Las aseguradoras que formaban parte de Muface están en el foco por las condiciones de un sistema que consideran insostenible económicamente. El sistema afronta una crisis que deriva del aumento continuo de los costes y la infrafinanciación, lo que deja a Muface entre dos alternativas: aumentar la financiación o preparar la sanidad pública para acoger a los 1,8 millones de personas que reciben esta atención sanitaria, entre funcionarios públicos y sus familiares.
"Lo que nadie podrá decir es que este Gobierno no se ha volcado", declaró Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública, a mediados del mes pasado. El ministro se refería a Muface, el sistema de salud que cubre a 800.000 funcionarios y a sus familias. López hablaba de esta forma del esfuerzo presupuestario que supuso lanzar una nueva oferta para salvar a los mutualistas.
Las cifras le dan la razón, pero también se la dan a las aseguradoras que formaron parte del anterior concierto, Asisa, SegurCaixa Adeslas y DKV. La subida representa "un esfuerzo sin precedentes", en palabras del ministro y es cierto, pues la oferta de este mes de enero mejoraba un 33% la del periodo anterior.
Es decir, el Gobierno propuso en su última convocatoria de enero que el concierto tenga una dotación de 4.478 millones de euros, 957 millones de euros más. Y compromete una subida diferente para cada año, que se divide entre 1.303 millones de euros este 2025, 1.490 millones en 2026 y 1.685 millones en 2027.
Esas son las cifras máximas que plantea el Gobierno, si bien estas dependen de los funcionarios que prefieran la sanidad privada. Por tanto, habría que descontar los funcionarios que se acojan al sistema público de salud, pues la prima que se establece alcanzaría los 1.262,28 euros por cada uno, frente a los 1.032,12 euros actuales.
La dificultad del proceso ha requerido de una nueva prórroga, en tanto que el plazo límite para presentarse finalizaba el 15 de enero, extendido después hasta el 27 de enero. Apenas dos días antes, el sábado 25 de enero, el Gobierno dejó sin efecto dicha prórroga, con la intención de presentar unas nuevas condiciones que convenzan a Adeslas, puesto que solo Asisa permaneció dispuesta a aceptar las condiciones.
En su caso, la aseguradora participada por Mutua y CaixaBank explicó que mantuvo conversaciones con el Ministerio de Función Pública y que tuvieron como conclusión “avances significativos que permitirían resolver la situación actual y definir un modelo justo, equilibrado y sostenible para Muface”. No obstante, la sostenibilidad del modelo depende de que el Gobierno cumpla con lo hablado y mantenga las condiciones en una nueva convocatoria.
"Hemos hecho ya dos licitaciones, hemos hecho una última oferta de 4.500 millones de euros en tres años, no es ninguna broma", recalca el ministro, acerca de sus intenciones por apagar otro de los fuegos que han prendido en el seno del Ejecutivo. "El Gobierno va a trabajar para que los mutualistas tengan tranquilidad, para que reciban sus prestaciones y eso es lo que estamos haciendo", insiste.
Fruto de esa insistencia se producirá una nueva subida de las primas para contentar a las aseguradoras, en el contexto de las amenazas de huelga de los sindicatos funcionariales. A cierre de esta edición, ni se ha puesto fecha a la nueva licitación ni se conocen las condiciones.
Adeslas, números rojos de 250 millones de euros
Pese al esfuerzo del que habla el ministro, tanto DKV como Adeslas renunciaron a participar en un primer momento por motivos económicos, aunque los contactos con el Ministerio han modificado ese punto de vista en los últimos días. Adeslas anunció su retirada a finales de diciembre, tras comprobar que las condiciones propuestas por el Gobierno en su convocatoria de enero generarían unas pérdidas de alrededor de 250 millones de euros en los tres años del concierto.
Dichas cifras serían similares a las que registró en el periodo entre 2022 y 2024, pese a la subida de la prima del 33,5%. En opinión de Adeslas, el modelo es "económicamente insostenible", tras acumular pérdidas año tras año. Al comunicar su negativa, la aseguradora, participada por CaixaBank y Mutua Madrileña, clarificó las cifras para alcanzar el equilibrio económico.
Por un lado, pidió que el concierto se saque a concurso para dos años. Y, en segundo lugar, solicitó que la subida acumulada para los dos años alcanzara el 34%, algo por encima del 33,5% que ha propuesto el Gobierno para el periodo de tres años. En este punto, cabe mencionar los otros dos conciertos que están en cuestión, Mugeju e Isfas, referentes a funcionares judiciales y militares, respectivamente.
Adeslas aceptó un incremento de las primas del 17% para Mugeju e Isfas, por lo que para llegar a un equilibrio económico, las de Muface tendrían que elevarse un 47%, frente al 26% de incremento propuesto para 2025 y 2026. En ese aspecto, el resto de la subida hasta el 33,5% se produciría con la nueva financiación de 2027.
"Con nuestros planteamientos no pretendemos obtener beneficio con este convenio ni perseguimos recuperar las pérdidas en los años pasados, pero tampoco podemos continuar soportando la senda de déficit actual", lamentó Adeslas.
"Las aseguradoras insisten en la “infrafinanciación del sistema”, que les ha acarreado pérdidas de cientos de millones de euros "
DKV, pérdidas de 70 millones en 2024
El argumentario de DKV respalda el de Adeslas. El pasado 9 de enero hizo pública su renuncia en el nuevo concierto, por culpa de las pérdidas de 70 millones de euros que acumuló en el último año. Así, el diagnóstico coincide en que "el modelo está infrafinanciado, ya que el gasto de prestaciones en el último concierto ha sido sustancialmente superior a la prima que ha recibido".
Sin incidir tanto en sus propios cálculos, DKV hace hincapié en el incremento del coste de la atención sanitaria. "En los últimos diez años, el gasto per cápita de las comunidades autónomas y las mutuas colaboradoras ha aumentado un 60%, mientras que la prima ponderada de Muface ha crecido tan solo un 31,6%, apenas la mitad"
El hecho de no mejorar las cifras, según DKV, acabaría repercutiendo en un empeoramiento de la atención a los mutualistas y en una retribución insuficiente de los profesionales sanitarios.
Por ello, DKV lanzó una contrapropuesta más ambiciosa: solicitaba un convenio de un año en lugar de tres, aumento de la prima del 40% para ese año, frente al 33% de todo el periodo, y vincular la financiación con la evolución del gasto sanitario público. El mes pasado, DKV comunicó que estaba abierta a negociar con el Ministerio, con el fin de llegar a un acuerdo.
Asisa, la única aseguradora en liza
Las retiradas de Adeslas y DKV dejaron sola a Asisa, que estaba dispuesta a hacerse cargo de la totalidad del negocio de Muface. En ese sentido, DKV hizo pública su renuncia el 9 de enero. Solo un día después, el Gobierno aceptó retrasar el plazo para presentarse al concierto dos semanas más, con vistas a que Asisa pudiera estudiar sus posibilidades. De hecho, según fuentes de la compañía, ya valoraba como una opción la retirada de las otras dos aseguradoras y la absorción de Muface en solitario.
Asisa cuenta con una baza que no tienen el resto: es propiedad de la cooperativa médica Lavinia. Por tanto, uno de sus principios consiste en dar trabajo a los 10.000 médicos y socios del grupo.
Con todo, la cuestión estaba en la posibilidad de que Asisa absorbiera todos los pacientes que provendrían de Muface. En 2024, Asisa acumuló 360.000 mutualistas, por debajo de los 500.000 que optaron por Adeslas y los casi 200.000 que prefirieron DKV. En esa línea, Asisa tendría que dar servicio a los 700.000 mutualistas que eligieron recibir atención sanitaria privada. El resto, 450.000 personas, prefirieron la sanidad pública.
Es por ello que, si el concierto no salía adelante, el Gobierno se dio un plazo de tres meses para prorrogar las condiciones del servicio, al tiempo que encontraba una solución.
"Si no se resuelve, los sindicatos amenazan con huelgas y movilizaciones"
Los escenarios: desaparición o continuidad
Un informe reciente de la Universidad Complutense evalúa los dos posibles desenlaces de esta situación: la desaparición o la continuidad del sistema.
La desaparición tendría un importante impacto en el sector sanitario privado, contando como tales a las compañías aseguradoras y a los prestadores hospitalarios. El importe de estos tres años ascendería a cerca de 4.500 millones de euros, que dejarían de ingresar las aseguradoras.
En ese primer escenario, las aseguradoras perderían un volumen anual de primas superior a los 1.700 millones de euros, lo que supone un 14% de su facturación actual. De igual modo, los hospitales privados dejarían de facturar alrededor de 1.000 millones de euros al año, un golpe que podría desencadenar el cierre de infraestructuras sanitarias en hasta 19 provincias.
En regiones como Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León, la desaparición de hospitales privados podría ser una realidad, dejando a miles de ciudadanos con menos opciones de atención sanitaria.
El impacto sobre el sistema público de salud también sería significativo. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha declarado en repetidas ocasiones que la Sanidad Pública "puede asumir perfectamente a los mutualistas" y que "la sanidad pública es el mejor lugar donde se puede tratar a los pacientes".
La realidad es que, de hacerlo, afloraría la necesidad de incorporar casi 4.000 camas adicionales, un 3,8% más de la capacidad actual, pondría en jaque la infraestructura ya saturada de comunidades como Madrid, Barcelona y Valencia. Las listas de espera, que ya suponen un reto en muchas regiones, podrían dispararse.
En consultas externas, el incremento podría alcanzar el 266%, mientras que en cirugías el aumento podría ser del 115%. Esto supondría un grave deterioro en la calidad del servicio público, afectando directamente a los pacientes.
"La desaparición del sistema dejaría un agujero de 4.500 euros a las aseguradoras, que tendría su repercusión en el sistema sanitario privado "
Por otro lado, el informe también aborda un segundo escenario, donde el mutualismo administrativo se adapta a las exigencias del contexto actual para garantizar su sostenibilidad. La clave de este enfoque radica en ajustar la financiación al coste real de los servicios sanitarios, además de optimizar la gestión y promover un uso racional de los recursos. Asimismo, se considera la introducción de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, que sería un revulsivo para segmentar a los mutualistas y para prestarles un servicio personalizado.
También cabe mencionar la atención primaria, considerado el pilar del sistema sanitario, como un punto a mejorar en este modelo de continuación. El informe propone desarrollar nuevas formas de colaboración entre las mutualidades, las aseguradoras y los prestadores sanitarios, de cara a permitir un equilibrio que beneficie tanto al sector privado como al público.
La decisión sobre el futuro del mutualismo administrativo no solo afecta a los funcionarios que dependen de este sistema, sino también a la sostenibilidad de todo el ecosistema sanitario en España. Mientras que su desaparición generaría una crisis en el sector privado y una sobrecarga insostenible en el público, con un coste superior a los 1.500 millones de euros anuales, su continuidad podría representar una oportunidad para modernizar y optimizar los servicios de salud en beneficio de todos.
Este debate será crucial en los próximos años y determinará no solo el modelo de atención sanitaria, sino también el equilibrio entre los sectores público y privado.
