de solventar el problema del déficit de las pensiones, el MEI se incrementará de manera automática. No es cierto, por tanto, que las cotizaciones sociales sólo vayan a incrementarse en un 1,2% a lo largo de los próximos años: se incrementarán todo lo necesario para que pueda pagarse la inflación del gasto en pensiones que ha propiciado este Ejecutivo.
Como decíamos al comienzo, por tanto, son los trabajadores presentes quienes se van a hacer cargo de la factura de las pensiones actuales. No para disfrutar de mayores pensiones en el futuro, sino, teóricamente, para disfrutar de las mismas pensiones a las que ya tenían derecho antes de esta fuerte subida de las cotizaciones sociales.
Los pensionistas no van a experimentar ajuste alguno: un claro ejemplo de solidaridad intergeneracional. El Gobierno ha preferido sacrificar a los más jóvenes (todavía no conscientes de lo que se les viene encima) para tratar de cosechar el voto de los pensionistas.
