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UGT FICA rechaza la posible adopción de medidas laborales "traumáticas" por parte de Indra

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT rechaza la posible adopción de medidas traumáticas por parte de la dirección de Indra en materia laboral y emplaza a compañía de tecnología y consultoría a adoptar iniciativas, al igual que en el conjunto del sector, dirigidas a proteger el empleo para cuando los mercados recuperen su nivel de crecimiento. En un comunicado, el sindicato remarca que el sector aeroespacial debe ofrecer "respuestas conjuntas" para superar la situación actual y, por ello, reitera su disposición a analizar, valorar y negociar en la mesa sectorial constituida con el Ministerio de Industria el 25 de septiembre cualquier medida o solución que permita a las empresas encarar el futuro en unas mejores condiciones de competir en el mercado internacional. En su opinión, estas medidas deben ir dirigidas a ganar músculo financiero, aumentar el volumen de las capacidades productivas e incrementar sus capacidades para futuros desarrollos industriales y tecnológicos. "Pero siempre condicionado al mantenimiento de las actuales plantillas durante esta crisis y la capacidad de generar empleo en el futuro", incide. Por este motivo, la formación sindical afirma que su propuesta de "hibernación" temporal de empleo adquiere "especial importancia" en estos momentos y defiende que en situaciones coyunturales como la actual se debe apostar por soluciones temporales que salvaguarden el conjunto del sector. En concreto, afirma que esta medida permite mantener la viabilidad de las empresas, retener el talento y el conocimiento y sostener el alto nivel de cualificación de las plantillas, así como aprovechar el momento para adaptarse mediante procesos de formación a los nuevos procesos tecnológicos de producción y digitalización. Por todo ello, considera "un grave error" que Indra o cualquier otra empresa pretenda buscar soluciones estructurales para solucionar problemas coyunturales en los momentos actuales y reitera la necesidad de centrar los esfuerzos…
La OCDE ha pedido al Gobierno español "intensificar" los esfuerzos y las reformas para apuntalar el crecimiento económico, mejorar la resistencia de las finanzas públicas, empujar la creación del empleo y que la recuperación llegue a todos los españoles. El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, cree que quedan tareas importantes que acometer, como "intensificar los esfuerzos para lograr una mayor convergencia entre regiones", subir la edad de jubilación y los años de cotización o incrementar algunos tributos. La OCDE calcula que España sellará el ejercicio con una tasa de desempleo del 15,3%, que irá deslizándose al 13,8 y 12,5%, respectivamente, en el próximo bienio. Gurría quiso poner en "perspectiva" la revisión subrayando que, pese a la rebaja la recuperación económica, "sigue siendo más dinámica que la mayoría de la zona euro" y de la economía mundial, y justificó la rebaja en la desaceleración global y las incertidumbres y riesgos internacionales. Un apoyo que no impide, sin embargo, a la institución reclamar la necesidad de abordar las grandes disparidades entre comunidades autónomas en materia de desigualdad de renta, pobreza, mercado laboral y resultados educativos. La OCDE demanda, además, políticas públicas que mejoren la unidad de los mercados de trabajo y productos, y posibiliten la movilidad intrarregional de las personas, actualmente desincentivados por factores como la dificultad para cambiar de vivienda por la situación del mercado del alquiler. Algo que no parece que el Gobierno Sánchez vaya a poner en marcha al tener que contar con sus socios separatistas.
El Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera, ha hecho públicos hoy unos planes que ocasionarán que los españoles paguemos, a partir de 2030, -momento en el que muchas de las actuales centrales nucleares habrán echado el cierre- más del doble de lo que actualmente estamos pagando en la factura de la luz. Además, de llevarse a cabo los planes socialistas de eliminar todas las energías fósiles en tan poco espacio de tiempo, las empresas españolas del sector industrial verán muy mermada su competitividad en los mercados internacionales. Fabricar aquí las cosas tendrá unos costes elevadísimos. Si al coste de la energía sumamos también los costes sociales de cada puesto de trabajo. Por si esto fuera poco, si del Ejecutivo de Sánchez dependiera, se prohibiría circular a todos los coches actuales: gasolina, diésel e híbridos. Esto son algunos de los puntos que se incluirán en el nuevo proyecto de ley que deberá ser aprobado próximamente por el Parlamento. La excusa: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 20%, con respecto a las cifras de 1990. Sin embargo, diversos expertos consultados por CAPITAL se han mostrado muy críticos con la efectividad de estas medidas y apuntan, no sin cierta ironía, que la mejor manera de cumplir esto objetivos sería echar el cierre al sector industrial al completo. De hecho, la prohibición que dará al traste con el sector del automóvil en España (director e indirectos), llevará a la desaprición de miles de puestos de trabajo. Pensemos por ejemplo, en la planta de Volkswagen de Landaben (Navarra), Seat en Martorell (Barcelona) o la de Ford en Almussafes (Valencia), por ejemplo. Estas pérdidas se unirán a las que sufrirá el sector nuclear en España, y a los trabajadores de las plantas de carbón o de ciclo combinado (gas+carbón).