"El modelo secuencial impide por definición el conocimiento, la identificación y el alineamiento de intereses en la concepción de los proyectos”
La cadena de valor genera y aplica el conocimiento para beneficio del ser humano y tiene como fin extraer un retorno de la inversión y contribuir a la sociedad y a la economía. Consta de varias fases consecutivas (investigación, desarrollo e innovación, y comercialización) en las que las instituciones públicas y la industria han venido adoptando papeles sucesivos y complementarios. Por sus características y capacidades, las primeras se han dedicado más a la investigación, y las segundas, al desarrollo, la innovación y la comercialización.
Tradicionalmente, los centros de investigación no han tenido ambiciones crematísticas, pero su altruismo también ha coartado la utilización de una parte del saber. La evolución de la sociedad, su nueva realidad y el requerimiento perentorio de fuentes de ingresos adicionales hacen necesario ahora que, sin perjuicio de lo anterior, las instituciones participen en la aplicación del conocimiento, generen riqueza y bienestar en su entorno y consigan retornos económicos para su autofinanciación.
Así, ante la tímida presión creciente, han comenzado a asumir este rol con escuetas actuaciones, pero los escasos incentivos y el bajo reconocimiento a la infructuosa inversión inicial no ayudan a justificar la dedicación de tiempo y recursos a este asunto, sino a otros que proporcionen resultados aparentemente más lustrosos para la inmediata evaluación de su gestión.
Por su parte, la industria se ha dedicado a seleccionar en el sembrado de la academia los frutos más apetecibles de forma ocasional, sin acabar de entender que obra en su propio beneficio establecer un modelo más estable de relación con el sector público. La asunción del insoslayable ruido improductivo del negocio conjunto (especialmente alto en la investigación) debería ser compensada con la abundancia de una cosecha bien trabajada. Eso sí, nunca ha encontrado en el mundo académico una eufórica recepción, ni el marco legal adecuado que ampare otro tipo de relación.
Esta entente catenaria precisa de la llamada ‘transferencia del conocimiento’. Mediante ésta, los entes públicos de investigación pretenden enajenar lo más rápido posible su producto (normalmente inmaduro) a una empresa que no suele haber participado en el asunto hasta entonces, y desentenderse. Lamentablemente, tales intereses raramente confluyen de forma natural.
La ineficacia del proceso de ‘transferencia’ es prueba de su intrínseca equivocación conceptual, y el propio término contribuye a validar y consolidar la brecha y a asentar el error en el inconsciente colectivo. El modelo secuencial impide por definición la identificación y el alineamiento de intereses en la concepción de los proyectos, la intervención fluida, asociativa y comprometida en ellos, la aportación interactiva de los actores a su ejecución y la aceptación de algunos tiempos del desarrollo sin tanto apremio.
Además, las escasas actuaciones desplegadas actualmente para favorecer la ‘transferencia’ no pasan de constituir (por lo menos, aparentemente) una amalgama descoordinada de ocurrencias en forma de tímidos programas aislados de fomento de la interacción público-privada, sin planes integrales ni estudios de retorno global que los justifiquen.
En conjunto, aunque todos nos apuntamos al discurso de moda de la innovación, no hemos terminado de asumir que es preciso trabajar en un nuevo modelo de interacción continua e integrada y de cotitularidad y corresponsabilidad, como ocurre en los grandes centros tecnológicos de los líderes económicos mundiales.
Pero este cambio no puede surgir desde los centros de investigación y las empresas, aunque todos tengan que contribuir. Esto no se produce espontáneamente con efectividad. El cambio de modelo precisa el liderazgo y la intervención conjunta y aliada de las autoridades y las plataformas industriales sectoriales para desarrollar planes estratégicos verticales de largo alcance.
Estos planes deben asentarse sobre estudios profesionales de valorización e implican la necesidad de legislar, de habilitar marcos, espacios e infraestructuras, y de proveer adecuados recursos materiales y humanos enfocados a generar las condiciones y las masas críticas necesarias para la consecución de objetivos socioeconómicos predefinidos con capacidad de producir beneficios netos tangibles.
Las medias tintas desprovistas de criterios técnicos bien acoplados generan frustración y desmotivan a los actores directos y a la sociedad. Es crucial que estos planes implementen también sistemas de evaluación que incluyan tanto los retornos económicos directos como la valorización de su impacto humano y social.
