Entrevista con Segismundo Álvarez Royo-Villanova, presidente de la Fundación Hay Derecho
La actualidad está marcada por la amnistía, que supone una ruptura con los principios democráticos. Así lo entiende Segismundo Álvarez Royo-Villanova, presidente de la Fundación Hay Derecho. En su opinión, las diferentes actuaciones en materia legal tienen consecuencias para la actividad de las empresas, que se ven afectadas por la inseguridad jurídica que provoca la constante creación de normas.
Las empresas hablan mucho en los últimos tiempos de seguridad jurídica. Desde las asociaciones empresariales se habla de decisiones que van en contra de dicha seguridad. ¿Cuál es su percepción?
Nosotros defendemos el Estado de derecho, que significa que se tienen que aplicar las mismas reglas a todo el mundo, incluido al poder, y de manera real, no solo en teoría. Esto permite, entre otras cosas, que ciudadanos y empresas sepamos a qué atenernos: eso es la seguridad jurídica.
Lo que pasa es que, aunque en España tenemos un estado de Derecho, tiene algunos problemas que afectan a esta seguridad. Primero porque tenemos una legislación cada vez más abundante y de peor calidad. Es decir, que se legisla mucho y mal. Se legisla mucho porque legislar es barato para los políticos, pues parece que están dando una solución, importando poco el efecto real de la ley. Lo que llamamos legislar para la foto. Y se legisla mal por eso mismo y porque se hace deprisa.
Se abusa de los procedimientos de urgencia, y en particular del Decreto Ley, que es un instrumento excepcional que se ha convertido en lo normal. Las leyes son cada vez más largas y más confusas.
Esto tiene graves consecuencias para los empresarios: genera incertidumbre y muchos costes de adaptación a las nuevas normativas.
La inseguridad viene también porque se están debilitando las instituciones que sirven para garantizar que no hay abusos en la creación o aplicación de las leyes. Por ejemplo, la Constitución fija un marco del que las leyes no pueden salir, y eso supone una seguridad. Pero si resulta que el Tribunal Constitucional está politizado, o incluso si simplemente parece que lo está, lo lógico es pensar que no anulará ninguna ley que haya aprobado el Gobierno, y por tanto ya no existe ese marco, esa seguridad que teníamos.
Peor aún si se politiza la justicia, porque entonces no podremos estar seguros de que la Ley se aplique igual a todos. La idea que se está promoviendo de que esos organismos deben replicar las mayorías parlamentarias no solo va contra el principio de separación de poderes, sino también contra la seguridad jurídica.
En referencia a la idea de que las leyes son malas. Me pregunto lo siguiente: por mucha urgencia que tengan las leyes, ¿no las escriben juristas? ¿Por qué acaban siendo inútiles o de difícil cumplimiento?
En principio, la forma normal de legislar es a través de un proyecto de ley, que se elabora en un Ministerio donde, lógicamente, existen asesores de alto nivel desde el punto de vista jurídico y económico. En todos los Ministerios cuentan con funcionarios con la experiencia y el nivel suficiente para poder escribir estas leyes.
De ahí ya debería salir un proyecto de cierta calidad que se debe someter a información pública. Después, ese proyecto pasa al Consejo de Estado, el CGPJ y el Consejo Económico y Social (CES), que lo estudian y emiten informes. De ahí, pasa a una comisión en el Congreso, donde los diputados especializados en cada materia discuten sobre los cambios que pueden introducirse, y también dan su opinión expertos y grupos de interés. Después, se debate en el Congreso y Senado, se presentan enmiendas y finalmente se aprueba. A lo largo de ese procedimiento la Ley va mejorando.
Si eso lo suprimes porque apruebas por un Decreto Ley del Gobierno, o lo reduces utilizando procedimientos de urgencia, se impide esa mejora de la Ley.
“Cada cambio de legislación genera incertidumbre y muchos costes de adaptación a las nuevas normativas”
Relacionado con esto está el problema de las leyes Ómnibus, que se llaman así porque regulan de todo, no una cuestión concreta. Ahora mismo me estoy estudiando una norma cuyo título es Real Decreto Ley 5/2023, Por el que se prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra, de apoyo a la reconstrucción de la isla de la Palma y otras situaciones de vulnerabilidad, de transposición de directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales en las sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y de ejecución y cumplimiento del derecho de la Unión Europea.
En un decreto ley como este se acumulan todos los defectos, se hace de prisa y corriendo, sin informes y con muchos temas diferentes. Esta forma de legislar hace que sucedan cosas realmente llamativas, como hace poco, que dos leyes distintas que salieron el mismo día modificaban el mismo artículo de otra ley en sentido distinto. Se trata de sacar un titular sin tener en cuenta si verdaderamente va a ser efectiva o no.
Ante eso, hay que poner sobre la mesa que en los últimos tiempos se han dado circunstancias extraordinarias como la pandemia. No obstante, y como dice, se ha seguido abusando de los decretos ley. ¿Qué mecanismos existen para evitar este abuso?
Es verdad que la pandemia era una situación especial y justificaba el uso de estos decretos ley, pero se trata de una tendencia que viene de lejos como hemos mostrado en nuestro informe sobre el Estado de Derecho. Y después de la pandemia se ha seguido igual. Aunque está previsto en la Constitución solo para supuestos de extraordinaria y urgente necesidad, los distintos Gobiernos han abusado de él y además el Tribunal Constitucional (TC) ha optado por dar un margen muy amplio al Gobierno en la apreciación de esa necesidad. En ese sentido, tenemos muy poca defensa frente a esa actuación abusiva del decreto ley.
“Que la Amnistía solo le pareciera bien cuando necesitó los votos de Junts revela que el interés es del partido, no de los ciudadanos”
En relación a las instituciones, me pregunto si los mecanismos que se han introducido o se prevé introducir, como puede ser la Ley de Amnistía, deterioran las instituciones y eso puede ser más problemático de lo que pueda parecer.
Nosotros creemos que sí, desgraciadamente. Por eso la Fundación ha ido incrementando su actividad porque vemos que hay un deterioro institucional. Hay que decir que esto viene de muy atrás y han contribuido tanto el PP como el PSOE. Los dos han intentado apropiarse de instituciones y de organismos que tienen que ser independientes.
Esto empezó con el Consejo General del Poder Judicial. En un primer momento, había una mayoría de jueces elegidos por los propios jueces y el resto los elegía el Parlamento. En 1985, el PSOE hizo una reforma para que todos los jueces los eligiera el Parlamento por una mayoría reforzada.
Esa mayoría de 3/5 obligaba a que los partidos se pusieran de acuerdo en personas independientes, de forma que fueran admisibles para los dos principales partidos. Pero el PP y el PSOE, y los partidos minoritarios cuando han podido, han actuado como si repartieran cromos: tú eliges a los más afines a ti, yo a los que me gustan a mí, y no nos ponemos límites ni por supuesto tratamos de elegir a personas por su independencia y prestigio.
Eso ha ido pervirtiendo el sistema hasta que se ha llegado a una situación de bloqueo en la que no consiguen ponerse de acuerdo ni siquiera para repartirse los cromos. Algo semejante ha ido pasando en el Tribunal Constitucional. Si en estos órganos los nombrados van a votar en el sentido que interesa a quien los nombra, no sirven para nada, nos bastaría el Parlamento.
Además, los partidos también han ido invadiendo con fines partidistas otras instituciones que deben servir al interés general, como el Tribunal de Cuentas, el CIS o la Agencia EFE.
“El deterioro institucional viene de muy atrás y han contribuido tanto el PP como el PSOE”
Por lo que dice, el deterioro institucional es muy anterior a que saliera la Ley de Amnistía.
Viene de mucho antes. Lo llevamos denunciando muchísimo tiempo y la responsabilidad es de todos, pero sobre todo de los dos grandes partidos, que han actuado de manera muy semejante. Ambos han llevado en sus programas electorales modificar el sistema de elección del CGPJ, para que vuelvan a ser los jueces quienes eligen a los jueces. Pero cuando han llegado al poder, ninguno lo ha hecho. Es un deterioro progresivo, de manera que el primero que traspasa una línea sienta un precedente y el siguiente que llega sigue a partir de ahí.
Que esto venga de atrás no quiere decir que lo que está pasando ahora no sea especialmente grave. Por ejemplo, es muy grave que se nombre fiscal general a la que acaba de ser ministra de Justicia de un Gobierno, o miembros del Constitucional a un ex ministro y a una persona que tenía un cargo en Moncloa. Los dos partidos son responsables, pero eso no quita que en los últimos tiempos esta invasión partidista de las instituciones se esté realizando con una extraordinaria desfachatez.
Otro tema que quería tratar es el de las diferentes leyes que se promueven desde el Gobierno y cuya aplicación está en manos de las Comunidades Autónomas. Eso hace que exista cierta diferencia entre unas regiones y otras. ¿Cómo puede arreglarse eso? ¿Cómo pueden tener las empresas certidumbre si cada región aplica leyes muy distintas o las aplica de una manera diferente?
En efecto, las CCAA tienen muchísimas competencias y eso crea graves problemas porque no existe un mercado único con unas reglas uniformes. La Unión Europea nació para crear un mercado único porque eso favorece la competencia, a los consumidores y a los empresarios y resulta que nosotros lo dividimos dentro del mismo país.
Las diferencias entre regulaciones son extraordinariamente costosas. Una empresa que trabaja en una sola ciudad solo tiene que ocuparse de una legislación, pero si actúa en varios lugares, tiene que contar con más asesores y, en definitiva, multiplica sus gastos. La consecuencia es que las empresas españolas no crecen, y las pequeñas son, estadísticamente, menos competitivas y productivas.
La solución es difícil porque los políticos miran más por sus intereses y por las próximas elecciones. Es evidente que una cierta armonización beneficiaría a todos. No obstante, nos encontramos de nuevo con que los intereses políticos no son acordes con el interés general.
“La invasión partidista de las instituciones se esté realizando con una extraordinaria desfachatez”
Se acusa a este Gobierno de ser ilegítimo, ¿cree que es una acusación fundada?
No, no. El Gobierno ha sido investido por una mayoría en las Cortes y es perfectamente legítimo. Otra cosa son cada una de las actuaciones que vaya haciendo.
Por ejemplo, la Ley de Amnistía que has citado antes: es una norma que vulnera prácticamente todos los principios del Estado de Derecho, es decir, la igualdad ante la ley, el que las leyes han de aplicarse efectivamente, o el principio de la generalidad de las leyes y otros. El problema no es solo que se vulneren todos esos principios, sino que se hace no por un interés general, sino por un interés de partido.
En este caso, hay que añadir que la amnistía no se propuso en el programa electoral del Partido Socialista y dijo que era inconstitucional e inconveniente casi hasta el mismo día de las elecciones. Que solo le pareciera bien cuando necesitó los votos de Junts revela que el interés es del partido, no de los ciudadanos.
En resumen, el Gobierno puede ser legítimo, pero pueden darse actuaciones ilegales, inconstitucionales o simplemente decisiones inconvenientes del Gobierno o normas que se aprueban por la mayoría parlamentaria. Además, hay determinadas cosas, como la amnistía, que nunca se deberían aprobar sin un consenso amplio.
La conclusión que se puede sacar de todo esto es que el ordenamiento jurídico no ha sido lo suficientemente fuerte como para evitar ciertos abusos y el debilitamiento de las instituciones. Se están realizando actuaciones cuestionables que, sin embargo, están dentro de la legalidad. ¿Qué opina?
No todo es negativo, y los límites al poder funcionan en ocasiones. Recientemente ha habido resoluciones judiciales que han anulado actos arbitrarios, como el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal de Sala. Lo mismo ha sucedido con el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado, que no reunía los requisitos que exigía la ley.
Es decir, en España existe el Estado de Derecho, existen los tribunales y unos jueces que son independientes. También el Tribunal Constitucional ha declarado leyes inconstitucionales, aunque ahora su independencia y prestigio estén en entredicho. Además, nosotros creemos que la sociedad civil y, dentro de ella, la Fundación Hay Derecho, tiene espacio para actuar y debe movilizarse. Tenemos que reclamar esos derechos por todos los medios que permite la Ley.
También tenemos que exigir a los políticos que actúen con lealtad a las instituciones, pues la ley no basta. Es como cuando firmas un contrato, que te obliga no solo a cumplir la letra, sino que tienes que actuar de buena fe. En el ámbito de la política no basta con estar dentro de la legalidad, hay que actuar con lealtad institucional. Los ciudadanos tenemos que ser más exigentes con nuestros políticos y yo creo que hay demasiada conformidad, demasiado poco cambio de voto entre los partidos cuando las actuaciones no son éticas o leales, aunque puedan ser legales.
La conclusión sería que el sistema del Estado de Derecho nos defiende de los abusos del poder, pero también necesita que los ciudadanos lo defendamos. Y que votar es solo una de nuestras obligaciones cívicas. Por eso creamos Hay Derecho, para defender las instituciones que nos defienden frente a los abusos.
