Los ingresos tributarios siguen batiendo todos los récords imaginables mes a mes, pero hay una figura impositiva que todavía no ha sido capaz de alcanzar los niveles registrados durante la burbuja inmobiliaria (2007): el impuesto sobre Sociedades. No obstante, la multitud de cambios normativos y de tipos de retención que ha sufrido -y sufrirá- el tributo motivarán que probablemente se acerque mucho en 2025 a los niveles de recaudación registrados hace dieciocho años. Esto es, a los 44.823 millones de euros, uno de los objetivos de Hacienda.
De hecho, la fiscalidad empresarial es una de las ‘armas’ más relevantes que tiene el Gobierno para cuadrar sus cuentas públicas y ajustar sus niveles de déficit a los límites exigidos por la Comisión Europea. En un contexto de búsqueda constante de ingresos, la tributación de las grandes empresas es una herramienta clave, ya que su impacto no se produce de forma directa en el bolsillo del ciudadano -como es el caso del IRPF o del IVA, por ejemplo- y se ajusta mejor que otras figuras impositivas al relato de que “paguen más los que más ganan”.
En el año 2023 -última información estadística anual completa disponible en la Agencia Tributaria (AEAT), aún sujeta a posibles ajustes-, el impuesto sobre Sociedades arrojó unos ingresos devengados de 35.060 millones, cerca de los 37.208 millones registrados en 2006. Hasta noviembre de 2024, esta figura acumulaba un aumento del 9,5% en su recaudación -33.926 millones de euros-, por lo que es previsible que el pasado ejercicio ya se superara la cifra alcanzada hace 19 años. El ‘suelo’ de este periodo lo situamos en 2010, cuando el fuerte impacto de la crisis financiera e inmobiliaria redujo los ingresos hasta los 16.198 millones. Solo tres años antes, en 2007, la cifra había casi tres veces superior.
En un contexto de fuertes discrepancias sobre la estrategia fiscal, Capital analiza junto a Salvador Ruiz Gallud, socio director del Área Fiscal de Equipo Económico, Raquel Jurado, técnico del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas (CGE), y José María Mollinedo, secretario general del sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), el presente y el futuro de la tributación empresarial y su impacto en la actividad económica.
El recurso a la tributación empresarial
A finales de diciembre 2024, el Gobierno aprobó la Ley 7/24, la última de las modificaciones tributarias en el ámbito del impuesto sobre Sociedades -o relacionadas con el mismo, ya que en este caso es complementario- y cuyo objetivo es asegurar que los grandes grupos empresariales alcancen “un gravamen efectivo mínimo del 15 % en cada una de las jurisdicciones en las que operen”. Esto es, tanto en España como en el extranjero. Están afectados grupos empresariales, nacionales y multinacionales, cuya facturación sea de, al menos, 750 millones de euros, y los efectos de este cambio en el impuesto se percibirán ya en los resultados económicos del ejercicio 2024.
Salvador Ruiz Gallud (Equipo Económico), que fue director general de la AEAT entre agosto de 2001 y abril de 2004, se muestra crítico respecto a la estrategia tributaria del Gobierno y es partidario de buscar el deseable equilibrio entre acciones sobre los ingresos y decisiones normativas sobre los gastos de la Administración. Concretamente considera que “para el Gobierno, la empresa es una fuente aparentemente inagotable de recursos, tributarios y otros, mientras no se conoce de ningún plan serio de reconducción del gasto público”.
Y apunta, además, que “se viene disparando hacia una mucho mayor fiscalidad de las empresas grandes, aderezándola con gestos menores a favor de las microempresas y pymes reduciendo sus tipos impositivos en alguna medida. Pero, de manera contradictoria, la ideología ‘progresista’ del gobierno no le impide ahogar a los ciudadanos con un IRPF de porcentaje creciente como consecuencia de la inflación”.
Raquel Jurado (CGE), apunta, por su parte, que, “desde la perspectiva del Gobierno, el argumento suele basarse en la necesidad de garantizar la sostenibilidad del gasto público y asegurar una mayor equidad en el sistema tributario. Sin embargo, un aumento de la carga fiscal puede generar incertidumbre en el sector privado y afectar la competitividad”.
Salvador Ruiz Gallud (Equipo Económico): “Para el Gobierno, la empresa es una fuente aparentemente inagotable de recursos, pero no se conoce ningún plan serio de reconducción del gasto público”
En opinión de Jurado, “el debate sobre la tributación empresarial siempre genera posiciones encontradas” y señala que “el desafío está en encontrar un equilibrio entre la recaudación y la generación de un entorno propicio para la inversión y el crecimiento empresarial”.
Respecto al margen de maniobra con el que cuenta la AEAT para elevar los ingresos por vía impositiva, José María Mollinedo (Gestha) señala que España todavía tiene una diferencia de unos “tres puntos de PIB” (más de 45.000 millones de euros) respecto a la media de la zona euro. Incluidas las cotizaciones sociales, como apunta Mollinedo, “nuestro país arroja una presión fiscal del 37,7% del PIB, frente al 40,8% de los países que forman la moneda única”.
Esta postura se alinea con la que mantiene el Gobierno. Concretamente, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló a finales de febrero que la Comisión Europea viene exigiendo a España recaudar más dinero porque la presión fiscal del país está incluso más alejada de lo que calcula Gestha. Concretamente, según Montero, es cuatro puntos inferior a la media europea.
Esta visión contrasta con la que reflejan organismo de corte liberal. De hecho, estudios afirman que la capacidad de España para competir a nivel internacional se ve afectada por cuestiones como "altos impuestos, rigideces en el mercado laboral y una regulación excesiva", según se desprende de un informe realizado por la Fundación para el Avance de la Libertad (Fundalib) junto al European Policy Information Center (Epicenter), así como otros 'think tanks' de diez países de la Unión Europea (UE) y decenas de expertos en diversas materias.
De hecho, los cambios tributarios anunciados en aspectos como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) también han sido interpretados en clave de fiscalidad empresarial. La subida del mismo hasta los 16.576 euros anuales, con un incremento del 4,41%, no quedará exenta de tributar en el IRPF y el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos considera que está medida "esconde" una "subida de impuestos a los negocios".
Mollinedo, no obstante, cree que hay margen para aumentar los ingresos procedentes de la tributación empresarial, ya que “España tiene una tasa del 2,7% del PIB, frente al 3,3% de la media europea”. Estas seis décimas representarían en torno a 9.500 millones de euros.
Impacto en la actividad empresarial y en el ‘efecto sede’
Resulta evidente que una mayor tributación empresarial reduce la capacidad de inversión, crecimiento y desarrollo de las compañías. Ruiz Gallud (Equipo Económico) apunta que “no estamos solos, y con las subidas de impuestos desincentivamos a los más capaces de crear empresas y empleo en España, también en una Unión Europea atenazada por rigideces múltiples, incluidos los costes de cumplimiento fiscales”.
Ruiz Gallud pone como ejemplo de país con atractivo tributario los “Estados Unidos del nuevo presidente, Donald Trump”, que “pueden convertirse en un enorme ‘paraíso’ empresarial muy competitivo. Por ejemplo, allí Trump redujo en 2018 el tipo federal del corporate tax del 35% al 21% en 2018 y ahora anuncia una nueva reducción al 15%. Todo ello acompañado de importante desregulación”. En Europa, apunta, “los grupos multinacionales europeos ya deben asumir el ‘impuesto complementario’, de manera que su actividad en territorios de baja tributación alcance un tipo mínimo del 15%”.
Raquel Jurado (Consejo General de Economistas): “El desafío está en encontrar un equilibrio entre la recaudación y la generación de un entorno propicio para la inversión y el crecimiento empresarial”
De hecho, Trump, el primer día como presidente de EEUU dejó sin efecto cualquier compromiso del país en relación con el Acuerdo Fiscal Global impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que fija un gravamen mínimo del 15% a nivel global para aquellas empresas con una cifra de negocio superior a los 750 millones de euros.
Jurado (CGE) apunta al respecto que “un entorno fiscal excesivamente gravoso, en comparación con otros países, puede incentivar la deslocalización de empresas en busca de menores costes fiscales. Este fenómeno se ha observado en sectores altamente globalizados y en compañías con facilidad para trasladar sus operaciones a jurisdicciones más favorables”.
Jurado añade, además, que, “sin embargo, no es el único factor a tener en cuenta. La estabilidad regulatoria, el acceso a talento, la infraestructura y la proximidad a mercados clave también influyen”.
Mollinedo (Gestha) discrepa y pone como ejemplo Alemania, que, aunque ahora no pase por su mejor momento económico, “históricamente han tenido un impuesto de Sociedades mucho más elevado que el nuestro y no han no han tenido ese esa problemática” en términos de impacto en la actividad empresarial.
El futuro de la fiscalidad empresarial
Al respecto de los futuros cambios sobre la tributación de las empresas, Ruiz Gallud alerta de que el problema es” el de la tremenda inseguridad jurídica. El empresario vive en la más completa oscuridad sobre las ocurrencias fiscales de un gobierno sin ningún plan económico serio, que vive al día, permanentemente estresado por las exigencias de sus socios. Los cambios tributarios se introducen en decretos-leyes aparentemente urgentes e improvisados, o en proposiciones de ley técnicamente desnortadas. Así no hay empresa que pueda planificar con criterio”.
El socio director del Área Fiscal de Equipo Económico cree que, en el futuro, “pueden preverse intentos permanentes de aumentar la fiscalidad de las empresas medianas y grandes, bloqueados en su caso por el nacionalismo catalán y vasco, como ha ocurrido con el gravamen energético, anulado por una ley de diciembre pasado, resucitado unos días después en un decreto-ley y luego finalmente derogado en enero por el Congreso”.
Jurado, por su parte, considera que habrá cambios normativos “probablemente se intenten introducir en el ordenamiento jurídico las medidas del Real Decreto-ley 9/2024, que han quedado en el aire como consecuencia de la no convalidación del mismo, como la prórroga de la libertad de amortización en inversiones que utilicen energía renovable”.
José María Mollinedo (Gestha): “Alemania históricamente ha tenido un impuesto de Sociedades mucho más elevado que el nuestro y no ha tenido problemas en términos de actividad empresarial”
Además, la responsable del Consejo General de Economistas apunta que “reducir impuestos es una estrategia legítima para fomentar la inversión, siempre que no comprometa la sostenibilidad de los servicios públicos. No obstante, es importante que exista una coordinación entre administraciones para evitar una competencia fiscal excesiva que pueda erosionar la capacidad recaudatoria del Estado y generar desigualdades entre regiones”.
Mollinedo cree que también habría margen normativo en el ámbito de las filiales de las multinacionales que operan en países como España, pero tributan en otros territorios con niveles de fiscalidad más laxos. “Podríamos recuperar mucha tributación por parte de las filiales de determinadas multinacionales, muchas de ellas, tecnológicas, que pudieran estar domiciliadas en países como Irlanda y se llevan allí las grandes plusvalías que generaban de sus operaciones en otros territorios de Europa”. Mollinedo cifra en “hasta 4.000 millones” el impacto de esta ‘repatriación’ de beneficios.
