El Consejo de Ministros autorizó este viernes la tramitación administrativa urgente de un proyecto de Real Decreto para dar más tiempo a casi 8.000 contratistas para adaptarse a la nueva ley de contratos de las administraciones públicas.
Con el nuevo proyecto de Real Decreto modificará el Real Decreto 773/2015 por el que se modifican a su vez determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. El motivo es que el proyecto debería aprobarse antes del 1 de enero de 2020 para evitar perjudicar a las empresas contratistas.
Dicha regulación de 2015 modificó los términos y condiciones de otorgamiento, exigencia y eficacia de la clasificación como contratista de obras y como contratista de servicios de las Administraciones Públicas, previendo un periodo transitorio hasta 1 de enero de 2020 para adaptarse a ese nuevo régimen.
Sin embargo, y pese al tiempo transcurrido desde su promulgación, el pasado 30 de junio aún quedaban más de 3.000 contratistas de obras y más de 4.600 contratistas con clasificación otorgada de acuerdo con la normativa vigente anterior, que aún no han tramitado una nueva solicitud.
Esas cifras suponen un 53% y un 63% del número total de empresas clasificadas como contratistas de obras y como contratistas de servicios de las Administraciones Públicas, respectivamente, según cálculos del Gobierno.
Para adaptar su clasificación a las reglas que se establecían exige que las propias empresas insten la tramitación de un procedimiento de revisión, algo que el Gobierno ve difícil ya que “exigiría tramitar casi 8.000 expedientes de revisión de clasificación en menos de seis meses”.
Esta situación es la que le ha llevado a considerar “imprescindible” extender el régimen transitorio de validez y eficacia de las clasificaciones. “Con esta medida se pretende evitar un posible efecto negativo los contratistas ante la falta de resolución en plazo”, refiere el Ejecutivo en las referencias del Consejo de Ministros.