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En un esfuerzo por evitar la fragmentación de la izquierda alternativa en Andalucía, se ha logrado un acuerdo de confluencia bajo la marca 'Por Andalucía' para las elecciones del próximo 17 de mayo. Este pacto implica la reincorporación de Podemos en una lista conjunta con Movimiento Sumar, partido liderado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, después de su ruptura en 2023. Las tensiones previas entre Podemos e IU, manifestadas en las elecciones autonómicas, se han superado, aunque Adelante Andalucía competirá de forma independiente. El acuerdo fue alcanzado en una negociación apurada hasta el último día de plazo, evitando repetir el caótico registro de hace cuatro años que dejó fuera a Podemos. Esta nueva confluencia representa un renovado intento por consolidar un frente amplio alrededor de Sumar. La izquierda alternativa en Andalucía ha logrado evitar la fragmentación electoral con un acuerdo que reedita la marca 'Por Andalucía'. Podemos, liderado por Ione Belarra, ha dado un giro en su estrategia tras haber competido de manera independiente desde 2024, situación que llevó al partido a perder apoyo electoral en varias comunidades, incluyendo su exclusión del parlamento en regiones como Euskadi, Aragón y Castilla y León. Aun así, en Extremadura mantuvieron una confluencia exitosa con IU, logrando aumentar su representación a siete escaños. Con la candidatura 'Por Andalucía' liderada por el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, Podemos ha decidido volver a aliarse con IU y Sumar en esta comunidad. A nivel interno, la dirección andaluza de Podemos ha mostrado mayor inclinación por el acuerdo, mientras que la cúpula nacional ha sido más reticente, aunque concede a los líderes autonómicos el protagonismo en las decisiones de alianzas. En paralelo, IU, junto con Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar, ha renovado su alianza electoral a nivel estatal, de cara a las próximas elecciones generales. Podemos,…
El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha manifestado la intención de solicitar la comparecencia en el Congreso de los Diputados del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como respuesta a la "detención violenta y racista" del exdiputado autonómico Serigne Mbaye. Fernández subrayó que su partido lleva tiempo pidiendo la dimisión o cese del ministro. El incidente que ha desencadenado esta petición ocurrió en el distrito madrileño de Usera-Villaverde, donde Serigne Mbaye fue arrestado junto a otras seis personas tras un altercado con agentes de la Policía Nacional. Durante la madrugada del viernes, Mbaye fue puesto en libertad y acusó a las autoridades de "racismo puro y duro" y una persecución "en contra de las personas racializadas". Fernández ha enfatizado que un Gobierno que se autodenomina progresista no puede tolerar estas prácticas racistas en las fuerzas de seguridad. Con estos argumentos, Podemos planea presentar en el Congreso una serie de preguntas para investigar la detención de Mbaye, junto con una proposición no de ley (PNL) que impulse una investigación independiente para esclarecer los hechos. La persecución que existe en su contra por parte de algunos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es evidente y notoria Manifestando su solidaridad con Serigne Mbaye, Fernández destacó que él, al igual que muchas personas migrantes y racializadas, sufre regularmente estas prácticas discriminatorias. "Las redadas racistas y las identificaciones por perfil étnico son prácticas comunes y recurrentes en España, reflejo de un problema de racismo institucional", concluyó el líder de Podemos.
En un contexto de creciente preocupación por la volatilidad del Euríbor, Podemos ha presentado en el Congreso una proposición de ley destinada a mitigar el impacto de esta situación en las hipotecas variables. Este movimiento busca establecer una protección temporal para los consumidores frente a la reciente escalada del Euríbor, influenciada en gran medida por las tensiones internacionales, especialmente el conflicto en Irán. La formación morada propone imponer un límite temporal al interés de las hipotecas variables, estableciendo un tope del Euríbor +0,1% durante un periodo de un año. Esta iniciativa también contempla el derecho de las familias para convertir sus hipotecas variables en hipotecas a tipo fijo, ofreciéndoles las mismas condiciones que a los nuevos clientes de su entidad financiera, eliminando cualquier tipo de penalización. Las familias que podrían beneficiarse de esta medida son aquellas cuyas rentas son inferiores a tres veces el IPREM, aumentando en 0,3 veces más por cada hijo a cargo. En la visión de Podemos, las grandes entidades bancarias de España tienen «un margen más que suficiente» para implementar esta medida, dado que reportaron ganancias de 34.000 millones de euros el año anterior. La proposición de ley para las hipotecas se enmarca dentro de un conjunto de políticas más extensas que el partido ha denominado ‘plan anti Trump’. Este plan aboga por la limitación de precios y por recuperar el control público sobre bienes y servicios esenciales en sectores estratégicos como la vivienda, la energía y la alimentación, además del transporte y los medicamentos. Podemos argumenta que las entidades financieras poseen un margen suficiente para asumir las medidas propuestas debido a sus significativos beneficios Esta propuesta refleja el compromiso del partido para buscar soluciones a corto y mediano plazo que permitan a las familias españolas enfrentar el entorno económico incierto y asumen un papel más…
Podemos ha dado un paso adelante en su intento de regular el mercado de viviendas turísticas en España. La formación política ha registrado una reforma legal en el Congreso, con la que se busca implementar una moratoria de cinco años en la concesión de nuevas licencias de vivienda turística en ciudades con más de 200.000 habitantes. Esta propuesta de Podemos se enmarca en una enmienda a la proposición de ley de EH Bildu sobre el control y la regulación de la publicidad y contratación de pisos turísticos, según informa Europa Press. La estrategia de la formación morada pasa por introducir una disposición transitoria en la normativa vigente. Esta disposición busca vetar por un periodo de cinco años las nuevas licencias, autorizaciones o registros para alojamientos turísticos en las grandes urbes, desde el momento en que la ley entre en vigor. Además de la moratoria, Podemos ha incluido otra enmienda crucial: en las zonas tensionadas, las viviendas turísticas no podrán superar el 2% del parque total de viviendas. Esta medida pretende controlar la proliferación de estos alojamientos en áreas especialmente afectadas por la presión del turismo. No solo buscar limitar la concesión de nuevas licencias, sino también contener la renovación de las ya existentes. Podemos propone que no se puedan renovar autorizaciones o licencias mientras el número de viviendas turísticas supere el umbral del 2% establecido previamente. Este enfoque tiene como fin lograr un balance en la oferta de viviendas y reducir las tensiones en el mercado inmobiliario en las zonas de alta demanda.
Podemos ha encendido el debate en el Congreso con una preocupante propuesta sobre el consumo excesivo de carne en España. La formación política alerta que el consumo actual ha llegado a niveles «totalmente insostenibles» y ha solicitado a los supermercados que desarrollen políticas para impulsar productos basados en proteína vegetal. La propuesta se debatirá en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. El partido ha manifestado que en España el consumo de carne se sitúa entre 50 y 100 kilos por persona al año, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un consumo cercano a los 21 kilos. Para abordar este desvío, Podemos propone metas específicas que se extienden hasta el año 2030. Además, la formación ha subrayado que la soja es una materia prima crítica para la ganadería intensiva en España. La importación de esta soja, que mayoritariamente proviene de regiones brasileñas de la Amazonia y el Cerrado, genera un alto riesgo de deforestación. Podemos insta al Gobierno a promover un acuerdo estatal en la lucha contra la deforestación importada Podemos también ha señalado la falta de «políticas robustas y planes de acción sólidos» en los siete principales supermercados de España: Carrefour, Mercadona, Alcampo, Lidl Supermercados, El Corte Inglés, Dia y Aldi. Según la formación, estas cadenas no están tomando medidas suficientes para abordar la deforestación ligada a sus cadenas de aprovisionamiento de soja, ya sea directa o indirectamente a través de la carne que comercializan. Como solución, Podemos insta a las cadenas de supermercados y a la industria cárnica a adoptar diferentes medidas. Entre ellas, promover productos de proteína vegetal y cesar el abastecimiento de soja por actores que contribuyan a la deforestación, estableciendo además una fecha límite de deforestación para 2020.
El Gobierno de coalición ha manifestado su oposición en el Congreso en relación a la propuesta de Podemos que buscaba que el Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adquiriera hasta un 51% del accionariado de Repsol. Esta iniciativa proponía inicialmente una adquisición del 25% de las acciones, lo cual convertiría al Estado en el principal accionista, con la opción de ampliar la participación al 51% antes del 29 de octubre de 2026. La principal objeción del Ejecutivo radica en el coste económico que supondría la operación, estimado en 8.960,7 millones de euros. Según los datos aportados, la capitalización bursátil de Repsol a 21 de noviembre de 2025 era de 17.570 millones de euros, lo que implicaría un desembolso de 4.392,5 millones para el 25% inicial, y otros 4.568,2 millones para el 26% restante. El escrito de disconformidad del Gobierno, recogido por Europa Press, argumenta que esta inversión afectaría la aplicación presupuestaria correspondiente a la aportación patrimonial a la SEPI. Dado que la proposición implicaría un gasto significativo en las arcas públicas, el Ejecutivo ha decidido no respaldar esta ley, amparándose en el artículo 134.6 de la Constitución, que le concede la facultad de vetar propuestas que aumenten los costes públicos. Por su parte, Podemos justificaba su proposición como una vía para recuperar el control sobre el sector energético y planteaba financiar esta adquisición con fondos destinados por el Gobierno a incrementar el gasto en defensa. Sin embargo, las implicaciones financieras y la caída de los ingresos han motivado la decisión del Gobierno de bloquear esta tramitación parlamentaria. El Gobierno tiene la potestad recogida en la Constitución para expresar su disconformidad, y por ende vetar, propuestas legislativas que supongan una caída de los ingresos públicos o un aumento de los costes La contundente respuesta del Ejecutivo…
El reciente anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre ayudas fiscales para propietarios de vivienda ha generado fuertes críticas desde el seno de Podemos. La secretaria general del partido morado, Ione Belarra, ha expresado su descontento a través de la red social X, donde afirmó que esta decisión debería fomentar una significativa movilización social. Reacciones al nuevo decreto ley de ayudas fiscales La medida, que será plasmada en un decreto ley y acompañada de regulaciones para los alquileres por habitaciones, contempla una bonificación fiscal completa en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para aquellos propietarios que decidan no elevar el precio del alquiler al renovar contratos. Esto, según el Gobierno, compensará las potenciales ganancias que tendrían si incrementaran los precios. Esto es para que ardan las calles en movilización social dijo Belarra, reflejando su abierta desaprobación. Según su postura, esta decisión es vista como un regalo fiscal a los caseros, una crítica que ya había esgrimido en anteriores propuestas gubernamentales similares. Tensión en el Gobierno y la problemática de la vivienda Belarra subrayó que la iniciativa del Ejecutivo parece insuficiente ante la «brutal crisis de vivienda», enfatizando que, en su opinión, ya es hora de dejar de ofrecer beneficios fiscales a los propietarios. Este conflicto interno destaca las divergencias en el enfoque de la gestión de la crisis de alquileres, un tema que sigue siendo de máxima importancia para miles de ciudadanos.
El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha criticado este lunes la reciente prórroga del escudo social hasta 2026, que incluye medidas como la prohibición de desahucios para personas en situación vulnerable. A pesar de que el acuerdo se selló con el respaldo de EH Bildu, Fernández ha calificado esta medida de «insuficiente» y ha señalado la urgente necesidad de implementar acciones más «radicales», entre ellas la reducción legal de los precios de los alquileres. El partido morado, en compañía de otras formaciones políticas como ERC y Sumar, había estado exigiendo desde hace semanas la prórroga del escudo social. Finalmente, el gobierno anunció un acuerdo durante el fin de semana, motivo por el cual Fernández agradeció la «presión social» que, en su opinión, obligó al gobierno a tomar esta decisión. Sólo faltaría que el Gobierno dejase en la estacada y dejase desamparadas a 60.000 familias A pesar de esta victoria parcial, en palabras del propio secretario, Podemos mantiene escasa confianza en el Ejecutivo actual. Fernández subraya la necesidad de exigir «mucho más», proponiendo medidas como garantizar alquileres indefinidos, limitar la compra de viviendas salvo para uso residencial, y reducir los costes de alimentos y suministros básicos. En su análisis, el político ha lamentado que, pese a los beneficios récord de las principales empresas del país, muchas personas no logran llegar a fin de mes. Según Fernández, la situación ha llevado a algunos a actos tan extremos como cortar la calefacción por la insuficiencia del presupuesto familiar. «Esto no puede ser», ha remarcado. Para concluir, Fernández ha acusado al Gobierno de contribuir al llamado «embudo social», priorizando el gasto militar y el beneficio de grandes corporaciones sobre el bienestar social. Según el dirigente de Podemos, esta política deja a muchos ciudadanos con la sensación de abandono en un…
El Congreso de los Diputados debatirá esta semana una propuesta de Podemos que busca eliminar los coeficientes reductores aplicados a la edad de jubilación para las personas con cuarenta o más años cotizados. Esta medida ha sido descartada por la ministra socialista Elma Saiz, quien argumenta que las reformas actuales ya contemplan medidas suficientes. El partido de Irene Montero considera que dichos coeficientes representan una «discriminación» para aquellos que tienen largos periodos de cotización pero deben jubilarse antes de la edad ordinaria. Podemos defenderá una moción consecuencia de una interpelación dirigida a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La formación morada propone reformas legislativas para que quienes hayan cotizado durante cuarenta años no sufran penalizaciones en su pensión. Aunque la propuesta no tiene peso legislativo, busca que el tema sea considerado en la agenda gubernamental. Por su parte, Elma Saiz explicó que la reforma del sistema de pensiones ya incluye un complemento económico para aquellos que accedieron a la jubilación anticipada entre enero de 2002 y diciembre de 2021 bajo ciertas condiciones. Para obtener este complemento, es necesario acreditar al menos 45 años y seis meses de cotización o, si la pensión es inferior a 900 euros al 1 de enero de 2022, al menos 40 años cotizados. Según la ministra, hasta ahora se han otorgado 104.000 de estos complementos. Podemos afirma que existe un total de más de 900.000 personas afectadas por estas penalizaciones y considera insuficientes las medidas actuales de la reforma. En consecuencia, ha decidido forzar una votación para que el PSOE aclare su postura respecto a este asunto, ya sea a favor, en contra o mediante abstención. El partido busca eliminar los coeficientes reductores para no penalizar a quienes hayan cotizado durante cuarenta años El debate en el Congreso promete ser una prueba clave…
El partido político Podemos ha decidido llevar una votación al Congreso para exigir que el PSOE se posicione sobre la propuesta de eliminar los coeficientes reductores para la jubilación de aquellas personas que han cotizado durante cuarenta años o más. La medida fue previamente descartada por la ministra socialista Elma Saiz. En la sesión plenaria prevista para la semana del 11 de noviembre, Podemos defenderá una moción basada en una interpelación urgente a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En su propuesta, Podemos aboga por impulsar las reformas legislativas necesarias para que las personas con cuarenta años de cotización no sufran coeficientes reductores en su pensión por jubilarse antes de la edad ordinaria. Según la formación política, dicha penalización representa una «discriminación». Elma Saiz, en su intervención en el Congreso, aseguró que la normativa vigente ya contempla las medidas adecuadas para abordar esta situación. Se refirió al decreto de 2021, que introdujo un complemento económico para quienes se jubilaron anticipadamente entre enero de 2002 y diciembre de 2021 en ciertos casos de largos periodos de cotización y, posiblemente, baja cuantía de pensión. Para ser elegible, los beneficiarios deben demostrar al menos 45 años y medio de cotización, o 40 años si la pensión es inferior a 900 euros a comienzos de 2022. Hasta ahora, se han reconocido 104.000 complementos. Pese a las explicaciones de Saiz, Podemos argumenta que más de 900.000 personas están afectadas por las penalizaciones en las prejubilaciones. Por este motivo, Podemos ha decidido presionar con una votación que obligará al PSOE a aclarar su postura sobre este asunto crucial para muchas personas en España.